Efe – La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y diez años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación. Sevilla (España), jueves 15 de septiembre de 2016. Fotografía de archivo de los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán (i), para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y su antecesor, Manuel Chaves, para quien se piden 10 años de inhabilitación por prevaricación. Efe.
En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide ocho años de prisión para tres exconsejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
Tras conocerse el escrito de la Fiscalía, el PP ha instado al PSOE a pedir perdón a los españoles mientras que el PSOE, partido del que se dieron de bajas los expresidentes, ha expresado su «sorpresa» por la fecha elegida para presentar la acusación, porque el plazo concluye el 15 de octubre.
La acusación de la Fiscalía en el caso de los ERE, que empezó a instruir en el 2011 la juez Mercedes Alaya, afecta a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación, y a 18 de ellos además les imputa malversación continuada.
La Fiscalía pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, del que acusa a Chaves -presidente entre los años 1990 y 2009-, a Griñán, y a los exconsejeros Viera, Fernández, Vallejo, Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
Los autores de la malversación responderán solidariamente de la devolución de la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden a 741.616.545 euros, según la Fiscalía.
De estos créditos, la Fiscalía considera que Griñán, que fue presidente andaluz entre el 2009 y el 2013, debe responder por los concedidos entre el 2005 y el 2010, que suman casi 484 millones de euros.
Entre los acusados por Anticorrupción hay, además, dos exviceconsejeros, tres directores generales -entre ellos Francisco Javier Guerrero-, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.
Según la Fiscalía, debido a la ausencia de fiscalización de los fondos y la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron «en manos de la Consejería de Empleo, año tras año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno».
Tras conocerse la petición de la Fiscalía, las otras acusaciones -Junta de Andalucía, PP y Manos Limpias- tienen hasta el 15 de octubre para presentar sus escritos de acusación en esta pieza de los ERE, un plazo que el juez fijó el pasado 12 de septiembre, tres días antes de concluir del primer plazo que dio, que no se pudo cumplir por problemas en las notificaciones.
Cuando concluyan las presentación de las acusaciones y de la defensa, la sala de la Audiencia de Sevilla que enjuiciará esta pieza de los ERE se decidirá por un sorteo entre las secciones penales del órgano judicial sevillano.
Una vez hecha pública la acusación de Anticorrupción, el PP andaluz ha reclamado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), que «no se quede muda» porque ha recordado la «defensa a ultranza» que hizo de ambos, a los que considera sus «padrinos políticos».
El PSOE-A confía «en la inocencia de Chaves y Griñán», a los que define como «personas honestas que no se han enriquecido personalmente en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, como ha quedado demostrado tras una larga y compleja instrucción judicial», y que en su día «actuaron con generosidad asumiendo su responsabilidad política».
El diputado autonómico de Podemos Andalucía Juan Ignacio Moreno Yagüe ha calificado como «demoledor» la solicitud de Anticorrupción, y ha resaltado las indemnizaciones que se piden, porque es un dinero «que ya se da por perdido y que alguien va a tener que pagar».
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, por su parte, considera que la petición de Fiscalía «es una noticia grave e impactante y el tiempo le está dando la razón a Ciudadanos» en su exigencia de que dimitieran de sus escaños y dejaran de ser aforados.
