Agencias – La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y cuatro años y seis meses para el también expresidente de la entidad Rodrigo Rato por la emisión de las tarjetas opacas de Caja Madrid. En su escrito de acusación, remitido a la Audiencia Nacional, Anticorrupción acusa, además, a los otros 64 usuarios de las tarjetas por un supuesto delito continuado de apropiación indebida, y solicita penas diversas de entre cuatro y un año de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas. Barcelona, 14 de enero 2016. Fotografía: Los bandidos, Rodrigo Rato (i) y Miguel Blesa (d) en una imagen de archivo de la agencia de noticias Efe, muy felices por sus robos en España.
Para el ex director general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj y para el ex consejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella solicita penas de un año y medio de prisión, según el escrito de acusación registrado en la Audiencia Nacional. Reclama dos años entre rejas a una veintena de antiguos miembros del consejo que gastaron más de 50.000 euros, entre ellos el ex secretario de Estado Estanislao Rodríguez-Ponga y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Para algunos antiguos consejeros, a pesar de que cargaron importes superiores a 50.000 euros, se les pide entre cuatro meses y un año teniendo en cuenta el dinero que ya han devuelto.
Con respecto a los expresidentes de la entidad, la Fiscalía pide además de las penas de prisión, una indemnización de 9,3 millones de euros para Miguel Blesa y otra de 2,6 millones a Rodrigo Rato, correspondientes a las cantidades utilizadas por los usuarios de las tarjetas en el periodo en que cada uno de ellos presidió la entidad, según señala la Fiscalía en su escrito.
Esta acusación llega después de que el 23 de diciembre del pasado año el juez instructor del caso Fernando Andreu diese por concluida la fase de investigación y dejase la puerta abierta al juicio oral al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito por parte de los 66 usuarios de las tarjetas. Andreu estimaba así «indicios fundados de criminalidad», ya que éstas «no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales».
La investigación comenzó el 1 de octubre de 2014, cuando a raíz de una denuncia de Bankia, la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia que las utilizaron para gastar 15,25 millones de euros en 13 años.
