Poderes en Venezuela instan a Maduro a cumplir la Constitución durante las protestas de oposición

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La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz (i), participa hoy, martes 25 de abril de 2017, en Caracas (Venezuela), durante un balance ofrecido por los hechos registrados en Venezuela. Efe.

Efe – En la presentación de este informe, la fiscal también informó que un total de 26 personas han muerto, incluyendo a cuatro adolescentes. Ortega también dijo que en estos escenarios se han registrado 437 personas heridas y 1.289 detenidos, de los que 65 permanecen privados de libertad y otros 217 serán presentados hoy ante los tribunales. Caracas (Venezuela), martes 25 de abril de 2017. Fotografía: La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz (i), participa hoy, martes 25 de abril de 2017, en Caracas (Venezuela), durante un balance ofrecido por los hechos registrados en Venezuela. Efe.

La crisis política en Venezuela se hizo hoy manifiesta con el pronunciamiento de los jefes de las diferentes instituciones del Estado que hicieron exhortos para que cada uno de los poderes haga cumplir lo que dicta la Constitución, en medio de una ola de protestas antigubernamentales que ha dejado 26 muertos.

La jornada empezó con el exhorto de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a que los cuerpos de seguridad del Estado y el Poder Judicial revisen la forma en que se llevan a cabo las detenciones, especialmente durante las protestas de los últimos días, para garantizar el debido proceso.

La fiscal remarcó que el debido proceso «es uno de los pocos derechos que no se puede suspender» y por el contrario «se debe garantizar», «incluso en los estados de excepción», como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen del presidente, Nicolás Maduro.

Aseguró que la Fiscalía ha solicitado la libertad plena y medidas cautelares a favor de varios detenidos «por no formar parte de acciones delictivas de algunos hechos», según se refleja en actas policiales.

En la presentación de este informe, la fiscal también informó que un total de 26 personas han muerto, incluyendo a cuatro adolescentes, por distintas causas y en el marco de la ola de manifestaciones oficialistas y opositoras, algunas de ellas degeneradas en actos de vandalismo.

Ortega también dijo que en estos escenarios se han registrado 437 personas heridas y 1.289 detenidos, de los que 65 permanecen privados de libertad y otros 217 serán presentados hoy ante los tribunales.

Horas después de las declaraciones de la funcionaria, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno señaló en un comunicado que «la protesta es un derecho relativo» que «se anula a sí mismo cuando desencadena en violencia».

Moreno dijo, además, que los órganos del sistema de justicia «no pueden ser inertes» ante tales eventos, al tiempo que llamó al diálogo.

Indicó que en las últimas manifestaciones se ha visto «una escalada de violencia contraria al carácter pacífico de la protesta, así como el uso indebido de armas de fuego y otras armas letales que, lamentablemente, han acabado con la vida de venezolanos».

Y desde el Parlamento, de mayoría opositora, se aprobó dar un plazo de tres días al defensor del Pueblo y presidente del Poder Moral, Tarek William Saab, para que califique de «falta grave» la actuación de siete magistrados del Supremo acusados por la oposición de haber dado un «golpe de Estado».

El documento aprobado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en ausencia de los diputados chavistas, indica que, de vencerse este plazo, «se iniciará una investigación sobre la posible participación de Saab en el golpe de Estado perpetrado entre el 28 de marzo y el 1 de abril de 2017» a través de varias sentencias del Supremo.

Entre estas fechas el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó dos sentencias, que luego revocó parcialmente, en las que limitaba la inmunidad parlamentaria y además asumía las competencias de la Cámara, lo que dio inicio a la ola de protestas.

La Asamblea aprobó el pasado 5 de abril iniciar un proceso para la destitución de los siete magistrados de la máxima corte, pero para ello, de acuerdo con la Constitución venezolana, se necesita que el llamado Poder Moral o Ciudadano califique como «falta grave» la actuación de los jueces.

Además, la mayoría opositora de la AN designó hoy a una comisión para investigar los hechos violentos que han ocurrido recientemente en el país y que, asegura, han sido promovidos por «paramilitares», así como para determinar la presunta responsabilidad del ministro de Interior, Néstor Reverol.

Mientras tanto, la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a una nueva movilización para este miércoles en Caracas, que tendrá como destino la Defensoría del Pueblo para instarle a que se manifieste sobre la actuación de los jueces.

Saab señaló hoy que la Defensoría del Pueblo ha recibido cinco cartas «iguales» de la MUD con esta solicitud y que ya el 6 de abril les dio respuesta.

Indicó que ninguno de los integrantes del Consejo Moral Republicano -integrado por él mismo, la fiscal y el contralor general, Manuel Galindo- apoyó calificar de falta grave la acción de los magistrados.

La fiscal consideró, sin embargo, dos días después de haberse emitido las polémicas sentencias que las mismas constituían una ruptura del hilo constitucional en el país.

Hoy se conoció la muerte de dos nuevas personas en el país.

Uno de ellos fue un hombre de 52 años que resultó herido de bala en la cabeza cuando participaba en una manifestación chavista en el estado occidental de Mérida.

Según el defensor del Pueblo, la víctima «participaba en una concentración pro gubernamental cuando desconocidos dispararon a la multitud desde un edificio».

Además un joven, de 23 años, murió tras recibir un disparo de bala en la cabeza durante una protesta de madrugada en la ciudad de El Tocuyo, del también occidental estado Lara, según la Fiscalía, que determinó que fue alcanzado «con un arma de fuego tipo escopeta».