Pere Aragonés García se plantea bajar su sueldo un 15 % (asciende a 153.235 euros anuales)

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 26.05.2021. El nuevo presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García, acompañado por todo su ejecutivo durante su comparecencia, tras la primera reunión de su Ejecutivo separatista. Efe 

Efe – El presidente del Gobierno de la generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García, ha anunciado que planteará bajar su sueldo un 15 % para dar un mensaje a los catalanes: «Somos muy conscientes de las dificultades que pasa mucha gente y aquí hay que hacer un esfuerzo por parte de todos», ha defendido.

Ha sido durante una entrevista en TV3, en la que ha destacado que quiere que su gobierno emprenda medidas de este tipo para acercar a los ciudadanos a la administración.

El sueldo de presidente de la Generalitat catalana es el más alto entre los presidentes autonómicos y, según datos del año pasado, asciende a 153.235 euros anuales.

Aragonès también ha explicado que este miércoles ha pedido a sus consejeros que «trabajen en equipo» y sin partidismos para evitar que el nuevo Gobierno de la generalidad de Cataluña caiga en pugnas internas como las que marcaron el anterior ejecutivo de ERC y Junts.

«En la primera reunión que hemos hecho, uno de los conceptos que más he expuesto ante mis compañeros ha sido el de trabajar en equipo. Nosotros no somos un Gobierno de la generalidad de Cataluña de dos partidos, somos el Gobierno de la generalidad de Cataluña del país», ha dicho.

El nuevo presidente catalán ha defendido que el nuevo ejecutivo solo podrá resolver los problemas que afectan a los catalanes si trabaja «conjuntamente», con una mirada transversal que implique a los distintos departamentos.

Un ejemplo de ello, ha destacado, es el caso de los desahucios: «No lo resolveremos solamente desde una perspectiva de Interior, o de Vivienda o de Justicia; hace falta que se trabaje en equipo».

Aragonès ha asegurado que quiere gobernar «a partir de grandes consensos» y se ha abierto a negociar leyes con grupos parlamentarios ajenos a los acuerdos de investidura.