Programa de Desregulación ¡Al Grano! Una Vida Más Fácil de VOX

Madrid (España), sábado 27 de junio de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El Auditorio Mutua Madrileña de Madrid acogió este sábado la Asamblea General Ordinaria de VOX 2026, en el que han participado únicamente los afiliados a corriente de su cuota de militante; y la presentación del llamado «Programa de Desregulación ¡Al Grano! Una Vida Más Fácil de VOX» en un acto abierto a todo el público (simpatizantes, afiliados y votantes), en el que han participado destacados dirigentes de VOX como: el presidente de VOX, Santiago Abascal Conde; el secretario general de VOX, Ignacio Garriga Vaz de Conceiçao; el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo Álvarez-Sala (José María Figaredo); el vicepresidente del Gobierno autonómico de Aragón, Alejandro Nolasco Asensio; el vicepresidente del Gobierno d ela Junta de Castilla y León, Carlos Pollán Fernández; y el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

Texto de 80 folios del Programa de Desregulación ¡Al Grano! Una Vida Más Fácil de VOX:

El presente programa se divide en dos bloques principales: en primer lugar, un diagnóstico de la situación que padecen algunos de los principales sectores hiperregulados de nuestra economía y un análisis de cómo la hiperregulación es responsable, en gran medida, del decrecimiento, desmantelamiento o decadencia de dichos sectores; y, en segundo lugar, nuestras propuestas en materia de desregulación para poner fin a esta situación.

Este programa no agota todas las medidas de VOX en materia de desregulación, las medidas incluidas son tan solo las más directas para abordar los problemas expuestos. Algunas de las propuestas ya se encuentran en programas electorales y temáticos anteriores, así como en iniciativas parlamentarias en todos los niveles competenciales, y en esta ocasión se renuevan y complementan. En síntesis, el elenco de medidas elegido representa el ánimo decidido de VOX de poner fin a una querencia hiperreguladora que está boicoteando la prosperidad de las familias, empresas y trabajadores españoles.

Las leyes, nacidas para encarnar el orden y posibilitar la convivencia, estranguladas en la hipertrofia normativa contemporánea, han degenerado en un caos normativo que penaliza la iniciativa, lastra el crecimiento y condena el porvenir, fuente de desorden y parálisis social. Es la dosis la que hace el veneno y muchos de los males que aquejan a nuestra nación son directamente imputables al volumen desmedido de normas que amputan nuestra capacidad de crecer y proveer un mejor futuro para nuestros hijos y nietos.

Si las instituciones no son capaces de regular la creatividad sin asfixiarla; ni de proteger la iniciativa en vez de suplantarla; si ni siquiera son capaces de apuntalar la protección social de las familias españolas sin agobiarlas, arruinarlas y marginarlas al final de la cola de las ayudas sociales y la vivienda protegida, entonces, lo mejor que pueden hacer es echarse a un lado. Las instituciones no pueden seguir entorpeciendo y empeorando la vida de todos. Cada año perdido son matrimonios que no pueden ni soñar con un hogar, familias que nunca van a crearse, comercios locales e industrias que echan el cierre y explotaciones agrarias y ganaderas que no encontrarán relevo. Es urgente.

ÍNDICE

– Introducción ………. 11

– Diagnóstico: «La prosperidad que nos ha robado la hiperregulación»………. 17

• Poder adquisitivo ………. 17
• Empresa ………. 21
• Trabajo ………. 25
• Sector primario ………. 30
• Energía ………. 36
• Industria ………. 41
• Vivienda ………. 44
• Sistema autonómico ………. 51
• Inmigración masiva ………. 54
• Deuda pública ………. 57

– Propuestas de VOX ………. 59

• Primeras medidas en materia de desregulación ………. 59
• Primeras leyes que derogaremos ………. 72
• Primeras leyes cuya revisión y reforma promoveremos en materia de desregulación ………. 73
• Principal normativa europea cuya reforma exigiremos ………. 75
• Reestructuraremos toda la normativa que afecta especialmente a los siguientes sectores hiperregulados ………. 79

INTRODUCCIÓN

El «Programa Económico y de Vivienda de VOX» presentado en junio de 2025 partía de una asunción empíricamente comprobable: los españoles son cada día más pobres. En términos relativos, y en las últimas décadas, los españoles no han parado de empobrecerse en todos los frentes: PIB per cápita cada día más lejos de la media de la UE, salarios reales por los suelos, récord de pobreza infantil, paro estructural, precariedad cronificada, poder adquisitivo de supervivencia, vivienda inaccesible, deuda pública en perpetuo crecimiento, industria desmantelada y deslocalizada, sector primario desguazado y arruinado y unos servicios públicos saturados y degradados en un contexto de invasión inmigratoria insostenible.

Texto Programa Económico y de Vivienda de VOX

Más pobreza, además, para repartir entre mucha más gente: según el Censo Anual de Población del INE, el 24,4% de los 9.464.210 residentes nacidos en el extranjero llegó a España en los dos años anteriores al 1 de enero de 2025, 2.308.073 extranjeros. Un 12,8% en el último año. Sólo en 2024 llegaron 1.215.338 y, en 2023, 1.092.735. Estas cifras son similares a las llegadas registradas en toda la década 2001‑2010, cuando España se encontraba creciendo año tras año apoyada especialmente en el auge del sector de la construcción. En ese período de 10 años, llegaron a España 2.552.333 inmigrantes [fuente: Censo Anual de Población Instituto Nacional de Estadística]. Es decir, en una década de bonanza económica llegaron a España las mismas personas que en tan solo dos años de precariedad material severa. Y la tendencia alcista se mantiene año tras año.

En este panorama de empobrecimiento generalizado, los sucesivos gobiernos del bipartidismo han decidido emprender una carrera por ver quién legisla más y peor. Más cantidad de leyes, normas y disposiciones, y más contrarias al bienestar y a las necesidades de todos los españoles. Cada hito legislativo ha sido nefasto para el sector objeto de la regulación, solo opacado por el hito legislativo inmediatamente posterior. Y así, en una matrioska interminable de leyes, el español de a pie queda atrapado sin posibilidad de emprender, crecer, ni prosperar. Jaque mate.

Según el Banco de España, entre 1978 y 2021 se aprobaron casi 500.000 normas. Y, solo en 2022, esta cifra se incrementó en 11.775 regulaciones. Esto implica que cada día se aprueban más de 30 disposiciones legislativas, a un ritmo de 1 nuevo desarrollo normativo cada 45 minutos [fuente]. Mientras que en 1978 se aprobaron, aproximadamente, 3.000 normas, en los últimos tiempos se han registrado cifras hasta cuatro veces mayores, con alrededor de 12.000 normas aprobadas por ejercicio, donde las comunidades autónomas tienen un peso del 76,6% sobre el total de normas aprobadas [fuente].

50%, manifestando la involución de nuestro marco normativo. Del total de 63 economías desarrolladas y emergentes, hemos pasado del puesto 50 a la antepenúltima posición del ranking. Otro récord. Asimismo, la hiperregulación supone un impuesto oculto cercano a los 70.000 millones de euros, 1.470 euros por ciudadano, 4.410 euros por hogar [fuente].

En consecuencia, la hiperregulación está impidiendo a España crecer, boicoteando el bienestar de los españoles. Los datos no mienten: la hiperregulación nos cuesta tiempo, sí, pero también muchísimo dinero. Los obstáculos al mercado único en la Unión Europea tienen un impacto aproximado del 3,5 % del PIB de España, del mismo modo, los muros artificiales levantados entre regiones españolas, fruto de la fragmentación normativa autonómica, tienen un coste del 3,5 % del PIB nacional. El peaje de estos obstáculos para que las empresas puedan operar en la UE y en toda España es de 90.000 millones de euros [fuente]. El equivalente al 88 % de todo el gasto sanitario público anual, a la construcción de más de 300 hospitales totalmente equipados o inundar el mercado con más de 800.000 viviendas protegidas.

El fresco de inseguridad jurídica resultante aplaca cualquier iniciativa profesional propia, desechando nobles empresas antes siquiera de empezarlas, abajando el ímpetu nacional y entregando nuestra soberanía económico-productiva y prosperidad a designios extranjeros que nada tienen en cuenta los anhelos y pesares de nuestros vecinos, familiares y amigos. Como un suelo que se mueve bajo nuestros pies, sin estabili‑ dad ninguna, zarandeándonos de un extremo a otro, sin tiempo material para conocer las normas que regulan nuestro día a día. En este sentido, el frenesí legislativo alcanza una dimensión faraónica: cada año, España añade un volumen normativo equivalente a una nueva pirámide de Keops de papel, levantada sobre empresarios, autónomos, y familias que deben cumplir, interpretar y soportar una montaña regulatoria cada vez más inabarcable.

