Piden 10 años de inhabilitación al secesionista Artur Mas y 9 para sus consejeras por golpistas el 9N 2014

Azanméné Ngabgué

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Por los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional de la patria duran el día 9 de noviembre de 2014 e la comunidad autónoma española de Cataluña.
La Fiscalía General del Estado solicita nueve años de inhabilitación para las ex-consejeras del entonces gobierno separatista de Artur Más Gavarró: Irene Rigau y la vicepresidenta antiespañol Joana Ortega. La vicepresidenta del gobierno en funciones del Reino de España, Soria Sáenz de Santamaría Antónimos, ha expresado su respeto: “La ley se aplica para todos”, ha dicho Soraya. En cuanto al actual presidente separatista catalanista, Carles Puigdemont: “Somos más los que preferimos las urnas a las polillas”. Madrid (España), lunes 3 de septiembre de 2016. Fotografía: imágenes de archivo del expresidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas (i), y las consejeras Joana Ortega (c) e Irene Rigau (d). Archivo Efe.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas y otros nueve para cada una de las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, por mantener el referéndum ilegal secesionista catalanista del 9N 2014, pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

En su escrito de calificación, presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled acusan a los tres encausados de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación, en el caso de Mas como autor, y en el de las ex-consejeras de Gobernación y Enseñanza como cooperadoras necesarias.

En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso.

Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejadas penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente planteaba la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.

En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que los encausados articularon “una estrategia de desafío completo y efectivo” a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo “plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento” de las órdenes del Constitucional.

En opinión del ministerio público, Mas, “amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad”, se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para “disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9N” que ya estaban en marcha.

La Fiscalía sostiene que Mas no solo no suspendió “oficialmente” la convocatoria del 9N tras la decisión del TC, sino que decidió, junto a las exconselleras, “generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así”.

De esa forma, según el ministerio público, “lejos de ser interrumpida”, la utilización de instrumentos y procedimientos públicos para el 9N “continuó, si bien se mantuvo convenientemente en segundo plano, de forma que, de cara al exterior, la apariencia fuera efectivamente la de un proceso exclusivamente gestionado por ciudadanos voluntarios”.

A ello contribuyó, según la Fiscalía, el hecho de que los principales trabajos organizativos y logísticos del 9N “fueran principalmente encomendados a contratistas privados, y ello en un clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas”.

De hecho, los fiscales apuntan que, ya al convocar la consulta, los acusados recurrieron a “actos jurídicos no formalizados, incluso meramente materiales”, con lo que en su opinión “eran conscientes desde un principio de la posible impugnación de la misma por parte del Gobierno de la Nación y de la consecuente interdicción jurisdiccional, y actuaron dispuestos en todo momento a eludir el control jurisdiccional”.

Concretamente, la Fiscalía acusa a Artur Mas de haber “desatendido el mandato” del TC e incumplir su obligación de dejar si efecto la convocatoria y a Ortega de seguir ejerciendo el “control público y la coordinación” de las actuaciones de preparación de la jornada de votación, tras la suspensión.

En el caso de Rigau, el ministerio público cree que actuó “de forma coordinada con los anteriores”, garantizando que los directores de instituto, “con mayor o menor convencimiento individual”, siguieran prestando el apoyo necesario para que los centros educativos acogieran las urnas.

La Fiscalía mantiene que, pese a que la resolución del TC llegó a la Generalitat por correo ordinario el 6 de noviembre -tres días antes de la consulta-, Artur Mas la conoció por un correo electrónico que el presidente del Tribunal Constitucional le remitió personalmente el día 4, el día en que se suspendió.

Ese mismo día, razonan los fiscales, el propio gobierno antiespañol ordenó presentar recurso de súplica contra la providencia del TC, cuya sola lectura no dejaba “margen de duda en cuanto al contenido de la suspensión acordada: toda actuación pública, estuviera o no formalizada jurídicamente, que contribuyera a impulsar la convocatoria señalada para el día 9 de noviembre siguiente”.

Reacciones de los políticos: El Gobieno de España, Sáenz de Santamaría: “La ley se aplica para todos”

Tras conocerse la resolución de la Fiscalía, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado su respeto a la decisiión de la Fiscalía sobre el 9N y su convocatoria, ambas recurridas por el Gobierno central ante el TC, y ha subrayado que “la ley se aplica para todos y, cuando uno la incumple, en un Estado de derecho eso tiene consecuencias”.

Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas en un acto en Madrid junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha subrayado que la Fiscalía actúa de forma autónoma a la hora de hacer sus peticiones de pena y que el Gobierno respeta las decisiones de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley y por el Estado de derecho.

“De mismo modo que cualquier ciudadano que incumple la ley sabe que eso le puede acarrear determinadas consecuencias, Mas es un ciudadano más que se está juzgando si se salta la ley y qué pena le corresponde por eso”, ha señalado.

Puigdemont responde a la Fiscalía: “Preferimos las urnas a las polillas”

Mientras, el presidente secesionista de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ha reaccionado con indignación a las peticiones de inhabilitación planteadas por la Fiscalía por la organización de la consulta separatista del 9N de 2014: “Somos más los que preferimos las urnas a las polillas”.

Desde Twitter, Puigdemont ha salido al paso de las peticiones de la Fiscalía: “Su vergüenza es nuestra fortaleza”. “No estáis solos: somos más los que preferimos las urnas a las polillas. Las que han apolillado la democracia”, ha escrito Puigdemont.

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