Parlamentario venezolano llevará el caso del preso López a la ONU tras ratificarse su condena

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Imágenes de la fachada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Foto archivo lasvocesdelpueblo.

 Efe – «Caso de @leopoldolopez será llevado a Naciones Unidas y el pueblo de Venezuela ratificará su sentencia de libertad el 1 de septiembre», escribió Florido en su cuenta de la red social Twitter, haciendo también referencia a la denominada «Toma de Caracas», marcha que se hará para exigir el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el opositor Luis Florido, dijo hoy que el caso del político opositor preso Leopoldo López será llevado a la ONU, luego de que el viernes una corte de apelaciones del Tribunal Supremo ratificara su condena de casi 14 años de cárcel. Caracas (Venezuela), sábado 13 de agosto de 2016. Fotografía: Imágenes de la fachada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Foto archivo lasvocesdelpueblo.

El viernes la Corte de Apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano ratificó la sentencia contra Leopoldo López, condenado a 13 años, nueve meses y siete días de prisión por la violencia desatada en una protesta antigubernamental en febrero de 2014. La condena, que fue dictada por un tribunal en septiembre de 2015, había sido apelada por la defensa del fundador del partido Voluntad Popular (VP) hace tres semanas en una audiencia que se extendió por unas de 15 horas.

La defensa tenía casi una semana esperando la repuesta del tribunal que debió darse dentro de los diez días hábiles siguientes a la audiencia de apelación, pero que se retrasó porque la corte que lleva el caso mantuvo sus puertas cerradas por varios días.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó en un comunicado la decisión y la calificó de «insólita» y aseguró que en Venezuela la denegación de justicia no es una «falla del sistema», un «accidente procesal», sino el resultado esperado de un «sistema judicial diseñado no para administrar justicia sino para aplicar venganzas».

Asimismo, en el documento se agrega que «esta decisión de un sistema judicial secuestrado por el oficialismo constituye una nueva provocación al pueblo, una agresión a la paz y un fallido intento gobierno por desmoralizar a los ciudadanos».