En síntesis: cada día somos más pobres, sí, y mucha culpa es de la hiperregulación. Malas leyes que destruyen nuestra economía y demasiadas leyes que asfixian e impiden la prosperidad de empresas y trabajadores. No se trata de un accidente, ni es fruto del azar. Décadas de turbo-legislaciones fallidas y negativas para los intereses de los españoles solo dejan una opción: el resultado obtenido es exactamente el que pretenden. No hay espacio para que la incompetencia o la casualidad sean tan consistentes en tiempo y resultados. El bipartidismo es una estafa, lleva años arrebatando la propie‑ dad y el futuro a los españoles, sus leyes han ido en esa di‑ rección y hoy los españoles recogen los frutos: desposesión, precariedad e incertidumbre. Es el apuntalamiento del estado de bienestar de los políticos a costa del bienestar material de los españoles.

DIAGNÓSTICO: «LA PROSPERIDAD QUE NOS HA ROBADO LA HIPERREGULACIÓN»

Poder adquisitivo

Tras décadas de hiperregulación, los españoles son mucho más pobres. Incapaces de acceder a una vivienda, obligados a hacer malabares para poder llenar su nevera o pagar las facturas de la luz y sin poder irse de vacaciones en familia. Arrinconados en las periferias espaciales, materiales y vitales, viviendo de prestado en habitaciones que no podrán pagar pasado un tiempo, renunciando a los alimentos frescos y desconectando la calefacción porque duele menos el frío que la ruina. En definitiva, españoles con menos capacidad de vivir dignamente su presente y decidir su futuro.

Los salarios reales de los españoles llevan prácticamente estancados 30 años. El esfuerzo fiscal directo ha subido del 13,6 % al 15,9 % de la renta bruta disponible, 1.657 euros más al año en impuestos. Más de 140 subidas impositivas y de cotizaciones entre 2018 y 2026 [fuente].

La pérdida de poder adquisitivo veta a los españoles el acceso a alimentos básicos. Pese al aumento de población de 44.784.659 a 49.128.297 residentes entre 2007 y 2025 [fuente], el consumo de carne fresca ha caído un 17,81 % y el de pescado fresco un 39,47 %, con desplomes críticos en el vacuno (-43,42 %) y el aceite de oliva (-37,13 %). Al mismo tiempo, se ha incrementado el consumo de pasta (+27,05 %) y de garbanzos (+20,33 %) [fuente], consolidando un modelo de consumo de subsistencia.

Del mismo modo, la casa y el coche en propiedad, baluartes de una vida estable como la que tuvieron nuestros padres y abuelos, hoy quedan ya muy lejos: el encarecimiento de los vehículos en los últimos 15 años ha sido drástico. Un utilitario básico como el Dacia Sandero en 2012 costaba alrededor de 7.900 euros en su versión de acceso; un coche similar, cuesta hoy alrededor de 15.400 euros, una subida que en modo alguno ha venido acompañada por un incremento del salario real [fuente]. Además, el precio medio del mercado de los seminuevos ha subido casi 8.000 euros en algo más de una década [fuente].

El resultado no puede ser otro: el porcentaje de población en exclusión social se situó en 2025 en un alarmante 25,7 % [fuente]. Y casi la mitad de la población afirma que pasa alguna dificultad para llegar a final de mes (45,9 %) [fuente].

Resulta evidente que la hiperregulación, particularmente en materia fiscal y de cotizaciones, está encareciendo el coste de la vida. Un español paga a lo largo de su vida alrededor de 460.600 euros en impuestos [fuente]. Páginas y páginas del BOE en una sola dirección, la de las subidas interminables: cotización de autónomos, nuevos tramos del IRPF, subidas del IVA, tasas, permisos; eso sí, ni rastro de deflactaciones, facilidades administrativas, ni bajada de cotizaciones. Solo entre 2018 y 2024, se han añadido las siguientes subidas de cotizaciones: una subida anual de la base máxima de cotización del Régimen General, otra subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (del 0,1% al 0,8%), un incremento de las cotizaciones por contingencias profesionales del Régimen General, la introducción de la cuota de solidaridad sobre remuneraciones superiores a la base máxima (tipos del 0,92 % al 1,17 %), la implantación y posteriores incrementos del nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales, la cotización obligatoria por contingencias profesionales para autónomos, la cotización obligatoria por cese de actividad para autónomos y, por si fuera poco, la cotización obligatoria por formación profesional para autónomos, una subida de la base mínima de cotización de autónomos, un incremento de cotizaciones para contratos de muy corta duración y una subida de las cotizaciones de los empleados del hogar.

Esta es la certeza que tienen todos los españoles: que se levantarán en unos meses con un puñado de impuestos más, con más cotizaciones que restan en su nómina y con más procedimientos administrativos para reformar tu casa o constituir una empresa. Es la certeza de la ruina y el estancamiento.

Empresa

España se ha convertido en un auténtico laberinto burocrático para quien quiere emprender, invertir o crear empleo. Hoy, quien decide abrir una empresa o invertir en economía real en nuestra nación debe enfrentarse a una maquinaria regulatoria asfixiante, alimentada durante décadas por el bipartidismo. El sándwich de estamentos competenciales —ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, Estado y UE— que atenaza al autónomo, al emprendedor, al empresario, en definitiva, al español que se arriesga y decide liderar un proyecto propio, es implacable.

Las consecuencias son demoledoras: el 79 % de las empresas españolas reconoce que la asfixia burocrática frena directamente sus inversiones, una cifra 14 puntos superior a la media de la Unión Europea [fuente]. No es casualidad que España sea también el cuarto peor país en impacto negativo en materia de regulación empresarial: mientras la media comunitaria de empresas que afirma que la regulación obstaculiza sus inversiones se sitúa en el 69 %, en España esa cifra se dispara hasta el 81 % [fuente: Ibid]. España se sitúa en el puesto 97 del último ranking del Banco Mundial dedicado a medir las facilidades para hacer negocios [fuente: Ibid].

Constituir una sociedad en España puede suponer hasta 84 días de demora —casi tres meses atrapado entre trámites, permisos y ventanillas burocráticas—, además de un coste medio de 2.580 euros derivados únicamente del tiempo perdido y de las cargas administrativas asociadas al proceso [fuente: Ibid]. Según los datos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), las pequeñas y medianas empresas son las que más sufren el impacto de la regulación laboral y empresarial. En concreto, el 66 % de las pymes considera que la regulación del mercado laboral constituye un obstáculo para la inversión, mientras que el 68 % señala como problema la regulación empresarial [fuente]. Mientras las grandes multinacionales pueden absorber estos costes gracias a su tamaño, miles de pequeños empresarios nacionales se ven obligados a destinar tiempo, recursos y trabajadores a sobrevivir dentro de un sistema diseñado por burócratas que jamás han levantado una empresa ni creado un solo puesto de trabajo.

La hiperregulación ha convertido a todos los españoles en gestores a tiempo completo. Los empresarios españoles ya no dedican la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a mejorar su negocio, innovar o ganar competitividad, sino a cumplimentar formularios, justificar procedimientos y adaptarse a un entramado normativo inagotable.

Esta dinámica se ha agravado todavía más con la expansión de nuevas obligaciones normativas impulsadas bajo criterios ideológicos alejados de la realidad económica. La Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, ejemplifica a la perfección esta deriva regulatoria: las empresas pasarán de tener que presentar 80 requerimientos de información a soportar 1.125 obligaciones documentales, lo que supondría un coste anual de 400.000 euros para empresas medianas [fuente]. El resultado es una economía atrapada en la «dictadura del formulario», donde el empresario pasa más tiempo rellenando papeleo que dedicándose a su negocio. Por su parte, desde la pandemia, la presión regulatoria sobre los autónomos se ha disparado un 22% [fuente].

Otro gran escollo al crecimiento empresarial es la quiebra del mercado nacional. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado ha fracasado plenamente, obligando a las empresas a asumir costes millonarios en estudios legales y adaptación de licencias solo para poder operar en distintas regiones de su propio país.

Y por si fuese poco, el fanatismo climático de la Unión Europea y su delirante Marco de Finanzas Sostenibles han dado la estocada final a infinidad de empresas, especialmente las pequeñas y medianas. La Directiva de Diligencia Debida exige cantidades ingentes de información sobre el impacto climático de sus actividades y el Reglamento de Taxonomía establece una clasificación arbitraria entre «buenos» y «malos» diseñada por burócratas de la Comisión para discriminar y asfixiar financieramente a las empresas que no se arrodillen ante la agenda verde.

Las consecuencias son demoledoras: cuatro de cada diez empresas creadas en 2019 ya han desaparecido y el 73 % de las nacidas en 2007 han terminado echando el cierre [fuente].

Trabajo

La España que levantaron nuestros padres y abuelos fue, durante generaciones, una nación donde el trabajo era sinónimo de dignidad, estabilidad y prosperidad; una tierra en la que el esfuerzo permitía sacar adelante una familia y construir un futuro. Hoy, sin embargo, unos estudios universitarios o un trabajo ya no garantizan nada: millones de españoles sienten que el esfuerzo ha dejado de tener recompensa.

El mercado laboral español atraviesa una crisis estructural que afecta tanto a quienes buscan empleo como a quienes lo generan. Las empresas españolas son ya las terceras de toda la Unión Europea que más critican la regulación laboral, reflejo de un modelo cada vez más obsoleto, fragmentado y difícil de sostener.

