Efe – La decisión del Gobierno de alargar el estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo ha suscitado un debate entre partidos políticos, comunidades autónomas y empresarios sobre el tiempo que se debería alargar esta medida de excepción contra el coronavirus. Vox no dará su apoyo a una medida que, en palabras de su portavoz, Jorge Buxadé, es «ilegal, abusiva y desproporcionada» y hace que la democracia «esté seriamente en riesgo». Madrid (España), lunes 26 de octubre de 2020.
El Gobierno rechaza la exigencia del PP de que el estado de alarma dure un máximo de ocho semanas para dar su apoyo a esta medida, que el Ejecutivo de Sánchez quiere extender durante seis meses basándose en criterios científicos, para fijar así el mismo horizonte para la pandemia que marcan otros países europeos.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido que dure un máximo de ocho semanas y la aprobación de un «plan B jurídico» para restringir la movilidad mediante la modificación de la ley orgánica para dar su apoyo al estado de alarma, que considera la «constatación de un fracaso».
La respuesta del Ejecutivo ha llegado de parte de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que ha pedido a ese partido que «abandone sus condiciones», porque «no es el momento de poner palos en las ruedas», y ha precisado que se trata de un plazo de «un plazo de máximos, pero no de mínimos», por lo que se podría levantar antes si mejora la situación epidemiológica.
En línea con el PP se ha mostrado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha considerado «excesivo» el plazo de seis meses y ha dicho que intentará negociar con el Ejecutivo para que sea «mucho menor».
También ERC rechaza un estado de alarma hasta mayo y es partidaria de «rendir cuentas ante los Parlamentos» todo lo que sea necesario, si bien aún no ha decidido el sentido de su voto y ve «margen para negociar», según ha afirmado su portavoz, de ERC, Marta Vilalta.
Vox no dará su apoyo a una medida que, en palabras de su portavoz, Jorge Buxadé, es «ilegal, abusiva y desproporcionada» y hace que la democracia «esté seriamente en riesgo».
Sí lo hará el PNV si «se mantiene» en los términos de que sean las comunidades autónomas las competentes para tomar las decisiones correspondientes «pegadas al terreno», ha dicho el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban.
El portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha anunciado que sus cuatro diputados en el Congreso votarán a favor del estado de alarma, una decisión que este partido ha tomado sin consultarla con los otros cuatro diputados del grupo parlamentario, ligados a JxCat, cuya vicepresidenta y portavoz, de JxCat, Elsa Artadi, ha calificado de «decepcionante» e «insuficiente» la medida.
La decisión del Gobierno también ha provocado reacciones en las diferentes comunidades autónomas.
Así, los presidentes de cuatro autonomías gobernadas por el PP, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia han respaldado un estado de alarma que no pidieron, al tiempo que han criticado el momento en el que se adopta -tarde para Murcia- o su duración excesiva.
Duras han sido las palabras del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha advertido de que el estado de alarma hasta mayo será «demoledor» para la confianza de la economía y la reputación internacional de España.
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), considera que el estado de alarma «debe dar la mayor cobertura posible a medio plazo», pues «no se puede estar cada quince días renovando el instrumento y que haya distintos movimientos políticos que, en un momento determinado, puedan entorpecer la seguridad sanitaria».
Y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, se ha mostrado partidaria del estado de alarma, porque «lo importante es garantizar la salud de los ciudadanos
La medida no ha sido bien acogida en el mundo empresarial: el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido del daño que puede hacer a la economía y ha pedido que se haga con plazos más cortos con control parlamentario, en tanto que el de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha criticado la «improvisación» del Ejecutivo y ha reclamado un plan paralelo de apoyo a las empresas.
