Redacción.- Barcelona (España), domingo, 11 de diciembre de 2022. El portavoz del Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles (GUCIPOL) y exmiembro del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), el sargento José Morata Gargallo, ha exigido hoy al presidente de Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Pérez Castejón, la «rehabilitación» de 4 guardias civiles de los 40 encausados por «delito de sedición», todos absueltos, pero «expulsados de la Guardia Civil» hasta la fecha.
Morata, en declaraciones a Lasvocesdelpueblo este domingo, ha hecho estas afirmaciones ante las reformas del Código Penal, principalmente el delito de sedición y malversación, por parte de los partidos de la coalición gubernamental (PSOE y Unidas Podemos), a propuesta de sus socios parlamentarios.
«A nosotros, unos 40 guardias civiles, nos acusaron de delito de sedición militar en aquella época, a finales de 1989 y principios de 1990». «Estuvimos tres años encausados y suspendidos de funciones», ha asegurado.
El portavoz de GUCIPOL añade que, finamente, el caso quedó en nada porque «los Tribunales militares» no encontraron nada. «Vaya, es que nunca habíamos cometido un delito (antes)».
Concreta que «todas las diligencias eran individuales con un detenido y, sin embargo, el Tribunal Principal (necesitaba al menos) 4 delitos o más». «Y, entonces, cerraron los casos».
El Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles denuncia que, pese al archivo dle caso, «la Dirección General de la Guardia Civil abrió expedientes disciplinarios contra los encausados en las que solicitaba la expulsión de todos los compañeros» del Cuerpo.
«A final», de los 40 encausados, «solo consiguieron expulsar a 4 compañeros de la Guardia Civil: el sargento José Morata Gargallo -que soy yo-, el Cabo primero Manuel Rosa Recuerda, el agente José Piñeiro González» y el ya «fallecido Manuel Linde Falero».
Según recoge la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) en un comunicado de solidaridad con los expulsados con fecha 23 de Abril de 2018, todos fueron expulsados por una supuesta «falta muy grave» tipificada en el vigente Régimen Disciplinario de la Guardia Civil como realizar actos contrarios a la dignidad exigible a todo miembro de la Guardia Civil, por el hecho de haber integrado una «organización sindical clandestina» o «promover un sindicato prohibido para los guardias civiles».
La IGC explica que ante la imposibilidad de registro de una asociación, por entonces con caracteres de organización corporativa, otros guardias civiles junto con Manuel Rosa Recuerda intentaron registrar una asociación deportiva y cultural de la Guardia Civil, rechazada por el registro del Ministerio de Interior, ante la presunción de que lo que se pretendía era darle carta de legalidad al sindicato clandestino de la Guardia Civil y por tanto entendiendo que el registro se hacía en fraude de ley.
Asimismo, los guardias civiles que junto con el anterior promovieron el registro de la asociación deportiva y cultural de la Guardia Civil fueron José Piñeiro González y Joaquín Parra Cerezo, hoy Sargento en activo de la Guardia Civil.
Ante la imposibilidad de registrar una asociación por parte de los guardias civiles, que le diera carta de legalidad y a partir de ese momento exponer abiertamente sus deseos y anhelos de consecución de derechos constitucionales y profesionales, dando a conocer su situación de trabajo, de hasta ochenta horas semanales bajo unas condiciones de trato no ajustadas a la Carta Magna, no tuvieron más remedio que seguir poniendo en conocimiento de la opinión pública su situación a través de la denominación, ya arraigada en los medios de comunicación y sociedad, de clandestino Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).
LA BATALLA POR LOS DERECHOS
Morata ha explicado la batalla que los expulsado han dado los últimos 30 años desde el archivo del caso. «el año 2009, el partido político Unión Democrático y Progreso (UPyD) presentó una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados, pidiendo la rehabilitación» de los 4 expulsados.
La propuesta del partido liderado entonces por Rosa María Díez González fue aprobada por «unanimidad», ha dicho.
Además, Ciudadanos (Cs) de Inés Arrimadas García presentó recientemente, «creo en 2018», una propuesta para reclamar la rehabilitación de los encausados, que salió adelante sin los votos a favor del PP (abstención).
Las iniciativas parlamentarias, aprobadas, no son de obligado cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, hasta la fecha, José Morata Gargallo, Manuel Rosa Recuerda, José Piñeiro González y el ya fallecido Manuel Linde Falero siguen siendo expulsados de la Guardia Civil hasta la fecha.
EL COMUNICADO DE GUCIPOL
El Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles ha difundido este domingo un comunicado, que reproducimos íntegramente, a continuación.
«Comunicado del Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles (GUCIPOL) ante la vorágine legislativa en materia de indultos, sedición, malversación, entre otras, y su controversia, este colectivo manifiesta, una vez más, proposición de enmienda para la readmisión y resarcimiento de los guardias civiles expulsados por su pertenencia al Sindicato Unificado Guardia Civil (SUGC).
Precursores de las ideas democráticas, su delito fue el de concienciar a la Guardia Civil y a la sociedad de la necesidad de las mismas.
Al igual que sus homólogos de la Unión Militar Democrática (UMD) en su tiempo y resuelto para los militares demócratas, sigue sin resolver para los demócratas de verde.
Manuel Jiménez de Parga, en su día, presidente del Tribunal Constitucional manifestó a la prensa: «La Democracia en España tiene una deuda con la UMD». Esa deuda sigue pendiente con los guardias civiles demócratas expulsados.
Desigualdad que creemos no es una cuestión de clase.
Perseguidos y represaliados por ser del SUGC, por demandar derechos constitucionales, exigimos al Gobierno iniciativas para su reconocimiento.
El Parlamento y los ministros del Interior y de Defensa tienen la palabra».