El marco normativo laboral en España está conformado por un total de 10.300 regulaciones [fuente]. Décadas de superposición normativa han construido un entramado inmenso de legislación, obligaciones y procedimientos que afectan directamente a la contratación, a la actividad empresarial y a la estabilidad del empleo. La magnitud de esta hipertrofia regulatoria resulta difícil de exagerar. Entre 1995 y 2015 se aprobaron 6.849 disposiciones regulatorias en materia laboral —cerca de 390 nuevas disposiciones laborales por año—, de las cuales 2.322 procedían de la Administración central, 4.135 del ámbito autonómico y otras 392 emanaban de instituciones europeas e internacionales. Y, lejos de corregirse, esta deriva normativa no ha dejado de acelerarse [fuente].

La reforma laboral de 2021 de Yolanda Díaz asestó un golpe letal al tejido productivo al eliminar fulminantemente el contrato por obra y servicio, forzando a las empresas a asumir costes altísimos y el abuso de la figura de los fijos-discontinuos sólo ha servido para camuflar la temporalidad estadística y cronificar la desprotección real de los trabajadores. El resultado es un castigo doble: el empresario paga cada vez más cotizaciones y el trabajador recibe menos salario neto en su nómina. Por su parte, el Real Decreto-ley 2/2023 aumenta aún más las cotizaciones sociales de los trabajadores al crear el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), subiendo el coste por trabajador. Y a esto hay que sumar cientos de Directivas abusivas procedentes de Bruselas como la Directiva (UE) 2023/970 que, con el pretexto de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, impone obligaciones asfixiantes desde la primera entrevista, triturando la libertad y la competitividad de nuestro tejido productivo.

Los autónomos tampoco se libran de la persecución fiscal y regulatoria. El aumento desorbitado de las cuotas mínimas y los nuevos sistemas de cotización por ingresos reales están asfixiando a los pequeños negocios, empujándolos directamente a la economía sumergida para poder sobrevivir. Además, deben asumir múltiples regulaciones como las derivadas del Real Decreto Antifraude, que prohíbe de forma tajante el uso de Excel, Word o plantillas PDF sin certificar a partir de 1 del julio de 2027; o la soga de la facturación electrónica, que impone la obligatoriedad absoluta de emitir, transmitir y recibir facturas electróni‑ cas en todas las relaciones comerciales B2B.

Lejos de proteger el empleo nacional, las maquinarias burocráticas están favoreciendo la mano de obra extranjera, una estrategia que PP y PSOE han respaldado sistemáticamente con sus votos en Europa. El ejemplo más flagrante es el Reglamento de la Reserva de Talentos de 2026 que, en lugar de blindar y potenciar el talento local, insiste en perpetuar la dependencia de la mano de obra barata extranjera.

Además, Directivas como la conocida Tarjeta Azul de 2021 facilita a los extranjeros volverse residentes de larga duración, con los beneficios laborales que ello conlleva. Lo mismo ocurre con la Directiva 2024/1233 relativa al procedimiento de permiso único de trabajo y residencia de trabajadores extracomunitarios.

Las consecuencias son visibles en todos los rincones de nuestra nación. A los españoles se les ha dado un ultimátum: paro o precariedad. España es uno de los países con peores datos de paro de toda la Unión Europea y la OCDE, en torno al 10 %, y uno de cada cuatro parados de la eurozona es español [fuente]. Además, llevamos más de tres años como campeones del paro con 4 veces más desempleo entre los jóvenes españoles que los alemanes (25,6 %) [fuente. Ibid]. La tasa de paro sería un 31 % superior si se contaran los fijos discontinuos inactivos. Menos de 2 de cada 10 contratos que se firman son indefinidos y a tiempo completo [fuente]. Y más de 900.000 afiliados tienen dos o más trabajos, de los que más de 100.000 combinan tres o más trabajos [fuente: Datos extraídos de una respuesta parlamentaria al PP por parte del Gobierno].

Diversos estudios demuestran que un sector económico situado en una región sometida a un 10 % más de nuevas regulaciones reduce el empleo al año siguiente en un 0,28 % respecto a la misma actividad desarrollada en otro territorio con menor presión normativa [fuente]. Cada nueva obligación, cada trámite añadido y cada restricción burocrática terminan dificultando la contratación, frenando inversiones y reduciendo la capacidad de crecimiento de las empresas, afectando especialmente a jóvenes, trabajadores poco cualificados y pequeñas empresas. Porque mientras las grandes multinacionales pueden absorber parte de estos costes mediante amplias estructuras jurídicas y administrativas, el pequeño empresario español —quien realmente sostiene buena parte del tejido productivo nacional— carece muchas veces de recursos para afrontar semejante complejidad normativa.

Sector primario

Nuestro campo está en serio peligro. La conjunción de burocracia asfixiante e hiperregulación boicotea la viabilidad del sector, así como décadas de políticas verdes impuestas desde Bruselas y aceptadas y ejecutadas por el bipartidismo. Entre 2020 y 2023 desaparecieron en España 111.000 explotaciones agrícolas, un desplome del 12,4 % en apenas tres años, mientras que las que sobreviven son cada vez más grandes y están más concentradas [fuente]. Es más, en 2024 el sector agrario cerró con 284.711 empresas y 732.258 trabajadores, lo que supone 14.300 empresas menos y una caída de 35.000 empleos respecto a 2021 [fuente].

Desde la introducción de la llamada «condicionalidad» en 2003, agricultores y ganaderos se han visto obligados a cumplir un volumen creciente de obligaciones medioambientales, climáticas y administrativas con el único objetivo de acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Lo que comenzó como un conjunto limitado de exigencias ha terminado convirtiéndose en una maquinaria burocrática asfixiante que consume tiempo, dinero y rentabilidad. Y, por si fuera poco, a toda esta presión burocrática hay que añadir que el sector agrario soportó de media cerca de 1.300 nuevas normas y regulaciones entre el año 1995 y 2020, convirtiéndose en uno de los sectores más castigados por la hiperregulación.

Hombres y mujeres del campo que están más tiempo enterrados en formularios que trabajando la tierra: el ejemplo más evidente de esta deriva es el cuaderno digital de explotación agrícola, una imposición tan desmedida, invasiva y alejada de la realidad del campo que el Gobierno se vio obligado a aplazar su aplicación hasta enero de 2027 ante la rebelión masiva del sector primario. Con este sistema, el agricultor ha dejado de producir libremente para convertirse en un siervo de la Administración. Otro buen ejemplo es la transformación de la PAC. Nació en los años setenta para garantizar producción agrícola, estabilidad de precios y soberanía alimentaria europea. En 1980 representaba el 73 % del presupuesto comunitario. Hoy apenas alcanza el 30 %, destinándose además cerca del 40 % de esos fondos a políticas climáticas vinculadas al Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.

Todo ello mientras Bruselas impulsa acuerdos como Mercosur que facilitan la entrada de productos extranjeros sometidos a exigencias mucho menores que las impuestas a nuestros productores. Hoy se obliga a muchos agricultores a dejar hasta un 4 % de sus tierras sin cultivar, se imponen restricciones al regadío y se limita el uso de fertilizantes y fitosanitarios sin ofrecer alternativas viables. Todo ello mientras los agricultores deben someterse a controles administrativos interminables para justificar cada céntimo recibido. Los pequeños productores, incapaces de asumir el coste burocrático y técnico de estas exigencias, terminan abandonando la actividad o renunciando a las ayudas. Los datos son fulminantes, solo entre 2010 y 2024 el valor monetario de las importaciones de tomate marroquí en la Unión Europea se ha incrementado un 332 %, mientras que las limas y limones de Sudáfrica un 292 % [fuente].

A esta situación se suman las políticas de descarbonización impulsadas por el Gobierno y Bruselas a través de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 20232030). Bajo objetivos como la reducción del 32 % de emisiones respecto a 1990, el aumento de renovables o la electrificación de la economía, se están imponiendo nuevas obligaciones al sector agrario y ganadero que incrementan costes y reducen competitividad. Entre ellas destacan medidas como la reducción de emisiones en explotaciones agrícolas y ganaderas, la obligación de implantar sistemas de gestión de purines, restricciones en el uso de nitrógeno o la imposición de determinadas rotaciones de cultivos. Además, estas políticas han favorecido la expansión masiva de plantas fotovoltaicas y eólicas sobre suelo agrícola, amenazando la continuidad de explotaciones y transformando el paisaje rural español.

La hiperregulación también alcanza a la fertilización y la gestión de residuos agrícolas. El Real Decreto 1051/2022 obliga a implantar planes de abonado, registros mensuales de fertilización y asesoramiento técnico obligatorio en numerosas explotaciones. Del mismo modo, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular impone nuevas cargas para la gestión de plásticos, restos vegetales y residuos agrarios, restringiendo incluso las quemas agrícolas salvo autorización excepcional en determinados casos. De nuevo, más costes, más papeleo y más obstáculos para quienes trabajan y producen en el campo.

