Efe.- Madrid (España), jueves 15 de diciembre de 2022. El PP ha negado que el hecho de que el Tribunal Constitucional vaya a decidir si el Parlamento tramita dos enmiendas para modificar el Poder Judicial a través de la reforma del Código Penal no socava la soberanía nacional, como denuncian varios grupos, porque actúa de «árbitro» cuando la oposición pide defender sus derechos.
VÍDEO. 15.12.2022.
«Todo lo contrario», ha subrayado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, preguntada en los pasillos del Congreso sobre el supuesto atropello democrático al decidir el Constitucional si frena la admisión a trámite de estas dos enmiendas, como piden los populares de forma cautelarísima e «independientemente del momento en el que se encuentre la iniciativa legislativa». [the_ad id=»201562″]
Según el PP, la decisión ante su recuso de amparo la tomará el Constitucional como «árbitro» y habrá que respetarla «por parte de todos». El PP argumenta que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no se pueden modificar con enmiendas a través del Código Penal.
«En esta Cámara hay que respetar los derechos fundamentales, los derechos políticos que tenemos todos y cada uno de los diputados y no hay mayoría que te los pueda quitar y hemos pedido al Tribunal Constitucional que nos ampare», ha argumentado Gamarra.
El PP considera que se han vulnerado los derechos de sus parlamentarios porque la Mesa de la Comisión de Justicia no ha abordado su petición de sacar de la reforma del Código Penal las dos enmiendas que pretenden modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
La número dos del PP ha denunciado que el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, se negó a responder a las peticiones del PP con el argumento de que «no le daba la gana hacerlo». Cuando el PP pidió amparo a la Mesa del Congreso también este órgano desoyó sus quejas, lo que les motivó a acudir al Tribunal Constitucional, agregan fuentes populares.
El PP denuncia además que la tramitación siguió adelante aún cuando los letrados advirtieron verbalmente durante la ponencia de la antijuridicidad del procedimiento, que Gamarra equipara a su «anticonstitucionalidad», máxime cuando a su juicio estos cambios legales buscan «intervenir» el TC.
Piden además respetar los tiempos en los que el Constitucional se ha reunido para decidir sobre sus cautelarísimas, tras las quejas de otros grupos por su celeridad y porque está pendiente de su renovación.