Lasvocesdelpueblo y Agencias – El escrito dedica varias páginas a atacar y criticar duramente la actitud del magistrado Manuel Marchena, presidente de la sala del Supremo que juzga a los líderes independentistas, quien, según la defensa, vulneró el «principio de igualdad de armas» al «asumir un rol acusatorio». Según el escrito, el Gobierno secesionista que atacó la democracia española y caminó por encima del Estatuto de Autonomía de Cataluña los días 1 de octubre, 10 de octubre y 27 de octubre de 2017, no hizo absolutamente nada de los que se le acuse en el Juicio del Procés porque —así alegan los presos golpistas separatistas— tanto ellos, los exconsejeros presos, como los huidos de la Justicia estuvieron en todo momento negociando con el Gobierno del expresidente del PP y de Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, para un referéndum de independencia de Cataluña legal; pero, este, se negó a santearse a negociar. El Gobierno cesado por el Artículo 155 de la Constitución, han dicho, apostó en todo momento por una «solución dialogada al conflicto político» catalán, incluso en la resolución de independencia que el Parlament aprobó el 27-O, un texto que, recalca la defensa, «nunca fue publicado en el DOGC» por no tener carácter legislativo. Madrid (España), sábado 1 de junio de 2019.
La defensa de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y del expresidente de la ANC Jordi Sànchez pide su absolución, al entender que su actuación estuvo amparada por derechos fundamentales, y reprocha al presidente de la sala, Manuel Marchena, que haya asumido un «rol acusatorio» en el juicio.
Así lo sostiene el abogado Jordi Pina en el escrito de conclusiones definitivas que ha presentado al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Efe, en el que pide la absolución para los tres encausados, argumentando que actuaron en el «legítimo ejercicio» de derechos fundamentales como los de libertad ideológica y de expresión, reunión o asociación.
El escrito dedica varias páginas a atacar y criticar duramente la actitud del magistrado Manuel Marchena, presidente de la sala del Supremo que juzga a los líderes independentistas, quien, según la defensa, vulneró el «principio de igualdad de armas» al «asumir un rol acusatorio».
Concretamente, la defensa afea a Marchena que permitiera preguntar a las acusaciones por la filiación política de los procesados, mientras impidió que las defensas se lo plantearan a los testigos, como en el caso de Montserrat del Toro, secretaria del juzgado que ordenó los registros del 20S cuyo testimonio fue clave para imputar rebelión a la cúpula del «procés».
Esa doble vara de medir, según Pina, se repitió en los interrogatorios de los policías y guardias civiles que impidieron el 1-O, a los que se permitió «con total libertad» exponer sus «valoraciones personales» sobre la hostilidad de los votantes, mientras los testigos de las defensas «eran inmediatamente cortados por la presidencia a la mínima que realizaban cualquier apreciación valorativa».
Otro de los reproches de la defensa es que Marchena «suplió» la función de la Fiscalía al formular a los testigos preguntas que no habían planteado las acusaciones, como en el caso del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, interrogado sobre la reunión en que advirtió a Carles Puigdemont del riesgo de violencia el 1-O.
Para la defensa, en el juicio se ha constatado también la «diferencia de trato» en los casos de «desmemoria o renuencia de algunos de los testigos», en función de si las preguntas las formulaban las acusaciones o las defensas.
Además, añade el escrito, Marchena «ha cortado con mucha mayor frecuencia» los interrogatorios de las defensas y ha adoptado «una actitud mucho más proactiva» al censurar sus preguntas, lo que «actúa de cortapisa» de los letrados, por el temor a que su profesionalidad sea cuestionada en público, en un juicio «visto por miles de personas».
Como ha insistido a lo largo de la instrucción de la causa, la defensa de Turull, Rull y Sànchez niega que hubiera violencia en el «procés» y, añade, prueba de ello son los continuos llamamientos al «pacifismo y el civismo» por parte de los líderes independentistas y la activación de un censo universal el 1-O para evitar incidentes si la Policía trataba de impedir la votación en algunos centros.
Según el escrito, el Gobierno secesionista que atacó la democracia española y caminó por encima del Estatuto de Autonomía de Cataluña los días 1 de octubre, 10 de octubre y 27 de octubre de 2017, no hizo absolutamente nada de los que se le acuse en el Juicio del Procés porque —así alegan los presos golpistas separatistas— tanto ellos, los exconsejeros presos, como los huidos de la Justicia estuvieron en todo momento negociando con el Gobierno del expresidente del PP y de Gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, para un referéndum de independencia de Cataluña legal; pero, este, se negó a santearse a negociar. El Gobierno cesado por el Artículo 155 de la Constitución, han dicho, apostó en todo momento por una «solución dialogada al conflicto político» catalán, incluso en la resolución de independencia que el Parlament aprobó el 27-O, un texto que, recalca la defensa, «nunca fue publicado en el DOGC» por no tener carácter legislativo.
En sus conclusiones definitivas, Pina arremete contra los escritos de las acusaciones, que a su parecer constituyen un «ataque directo y un atropello a los derechos fundamentales», así como a la inmunidad parlamentaria, que en su opinión amparaba a los líderes independentistas en las votaciones del «procés».
También niega Pina que el Govern incurriera en un delito de malversación al emplear dinero público para organizar el 1-O y subraya que las facturas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por la emisión del anunció del referéndum «no solo no han sido ni serán abonadas», sino que no procede su pago por enmarcarse «en los compromisos y obligaciones del servicio público».