Y la ganadería no podía ser menos. Las nuevas regulaciones para explotaciones porcinas, bovinas y avícolas imponen mayores requisitos de espacio por animal, controles medioambientales, registros individualizados de emisiones y planes específicos de gestión de estiércoles. En el caso de las granjas bovinas, incluso se establecen límites máximos de capacidad para nuevas explotaciones. Estas exigencias incrementan las inversiones necesarias y dificultan la viabilidad de miles de explotaciones familiares, favoreciendo únicamente a las grandes corporaciones capaces de asumir el coste burocrático.

Y no podemos dejar de mencionar la política de protección de fauna salvaje. La inclusión del lobo ibérico en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) en 2021 prohibió de facto su gestión cinegética en toda España, incluso en zonas donde históricamente existía control poblacional. El resultado ha sido un aumento de los ataques al ganado y una enorme inseguridad jurídica para miles de ganaderos extensivos. Mientras Bruselas empieza a rectificar parcialmente su posición respecto a la protección del lobo, en España continúan los recursos judiciales y el caos normativo, dejando una vez más indefensos a quienes viven y trabajan en el campo.

Energía

España lo tiene todo para ser una potencia energética: sol, viento, agua, una orografía privilegiada, recursos bajo el subsuelo… Y, sin embargo, paga la electricidad más cara de su entorno, importa lo que tiene bajo los pies y vive bajo la amenaza permanente de quedarse a oscuras. No es un problema de geografía ni de falta de medios: es el resultado de una política energética que, en nombre de la «transición ecológica», ha convertido un sector estratégico en un labe‑ rinto de cargas, prohibiciones y una fiscalidad sin parangón en Europa. Las consecuencias las pagan las familias —mes a mes, en la factura de un bien de primera necesidad— y las paga la industria, que pierde competitividad frente a países que no se imponen a sí mismos semejante penitencia.

El punto de inflexión tiene nombre y fecha: la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Con ella, España se lanzó a la carrera de la descarbonización sacrificando su competitividad: prohibió explorar, investigar y explotar nuestros propios hidrocarburos, vetó el aprovechamiento de yacimientos estratégicos y maniató la inversión con calendarios ideológicos de reducción de emisiones. La misma ley obligó a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que ha castigado especialmente a los españoles con menos recursos, los que no pueden permitirse cambiar de coche para seguir entrando a trabajar a su propia ciudad.

A esa huida hacia adelante se suma la mayor amenaza para nuestra soberanía energética: el cierre programado del parque nuclear entre 2027 y 2035, que arrancará por la central de Almaraz. El Gobierno lo presenta como una decisión «consensuada» con las compañías, pero omite lo esencial: ha asfixiado a las centrales con una carga fiscal desorbitada, insólita frente al resto de Europa y del mundo. Mientras medio planeta refuerza su capacidad nuclear, España se dispone a apagar voluntariamente unas centrales que funcionan, que son seguras y que producen energía limpia, estable y barata. Cerrarlas solo sirve para una cosa: disparar el precio de la luz, aumentar la dependencia del gas extranjero y acelerar la desindustrialización.

El sistema ya ha dado el aviso más grave posible. El 28 de abril de 2025 España sufrió un apagón sin precedentes: una nación entera desconectada. Negocios sin luz, industrias paralizadas y personas electrodependientes luchando por sobrevivir. Sin explicaciones convincentes, sin culpables, sin responsabilidades. Un apagón impropio de una economía avanzada, que retrata la degradación de nuestras infraestructuras. Este Gobierno ha antepuesto los objetivos de la Agenda 2030 a lo único que de verdad importa en un sistema eléctrico: la garantía del suministro.

Y mientras el sistema se debilita, la factura no deja de subir. España vive una paradoja difícil de explicar: tenemos uno de los precios mayoristas más baratos de Europa y, a la vez, uno de los recibos finales más caros. La diferencia no la marca el mercado: la marcan los impuestos. Basta mirar una factura para comprobarlo —el IVA, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, los peajes y cargos como las primas a las renovables, los servicios de ajuste—. El resultado es que la energía que paga nuestra industria no es cara por lo que cuesta producirla, sino por lo que el Estado decide cargarle encima.

Detrás de todo ello hay una voracidad recaudatoria que no conoce límite. Según el informe de recaudación tributaria relativo a los Impuestos Especiales [fuente], en 2025 el Estado ingresó 12.659 mi‑ llones de euros por el Impuesto sobre Hidrocarburos y 1.587 millones por el Impuesto Especial sobre la Electricidad. A ello se suman 2.108 millones por impuestos medioambientales, de los que 1.821 corresponden al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, e incluso 599 millones por una figura de nuevo cuño como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Cada euro de esa recaudación sale del bolsillo de las familias y de las empresas, y encarece bienes de primera necesidad.

Y lo más sangrante es que tanto sacrificio no se traduce en un medio ambiente mejor. España ha aprobado seis veces más normas ambientales que Francia y, pese a ello, obtiene peores resultados en el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale y emite más CO₂ por habitante y por unidad de PIB. Más normas no es más naturaleza protegida: es más burocracia, más coste y menos competitividad. La comparación con Francia es demoledora también en el mix energético: las trabas a nuestra energía nuclear han disparado la vulnerabilidad del sistema sin mejorar en nada la calidad ambiental.

A toda esta presión —europea y nacional, fiscal y planificadora— se añade el cuello de botella que está dejando a España sin futuro industrial: la red eléctrica. Hoy buena parte de los nudos figuran como «saturados», no porque falte cable, sino porque falta inversión y sobra bloqueo administrativo. El resultado es absurdo: hay industrias que quieren instalarse en España y no pueden conectarse; promociones de vivienda paradas porque no llega la potencia; centros de datos que se marchan a otros países. Hay capacidad física, pero no hay capacidad jurídica.

Y por encima de todo, España sigue siendo prácticamente una isla energética en Europa, con una interconexión eléctrica con Francia ridícula que encarece la luz, impide exportar nuestros excedentes renovables y nos deja vendidos ante cualquier crisis.

La conclusión es clara. España no es pobre en energía: es rica en trabas. Tiene el sol, el viento, el agua, el subsuelo y la demanda; lo que le falta son permisos, libertad y un Estado que la deje funcionar. La culpa no está en la geografía, sino en las cadenas que le hemos puesto encima.

Industria

Nuestra industria está siendo desmantelada y deslocalizada: desde comienzos de siglo, se han destruido más de 700.000 empleos industriales, un 25 % menos de trabajadores para la industria manufacturera [fuente]. En la cadena de valor europea han decidido desde más allá de nuestras fronteras que España se reduzca a la suma de turismo y sector servicios. Un buen destino vacacional para los europeos, un paraíso gastronómico, un parque temático. Mientras tanto, año tras año, España pierde industrias que en muchos casos han sido nucleares en la vertebración de infinidad de territorios a lo largo y ancho de nuestra geografía. Localidades enteras consagradas a la industria más cercana, polos de atracción estables y duraderos, motores de creación de empleo fuera de las grandes ciudades.

El Pacto Verde Europeo, que es la forma en que la Unión Europea ha vehiculado el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015, ha condenado a nuestra industria, hundiéndola en términos de competitividad a nivel internacional. Se trata de otro hito en un cuarto de siglo de desindustrialización y de autoimposición de costes. Con base en el conocido como «Objetivo 55» se han desplegado medidas para reducir las emisiones de CO₂ en todos los órdenes —transporte, edificaciones, agricultura, etc.—, siendo especialmente dramática la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión para reducir las emisiones en un 62 % para 2030, siempre con el objetivo de la neutralidad climática en el horizonte 2050.

Esta circunstancia ha obligado al Gobierno a dotar con ayudas millonarias a la industria electrointensiva ante el riesgo de «fuga de carbono». El caso de España es todavía más grave como consecuencia del nivel de cargas y elevada tributación, cuatro veces superior a los aplicables en Francia. Si comparamos precios eléctricos finales en la industria electrointensiva, en España el coste final (€/MWh) dobla con creces el de Francia.

El conocido Informe Draghi (2024) [fuente] ofreció un diagnóstico demoledor acerca de la pérdida de competitividad de la Unión Europea. Según los datos que ofrece el informe, la brecha del PIB entre EE.UU. y la UE ha pasado del 17 % en 2002 al 30 % en 2023 y solo 4 de las 50 empresas tecnológicas más grandes del mundo son europeas. Asimismo, la producción de la industria electrointensiva ha caído entre un 10 % y un 15 % desde 2021 debido al aumento de los costes energéticos.

Del mismo modo, el informe es especialmente crítico con el lastre que representa la carga regulatoria y administrativa, que las PyMES señalan como su mayor desafío y verdadero obstáculo a la inversión. En el sector tecnológico, en particular, se detallan las barreras regulatorias de la UE, que cuenta con 100 leyes centradas en tecnología. Asimismo, resalta deficiencias en los procesos legislativos y critica el llamado «gold-plating», es decir, el exceso por parte de los Estados miembros a la hora de implementar la normativa comunitaria más allá de su contenido mínimo.

