Podemos mantiene su confianza en sus cargos expedientados por beneficio personal en convenios de Gobierno balear

Azanméné Ngabgué

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La responsable del área de legal de Podemos de Baleares, Aina Díaz, ha afirmado hoy que la presidenta del Parlamento autonómico balear, Xelo Huertas, continuará en el cargo mientras se resuelve el expediente disciplinario abierto sobre ella y dos compañeros más del partido de las islas, Montse Seijas y Daniel Bachiller. Palma (España), lunes 7 de noviembre de 2016. Fotografía: La presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, realiza declaraciones a los periodistas tras el anuncio del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, de su suspensión cautelar de militancia ante el indicio de que ha usado su cargo público para “avanzar en intereses personales”. Efe.

En caso de que el expediente concluya sancionarla, Huertas será expulsada de Podemos y, como consecuencia de ello, dejará de ser presidenta del Parlamento y la segunda autoridad política de Baleares, ha explicado Díaz.

“No se ponen ni se quitan presidentes de un Parlamento por la apertura de un expediente de un partido”, sólo si éste fuera negativo y dejara de pertenecer a Podemos, ha querido dejar claro Díaz.

Durante el actual periodo de suspensión cautelar, ni Huertas ni las otras dos personas expedientadas podrán hablar en nombre de Podemos, ni lo representan, ni participarán en ninguno de sus órganos, salvo ante la Comisión de Garantías de Baleares, ha advertido el presidente de la Comisión de Garantías Estatal de Podemos, Pablo Fernández, quien se ha desplazado hoy a Palma para abordar este asunto.

La situación actual, ha señalado Fernández, es que Podemos está estudiando una denuncia sobre un presunto beneficio personal de Huertas y sus dos compañeros en relación a un convenio entre el Gobierno autonómico balear y un laboratorio de investigación.

“Solo se decide que se investigue, nada más”, con la “máxima publicidad y garantías”, ha dicho Fernández, que ha explicado que la decisión de Podemos ha sido comunicada personalmente hoy a la presidenta de Baleares y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armegol.

Fernández ha añadido que “la política de Podemos está al servicio de la ciudadanía y del interés general” y que los investigados tienen 15 días para responder a las acusaciones.

El expediente se ha abierto con el fin de esclarecer las posibles responsabilidades del incumplimiento del código ético y los estatutos del partido, ha informado la formación morada.

En este expediente se relata que el Gobierno balear decidió, con ocasión de la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2017, no renovar el convenio con el CSIC, al que Bachiller pertenece a través de la Fundación de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (FSIB).

Bachiller, se relata en este expediente, advirtió en un chat del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos de Baleares que no renovarlo suponía que el Gobierno balear balear “lo expulsaba de Baleares”.

Al hilo de ello, Huertas y Seijas anunciaron en ese mismo chat que votarían en contra de los presupuestos autonómicos del Gobierno autonómico balear próximo año hasta que no se solucionara este problema.

Durante su intervención Díaz ha dicho que en Podemos “el listón está muy alto” y que el objetivo es la defensa del interés general.

También ha insistido en que los miembros expedientados serán expulsados del partido solo en el caso de que el expediente sea negativo porque el partido morado tiene un “sistema garantista”.

A preguntas de los periodistas, Díaz y Fernández han respondido que la dirección del partido de Baleares ha llamado a Huertas en varias ocasiones para anunciarle el expediente sancionador, antes de que se hiciera público, pero que no ha respondido a la llamada.

“Cuando encontramos asuntos que pueden estar fuera del Código Ético de Podemos lo que hacemos es investigarlas, e investigarlas con la máxima publicidad y las máximas garantías” para los afectados, ha manifestado Fernández.

La Comisión de Garantías Democráticas de Baleares deberá dictar una resolución sobre este caso y, si es recurrida, será la Comisión de Garantías Democráticas estatal la que se pronunciará con carácter firme.

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