En materia de legislación nacional, la Ley de Industria vigente data de 1992 y el marco que establece ha quedado manifiestamente desfasado respecto a las transformaciones que ha experimentado el sector manufacturero. Mientras esa actualización sigue pendiente, las empresas han visto cómo sobre ellas se iba superponiendo una capa tras otra de obligaciones de origen comunitario y nacional que abarcan ámbitos muy distintos: desde los estándares de emisiones del automóvil —con la conocida prohibición de venta de vehículos ligeros nuevos con motor de combustión interna para 2035— hasta las exigencias de reporte en materia de sostenibilidad, que la Directiva de diciembre de 2022 (CSRD) y la de diligencia debida de 2024 (CS3D) —recientemente reformadas por vía de la Directiva Ómnibus I— han extendido a más de mil compañías solo en España, con un coste estimado superior al millón de euros anuales por empresa.

A esta superposición regulatoria, se añade una burocracia administrativa que penaliza especialmente a quienes quieren crecer: procedimientos administrativos lentos, requisitos documentales no armonizados entre administraciones, falta de centralización en sedes electrónicas, cuellos de botella recurrentes en los trámites medioambientales y urbanísticos… Y, para las empresas que superan el umbral de los 50 trabajadores, un catálogo de obligaciones adicionales —planes de igualdad, auditorías retributivas, protocolos LGTBI, etc.— que se activan de forma automática y que, en la práctica, obstaculizan el crecimiento.

Un buen ejemplo de las consecuencias de la hiperregulación europea a nivel industrial es la irrupción del coche chino, que ha provocado que la UE establezca aranceles y restricciones al modo en que se despliega su producción en Europa. El Informe Draghi señala que producir un vehículo en la UE es, de media, un 30 % más caro que en China y que los fabricantes chinos están una generación por delante en tecnología de vehículos eléctricos (EV), incluyendo rendimiento de baterías, software y tiempos de desarrollo (1,5 a 2 años frente a los 3 a 5 años en Europa).

Vivienda

La vivienda es la tormenta perfecta: ausencia de casas, inmigración masiva, precios desorbitados, sueldos irrisorios, trabajos inestables, especulación inmobiliaria, escasez de vivienda pública, impuestos y burocracia excesivos, corrupción política… y suma y sigue. Décadas de legislaciones fallidas que culminan en la nefasta Ley de Vivienda de Sánchez. El resultado es una emergencia habitacional sin precedentes que se deshace por todos lados: la oferta de casas se ha desplomado y la demanda española ha sido precarizada y forzada a sufrir competencia desleal. Pocas casas y mucha gente y cada día más gente y menos casas.

El secuestro de suelo por parte de las administraciones y políticas restrictivas sobre el suelo impiden construir: excesivas restricciones en la clasificación de suelo, en el planeamiento y ambientales, cargas urbanísticas muy elevadas, retraso en licitaciones, controles administrativos prolongados, excesivas limitaciones en suelo rústico…, etc. Además, la conversión del suelo rural en suelo urbanizable corresponde por competencia a las comunidades autónomas, con lo que se añade nueva normativa regional y local que restringe más si cabe el suelo disponible, haciendo que no se pueda construir en el 95,7 % del territorio en España [fuente]. De ahí que el 72,9 % de las viviendas previstas en los planes en fase de desarrollo, es decir, 6,9 millones de viviendas, se encuentren pendientes de ejecución [fuente: Ibid].

Los laberintos burocráticos y las enormes cargas fiscales que hay en todo el proceso edificatorio para promotores y constructores llegan a encarecer hasta un 25-30 % el precio final [fuente]. Según el Sistema de Información Urbana (SIU), el 69 % de los planes generales de ordenación urbana se firmaron antes de 2008, por lo tanto, no se adecuan a los requerimientos normativos y económicos actuales [fuente]. El proceso edificatorio sigue un procedimiento que puede prolongarse durante décadas. En España se tarda entre 15 y 20 años en gestionar y transformar un suelo hasta que se pone el primer ladrillo de una promoción [fuente]. A lo largo de este arduo proceso se han sucedido numerosos trámites administrativos, licencias, informes sectoriales, certificaciones técnicas, instrumentos de planeamiento y diversas gestiones ante distintas administraciones, incurriendo en infinidad de duplicidades.

Y todo en un contexto irrespirable de caos competencial autonómico que tiene como resultado el desorden legislativo, y diferencias notables en las políticas públicas, es decir, heterogeneidad de fines y medios que redunda en más burocracia, impuestos y trabas de todo tipo. Más tiempo en construir y desarrollar promociones, mayor coste del proceso y, por tanto, mayor precio final que paga el español de a pie.

Del mismo modo, las leyes del bipartidismo, lejos de favorecer una política de vivienda robusta, han obtenido el resultado contrario, consagrando la inseguridad jurídica. Entre infinidad de ellas, pueden destacarse la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y todas las modificaciones en materia de vivienda previstas en el Real Decreto-ley 7/2019 y en el Real Decreto-ley 11/2020.

En consecuencia, tras décadas de regulaciones y burocracia que han bloqueado el aumento de oferta y de regulaciones y políticas públicas que han propiciado una invasión inmigratoria sin precedentes, en España el fresco es desolador:

• Generaciones enteras de desposeídos que solo tendrán casa cuando no tengan padres: en 2002 el 65 % de los jóvenes entre 23 y 28 años eran propietarios. Ese dato ha caído más de 40 puntos [fuente]. En el 2007, prácticamente una de cada cuatro viviendas las compraban jóvenes, mientras que en la actualidad esta cifra se sitúa en una de cada diez viviendas, 13 % menos [fuente].
• Salarios precarios incompatibles con la emancipación: en los 90 comprar una casa suponía 3 años y medio de salario bruto anual [fuente]. Hoy, en ciudades como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga exige hasta 3 veces más [fuente]. Mientras esto pasaba, se ha acelerado un proceso de concentración de la propiedad: 5 de cada 10 operaciones de compraventa se hacen sin hipoteca [fuente] y se ha triplicado el stock de vivienda en manos de fortunas extranjeras y fondos [fuente].
• Una casta de inalquilables que ha sido expulsada de la posibilidad de comprar y que ahora padece los castings inmobiliarios: si en 2011 el esfuerzo que suponía a una familia media pagar el alquiler era un 25 % de sus ingresos [fuente], hoy más del 40 % de los españoles dedica más del 40 % de su renta mensual a pagar una vivienda que nunca será suya [fuente: Ibid]. Los posibles inquilinos compiten con una media de 136 interesados por cada vivienda en los primeros 10 días de oferta. En Barcelona, el número de interesados alcanza los 444 en solo diez días. En Girona y Tarragona también muestran una alta demanda, con 140 y 93 interesados respectivamente, mientras que otras regiones como Las Palmas y Baleares presentan cifras cercanas a 130 interesados [fuente: Observatorio del Alquiler y Fundación Alquiler Seguro].
• Miles de españoles excluidos de la propiedad y del alquiler, marginados del circuito ordinario de la vivienda: en los últimos diez años, el sinhogarismo ha aumentado un 25 %, habiendo alrededor de 28.552 personas sin hogar en España. De media, por cada 100.000 habitantes hay 71,3 personas en esta situación [fuente].
• Sistema autonómico Las comunidades autónomas están en la vanguardia de la hiperregulación. Maquinarias turbo-legislativas y burocráticas que han levantado muros artificiales entre regiones, que han dinamitado la cohesión nacional, siendo la trinchera favorita de los separatismos, y que han neutralizado la diversidad y riqueza regional, provincial y local en aras de una homogeneización autonómica ficticia. Por si fuese poco, además del dinero ingente que cuesta a todos los españoles el sostenimiento del sistema autonómico, la deuda pública de las comunidades autónomas sigue escalando año tras año, hipotecando el futuro mientras arruinan nuestro presente. En marzo de 2026, la deuda pública de las CCAA alcanzó los 347 mil millones de euros, un 20,3 % de nuestro PIB [fuente].

Desde el punto de vista regulatorio, las autonomías han entrado en su fase terminal, con un volumen de regulación incompatible con la prosperidad y el desarrollo. De las 500.000 normas aprobadas por parte de todas las Administraciones públicas en los últimos 45 años, las comunidades autónomas representan el 76,6 % del total de normas aprobadas [fuente]. Solo entre los años 1995 y 2020 se promulgaron en España más de 206.777 normas [fuente], y, lejos de desacelerarse, los boletines oficiales alcanzaron una producción desorbitada en los años 2022 y 2023, superando ampliamente el millón de páginas editadas, con un total de 1.038.641 páginas en 2024. Entre los años 2015 y 2018 la cifra ya era extraordinariamente elevada, pero se situaba un 20 % por debajo, en el entorno de las 800.000 páginas anuales [fuente]. Si un ciudadano tuviese la pretensión de estar al corriente de toda la legislación autonómica, debería leerse más de 4.000 páginas cada jornada laboral. Además del volumen ingente de normas, la desconexión normativa entre las 17 comunidades autónomas es total: 17 realidades completamente distintas en función de la región en la que has nacido; tu salud o la educación de tus hijos en juego por un puñado de kilómetros; tu porvenir apostado a la arbitrariedad más absoluta. A la inseguridad e incertidumbre que genera esta desconexión, hay que añadir el coste directo que supone, equi‑ valente al 3,5 % del PIB [fuente].

Los estudios económicos constatan que un incremento del 10 % en la complejidad normativa provoca una caída del 0,7 % en la cuota de empleo a nivel sectorial. La percepción del entorno empresarial refleja fielmente esta realidad técnica, puesto que el 48 % de las empresas instaladas en nuestro país declaran que la regulación constituye el principal obstáculo para el desarrollo de su actividad, un porcentaje demoledor que duplica la media registrada en el conjunto de la Unión Europea [fuente].

Demasiadas leyes y malas leyes: en el período 2008-2022 —añadiendo el año 2000 como referencia histórica—, se han aprobado cerca de 10.000 normativas «verdes», de las cuales casi 8.000 corresponden a las comunidades autónomas; del mismo modo, entre 1996 y 2022 se han aprobado más de 22.000 normativas de «género», de las cuales más de 18.000 son autonómicas [fuente].

El resultado, por previsible, no es menos dramático: pérdida drástica de competitividad y empleo, cronificación de la precariedad y estancamiento. Donde debería haber empleo de calidad, hay burocracia interminable; donde necesitaríamos infraestructuras seguras, tenemos corrupción y dinero malgastado en el sistema autonómico; donde hubo cohesión y unidad, hoy retoza el peor separatismo y la artificial homogeneización autonómica.

Inmigración masiva

La inmigración masiva opera como generador y multiplicador de los principales problemas que padecen todos los españoles: precariedad laboral asegurada por extranjeros que están dispuestos a trabajar con peores condiciones, que siguen siendo mejores que las de sus países de origen; escasez de vivienda elevada a infinito; ayudas sociales copadas por los recién llegados; criminalidad con denominación de origen extranjera; saturación y degradación de los servicios públicos incompatible con la vida… El empobrecimiento generado por la hiperregulación, y que hemos podido observar en diferentes sectores como el empresarial, industrial, energético, inmobiliario o sector primario, pasado por el tamiz de la invasión inmigratoria, se agrava exponencialmente. La España de hoy, la de la privación material severa, la de los castings inmobiliarios, la del pluriempleo y la prioridad extranjera es el resultado de repartir más pobreza entre mucha más gente, afianzar la escasez y decidir que los de fuera van primero. Esa es la sentencia de generaciones enteras de españoles que se limitan día a día a sobrevivir.

El vuelco demográfico no tiene precedentes: según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población nacida en el extranjero pasó de 1,07 millones de personas en mayo de 1996 a 9,19 millones en octubre de 2024. A su vez, su reparto por la geografía española es desigual, siendo las regiones con mayor peso de la población nacida en el extranjero con respecto al total, a 1 de octubre de 2024, las siguientes: Baleares (28,0 %), Cataluña (24,7 %), Madrid (24,4 %), Comunidad Valenciana (23,4 %) y Canarias (22,9 %). Nada de esto es casualidad. No se trata de un fenómeno espontáneo, ni inevitable. Es el resultado esperable de décadas de políticas inmigratorias y legislaciones del bipartidismo, diseñadas para facilitar la entrada, permanencia, regularización masiva, e incluso nacionalización, de inmigrantes en España.

Regularizaciones extraordinarias (6 grandes regularizaciones extraordinarias consumadas desde la aprobación de la Ley Orgánica de Extranjería en 1985, sin tener en cuenta la de Pedro Sánchez en curso: 1986, 1991-92, 1996, 2000, 2001 y 200557); reformas, reglamentos, instrucciones y procedimientos administrativos orientados hacia la rápida y continua regularización; barra libre por la vía del arraigo y venta al por mayor de informes de vulnerabilidad; reglamentos europeos, pactos migratorios, directivas de reagrupación familiar, sistemas de cuotas, financiación pública de ONGs y nuevos mecanismos de regularización con el sello de la UE; prioridad extranjera en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas de servicios sociales, así como en la adjudicación de vivienda protegida… y un largo etcétera, conforman un sistema diseñado para hacer del nacional un ciudadano de segunda.

El mensaje es claro: entrar ilegalmente en España tiene premio. Mientras la burocracia roba tiempo y obstaculiza la vida del español, pone la alfombra roja al de fuera; para el de aquí dolores de cabeza, para el de fuera paños calientes. El tren legislativo en materia de extranjería no deja lugar a dudas, su destino es más inmigración y menos protección social para el español. Próxima parada: la sustitución del censo electoral.

Deuda pública

La deuda pública es el desagradable colofón a la relación de miserias consecuencia de demasiadas leyes y malas leyes, y de una burocracia interminable. El empobrecimiento generalizado de los españoles no pasa solo por la ruina presente sino por la hipoteca de precariedad futura, desplomadas todas las expectativas vitales de muchas generaciones sin posesiones, ni proyección.

La deuda pública de todas las Administraciones Públicas se situó en marzo de 2026 en el entorno de los 1.740 miles de millones de euros, lo que representa el 101,6 % del PIB [fuente]. En marzo de 2008, la deuda se situaba en el 35 % del PIB. 35.000 euros por ciudadano en España. Desde que está Sánchez en el Gobierno, más de 9.000 euros más por persona. Más de medio año de alquiler, la cesta de la compra durante año y medio, la entrada del coche familiar.

Nos hace más pobres y, sobre todo, hace más pobres a nuestros hijos y nietos. Un legado en forma de cargas burocráticas, hiperregulación y deuda para una generación por venir que jamás tendrá experiencia de propiedad, desposeídos desde siempre y para siempre.

PROPUESTAS DE VOX PRIMERAS MEDIDAS EN MATERIA DE DESREGULACIÓN

Las propuestas de VOX en materia de desregulación parten de la revisión profunda de toda la normativa y la burocracia asociada, con el objetivo de eliminar todos los obstáculos que están arrebatando la prosperidad a las empresas, trabajadores y familias españolas. Las siguientes medidas no agotan todas las propuestas que VOX propone o que va a poner en marcha en los diferentes gobiernos regionales de los que formamos parte, sino que son las medidas que van a vertebrar y que permiten visualizar la arquitectura de desregulación integral que vamos a llevar a cabo.

• Revisión sistemática de la Administración, sus procedimientos y la burocracia que soporta el ciudadano. Toda actuación administrativa deberá justificar su existencia, su utilidad y su proporcionalidad. Lo que no sea estrictamente necesario, se suprime. Lo que sea necesario, se simplifica al máximo. Esta revisión será permanente, transversal y afectará a todos los niveles administrativos, sin excepción y sin sectores blindados.
• Buzón de desregulación. Se habilitará un canal permanente y accesible para que cualquier ciudadano, autónomo, empresa, asociación o profesional pueda proponer la supresión o simplificación de cualquier norma, trámite o exigencia administrativa que considere innecesaria, redundante o desproporcionada. Quienes sufren la burocracia en su día a día son quienes mejor saben dónde sobra. Las propuestas recibidas serán objeto de análisis sistemático y alimentarán de forma continua el trabajo de revisión normativa del Gobierno.
• Mesas sectoriales de desregulación. El buzón recoge propuestas individuales; las mesas sectoriales recogerán las de quienes representan a sectores enteros. El Gobierno se sentará, de forma sistemática y periódica, con asociaciones empresariales, colegios profesionales, organizaciones de autónomos, patronales sectoriales y representantes de la sociedad civil productiva, para identificar qué normas sobran, qué trámites entorpecen y qué cargas pueden suprimirse o simplificarse. Quienes producen, contratan, fabrican, transportan, cultivan y prestan servicios cada día son los que mejor conocen dónde aprieta la burocracia y cómo resolverla. La desregulación no se diseñará desde un despacho, sino escuchando a quienes la necesitan.
• Derogar tres normas por cada una que se apruebe. Cada ley nueva tendrá que identificar, en su propio texto, qué tres normas vigentes deroga. Sin esa identificación, no se tramita ni se aprueba. Basta ya de legislaturas que añaden miles de normas y no retiran ninguna. Los españoles no pueden seguir cargando con un Boletín Oficial que crece sin parar mientras su libertad mengua.
• Inteligencia artificial al servicio del ciudadano. Ninguna máquina puede superar a la atención humana y personal, de ahí la importancia de que los funcionarios estén a lo importante. La Administración usará la IA de forma masiva, siempre desde el respeto al hombre por encima de la IA, para acabar con esperas, papeleo y trámites absurdos: resolución automática de expedientes sencillos, asistentes que guíen al ciudadano paso a paso, detección de duplicidades y contradicciones entre normas, traducción inmediata de la jerga administrativa a lenguaje comprensible. La tecnología existe, lo que falta es voluntad política. Si un español tarda hoy meses en obtener una respuesta que una máquina puede dar en segundos no es un problema técnico, sino un problema de quien gobierna. Liberar al funcionario de tareas repetitivas y mecánicas es también devolverle a su verdadera función: atender al ciudadano.
• Una sola base de datos para toda la Administración. El ciudadano no volverá a entregar un papel, un certificado o un dato que la Administración ya tiene. Se acabó el peregrinaje de ventanilla en ventanilla pidiendo documentos que el propio Estado emitió. Todas las administraciones compartirán una base de datos común, y será la Administración la que se mueva por dentro, no el ciudadano el que corra por fuera.
• Fin de los mercados parasitarios que la burocracia ha creado. Allí donde hay un trámite que no funciona, brota inmediatamente un negocio que se aprovecha de él: reventa de citas en extranjería, DNI, Tráfico o Seguridad Social; gestores que cobran por trámites que deberían ser gratuitos y resolverse en cinco minutos; acaparadores de permisos administrativos que nunca llegan a desarrollarse. Detrás de cada mercado secundario hay una traba que sobra. Vamos a hacer dos cosas a la vez: perseguir sin contemplaciones a las mafias que se lucran con la reventa de citas y trámites, y atacar la causa que los hace posibles, simplificando los trámites afectados y aplicando la caducidad automática de los permisos que no se materializan. La burocracia no puede ser nunca un negocio a costa del ciudadano.
• Silencio administrativo positivo y declaración responsable como regla general. Si la Administración no contesta en plazo, el ciudadano gana. Y si una actividad no entraña riesgo grave, basta con declararla para empezar a ejercerla. Quedan fuera, como excepción tasada, algunas materias que afectan a la soberanía nacional y al control de quién entra y se queda en España: nacionalidad, residencia, permisos de trabajo a extranjeros y, en general, inmigración. Ahí el silencio jamás jugará a favor de quien pretenda burlar nuestras leyes.
• Ley de Mercado Abierto. Lo que es legal en una región de España, lo es en toda España. Cualquier empresa, profesional o producto que ya opere legalmente en una Comunidad Autónoma podrá hacerlo en el resto del territorio nacional sin trámites, licencias ni registros adicionales. España es un solo mercado y una sola nación: no puede ser que un autónomo, un comerciante o un fabricante tenga que pedir diecisiete permisos distintos para vender lo mismo.
• Fin de la obligación de cita previa. La cita previa nació como una ayuda al ciudadano y ha terminado siendo un muro para no atenderlo. Hoy es imposible entrar en una oficina pública, renovar un documento o hacer una gestión básica sin pelearse durante semanas con una web que nunca tiene huecos. Se acabó. Ninguna Administración podrá exigir cita previa como condición para atender al ciudadano. Quien quiera pedirla, podrá hacerlo; quien se presente sin ella, será atendido igual. La Administración está para servir al ciudadano, no para esconderse de él.
• Fin del gold-plating: ni una sola exigencia por encima de lo que pide Bruselas. Durante décadas, los gobiernos del bipartidismo han aprovechado cada directiva europea como excusa para sobrerregular a los españoles, añadiendo cargas, trámites y obligaciones que Bruselas no exige. Se revisará toda la normativa española de origen europeo para podarla y dejarla en el mínimo imprescindible. Y, de aquí en adelante, las directivas se transpondrán de forma literal y ajustada, sin adornos ni añadidos ideológicos. Si Bruselas ya nos asfixia bastante, no hace falta que nuestros gobernantes aprieten todavía más la soga.
• Cargas impuestas desde Bruselas a las empresas: al mínimo en España, batalla por su eliminación en Europa. Registro salarial, auditorías retributivas y todo el aparato de control salarial que obliga a la empresa a justificar ante la Administración cuánto paga, a quién y por qué. Canal interno de denuncias. Medición de la huella de carbono. Estado de información no financiera, esto es, el famoso informe ESG: decenas de páginas que la empresa debe dedicar a detallar su política de diversidad, sostenibilidad, igualdad y demás letanías ideológicas. Capas y capas de burocracia que no han reducido ninguna brecha, no han bajado un solo gramo de CO₂ y no han evitado ni un solo escándalo, pero sí han disparado los costes de cumplimiento y enriquecido a un ejército de consultores. Mientras estas obligaciones vengan impuestas por directivas europeas, se transpondrán en el mínimo absoluto que permita la norma, sin un solo añadido ni una sola coma de más. Y a la vez, daremos en Bruselas la batalla por su revisión y eliminación. La empresa española no está para sostener la industria de la consultoría.
• Protección de datos en mínimos: fin del gold-plating español sobre el Reglamento europeo. El legislador español, en lugar de limitarse a lo que pedía Bruselas, ha multiplicado por cuatro la extensión de la norma, ha añadido derechos digitales nacionales, ha tipificado tratamientos específicos donde Europa no pedía nada y ha convertido a la Agencia Española de Protección de Datos en una máquina sancionadora que persigue especialmente a pymes y autónomos. Países como Estonia han resuelto lo mismo en quince artículos. Vamos a reescribir la Ley Orgánica de Protección de Datos en clave de mínimo imprescindible: solo lo que exige Bruselas, redactado de forma clara, breve y sin trampas. La AEPD pasará de organismo sancionador a organismo de ayuda y asesoramiento, especialmente para las pymes.
• Leyes de armonización para acabar con el caos autonómico. El Estado recuperará el uso del artículo 150.3 de la Constitución para imponer reglas comunes allí donde las Comunidades Autónomas han convertido España en diecisiete países distintos. Justicia, carreteras, comercio, sanidad, fiscalidad, educación o urbanismo no pueden seguir siendo un laberinto donde cada español tiene unos derechos, unas obligaciones y unos trámites distintos según el lugar en el que viva o trabaje. Un solo país, mismas reglas. El interés general de la nación está por encima del capricho de cualquier gobierno autonómico.
• Principio de mínima intervención o carga normativa. Toda nueva norma deberá aprobarse aplicando la alternativa menos restrictiva, menos burocrática y menos costosa posible para ciudadanos, autónomos y empresas. La Administración tendrá la obligación de justificar expresamente cualquier carga, trámite o limitación adicional que pretenda imponer.
• Fin del castigo a empresas y autónomos. En España, crecer se castiga. La empresa española no compite contra sus rivales: compite contra el Boletín Oficial del Estado. Mientras nuestros vecinos producen, contratan e innovan, aquí los empresarios y autónomos dedican la mitad de su tiempo a rellenar planes, registros, protocolos, auditorías e informes que no aportan absolutamente nada a su actividad. Cada empleado nuevo, cada euro facturado, cada año cumplido dispara automáticamente una nueva avalancha de obligaciones burocráticas. El autónomo que abre la persiana a las seis de la mañana no necesita un protocolo de desconexión digital: necesita que le dejen trabajar. La pyme que quiere contratar a su empleado número 50 no necesita un plan de igualdad: necesita que no la castiguen por crecer. Vamos a devolver a la empresa española a lo único que debería hacer: producir, contratar y prosperar.
• Fin de la trampa de los 50 empleados. Hoy, una pyme que pasa de 49 a 50 trabajadores se convierte de la noche a la mañana en un monstruo burocrático: plan de igualdad, plan LGTBI, auditoría retributiva, comité de seguridad y salud, canal interno de denuncias y un sinfín de obligaciones más. El resultado es previsible: miles de empresas se quedan congeladas en 49 empleados para no entrar en el infierno regulatorio. Empleos que no se crean, sueldos que no suben, españoles que no prosperan. Vamos a eliminar todas esas obligaciones que castigan a la empresa por el simple hecho de crecer.
• Derogación del plan de igualdad obligatorio. La igualdad ante la ley ya está garantizada por la Constitución. Obligar a cada empresa a redactar, negociar, registrar y revisar periódicamente un plan de igualdad es burocracia ideológica disfrazada de progreso. Se deroga.
• Derogación del plan LGTBI obligatorio. Ninguna empresa debe estar obligada a redactar planes para acreditar su adhesión a una agenda. Las empresas están para contratar a los mejores, no para certificar su corrección política. Se deroga.
• Derogación del protocolo de desconexión digital obligatorio. Las condiciones de trabajo se pactan entre empresa y trabajador, debiendo garantizar siempre unas condiciones laborales justas y dignas para todos los trabajadores. No hace falta un protocolo oficial registrado por triplicado para apagar el móvil al salir del trabajo. Se deroga.
• Derogación del plan de movilidad sostenible obligatorio. La Administración ya ha complicado bastante el transporte a todos los trabajadores bajo la excusa de la sostenibilidad ambiental. No podemos permitir más burocracia ideológica que hace perder tiempo y dinero. Se deroga.
• Prevención de riesgos laborales proporcional al riesgo real. En sectores con riesgo serio (construcción, química, siderurgia, manipulación de maquinaria pesada…), la prevención de riesgos es imprescindible y debe mantenerse con todas las garantías. La seguridad de los trabajadores no se negocia. Sin embargo, la aplicación universal y acrítica de la normativa a cualquier microempresa, sin importar la actividad que realmente desarrolla, ha llenado el día a día de las pymes españolas de cursos, protocolos y certificaciones sin la menor utilidad práctica, muchas veces ligados a los riesgos del convenio sectorial en el que están encuadradas y no a su trabajo real. Vamos a sustituir el modelo actual por uno basado en el riesgo real de cada actividad, no en el convenio formal de encuadramiento. Se eliminarán las exigencias formales y los cursos sin utilidad práctica, y las microempresas sin riesgo significativo quedarán sometidas a un régimen ultra-simplificado.
• Fin del registro horario obligatorio universal. El registro horario nació para perseguir abusos y ha terminado convertido en una carga absurda para teletrabajadores, profesionales por objetivos, autónomos con empleados y miles de pymes donde no tiene ningún sentido. Empresa y trabajador podrán acordar libremente cómo organizar y controlar el tiempo de trabajo. Quien quiera fichar, que fiche. Quien trabaje por objetivos, que trabaje por objetivos. La Administración intervendrá donde haya indicios reales de abuso, no para vigilar de forma generalizada a quien cumple.
• Una empresa, un único expediente administrativo nacional. Toda empresa operará en España con un único expediente digital interoperable ante Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Quedará prohibido exigir documentos, licencias o datos ya aportados ante otra Administración.
• Libertad para el comercio español. Que el comerciante decida. El pequeño comercio, la tienda de barrio y la pyme familiar llevan décadas asfixiados por una maraña de licencias duplicadas, etiquetas que cambian al cruzar una frontera autonómica y normas de envasado que multiplican costes sin aportar nada. Mientras el comercio online global vende sin restricciones, al comercio físico español se le ata de pies y manos. Devolveremos al comerciante la libertad para hacer prosperar su negocio.
• Libertad de promociones, rebajas y campañas comerciales. El comerciante debe poder organizar sus rebajas, ofertas y promociones como quiera y cuando quiera. Hoy, sin embargo, una maraña de normas estatales y autonómicas regula al detalle cuándo puede haber rebajas, cómo deben anunciarse y qué se considera «saldo», «liquidación» o «promoción», con calendarios cerrados, comunicaciones previas y requisitos que no protegen a nadie y solo entorpecen la actividad. Mientras tanto, el comercio online vende cuando quiere y como quiere, sin esas ataduras. Vamos a derogar todas esas restricciones a las rebajas, promociones, saldos y liquidaciones, y a devolver al comerciante la libertad plena para decidir sus campañas. Quien mejor sabe cómo atraer a sus clientes es quien se juega su propio negocio, no la Administración.
• Fin de la doble licencia comercial. Hoy, abrir un comercio mediano o grande en España exige sortear no una, sino dos vueltas administrativas: la municipal y la autonómica, esta última camuflada con frecuencia como «informe vinculante» que actúa como una autorización encubierta. Resultado: meses o años de espera, miles de euros en informes y un mensaje claro a quien quiere invertir en España: no lo hagas. Una sola licencia, un solo trámite, un solo plazo. Quien quiera abrir un comercio cumpliendo la ley, podrá hacerlo.
• Etiquetado y envasado: una sola norma para toda España, armonizada con Europa. El etiquetado y el envasado están en gran medida regulados por Bruselas mediante reglamentos de aplicación directa. En España, además, las Comunidades Autónomas han ido añadiendo capas propias: obligaciones lingüísticas distintas en cada territorio, sistemas de devolución de envases también distintos, exigencias adicionales que convierten la venta del mismo producto en diecisiete operaciones diferentes. Vamos a derogar todas las exigencias autonómicas que añadan requisitos por encima de la norma europea. Un mismo producto, una misma etiqueta, un mismo envase, válido en toda España y en toda Europa. En paralelo, defenderemos en Bruselas la simplificación de la normativa comunitaria de etiquetado y envasado.
• España tiene mucho potencial, pero los políticos lo bloquean. España tiene sol, viento, agua, capacidad industrial, ingenieros, suelo, recursos naturales bajo tierra y demanda. Tiene todo lo necesario para ser una potencia energética e industrial. Y, sin embargo, lleva años bloqueada. Bloqueada para conectar una nueva fábrica a la red. Bloqueada para construir una promoción de viviendas porque no hay potencia eléctrica disponible. Bloqueada para autorizar una línea, una subestación, una infraestructura. Bloqueada por ley para explotar sus propios recursos, mientras cierra por ideología centrales nucleares que funcionan y paga a Bruselas por el derecho a producir. Mientras China levanta fábricas enteras en meses, en España un proyecto industrial puede pasar más tiempo esperando informes que produciendo. La culpa no es de la geografía: es de las trabas que hemos puesto encima. Vamos a quitarlas y a devolver a España su soberanía energética e industrial.
• Fin del tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas. Hoy las eléctricas tienen prohibido invertir en redes por encima de un porcentaje ridículo del PIB. El resultado es que faltan líneas, faltan subestaciones y faltan puntos de conexión. Hay industrias que quieren venir a España y no pueden porque no hay enchufe. Hay promociones de vivienda paradas porque no llega la luz. Hay centros de datos que se van a otros países por la misma razón. Vamos a eliminar el tope a la inversión en redes para que España tenga la red eléctrica que necesita para crecer, contratar y construir vivienda.
• Tramitación exprés de redes eléctricas. Las autorizaciones para construir líneas, subestaciones y puntos de conexión a la red se resolverán en plazos máximos cerrados y con silencio administrativo positivo. Se acabaron los expedientes que duermen años en cajones administrativos mientras la economía espera. Quien pide conectar una fábrica, una vivienda o una nueva industria no puede recibir como respuesta un «vuelva usted dentro de cuatro años».
• Acceso real a la red para quien quiere invertir en España. Hoy buena parte de los nudos de la red eléctrica figuran como «saturados» sobre el papel, mientras se acumulan re‑ servas administrativas que nunca se materializan en proyectos reales. El resultado es absurdo: hay capacidad física, pero no hay capacidad jurídica. Y quien quiere abrir una fábrica, un centro logístico, una promoción de viviendas o un centro de datos se encuentra con la puerta cerrada. Vamos a hacer una limpieza profunda de los permisos de acceso y conexión que llevan años sin desarrollarse, devolver al mercado la capacidad bloqueada y establecer criterios objetivos que prioricen a quien de verdad va a construir y producir.
• Tramitación exprés del almacenamiento energético, con prioridad al bombeo hidráulico. Sin almacenamiento no hay aprovechamiento real de la energía que produce España: cuando hay sol y viento de sobra, los excedentes se desperdician; cuando no los hay, tiramos de gas caro y de importaciones. El bombeo hidráulico es la tecnología más madura, más eficiente y más probada del mundo para almacenar energía a gran escala, y España tiene una orografía y una red hidráulica privilegiadas para desarrollarlo. Sin embargo, lleva décadas bloqueado por una maraña de trabas administrativas, ambientales y autonómicas que han hecho inviable poner en marcha proyectos perfectamente sensatos. Vamos a establecer una tramitación exprés para los proyectos de almacenamiento energético, con plazos cerrados y silencio administrativo positivo, y a desbloquear de forma específica el bombeo hidráulico como infraestructura estratégica nacional.
• Agua: ni una gota más al mar mientras el campo se seca. España no tiene un problema de escasez de agua, sino de gestión. Cada año se tiran al mar cantidades ingentes de agua dulce, agua que podría regar nuestros campos, abastecer nuestra industria y dar vida a nuestros pueblos, mientras a pocos kilómetros hay regadíos resecos, cultivos perdidos y comarcas enteras sometidas a restricciones. No falta agua: falta infraestructura para llevarla de donde sobra a donde hace falta, y sobran décadas de trabas y bloqueos ideológicos que impiden construir un embalse, una balsa, una desaladora o una conducción. Aplicaremos a las infraestructuras hidráulicas la misma tramitación exprés que al resto: plazos cerrados, una sola evaluación ambiental y silencio positivo. E impulsaremos la interconexión de cuencas para convertir España en una auténtica autopista del agua.
• Una sola evaluación ambiental, en plazo cerrado y con consecuencias para quien incumpla. Hoy un mismo proyecto puede acumular evaluaciones ambientales, informes sectoriales autonómicos, informes municipales e informes de organismos de cuenca que se solapan, se contradicen y se eternizan. Una evaluación que la ley prevé en meses termina durando años. Vamos a establecer una sola evaluación ambiental por proyecto, con un plazo máximo tasado de cumplimiento estricto. Si la Administración incumple el plazo, el expediente caduca a favor del promotor y la Administración responderá por los perjuicios causados. La evaluación ambiental existe para proteger el entorno con seriedad técnica, no para servir de coartada burocrática indefinida.
• Fin de la duplicidad de informes ambientales y sectoriales. Cuando una norma europea o estatal ya exige un informe, no cabe que la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento exijan otro encima sobre lo mismo. Un proyecto, una autorización, un informe. La burocracia no protege el medio ambiente: lo que lo protege es una evaluación técnica seria y rápida, no diez informes que se contradicen entre sí.

PRIMERAS LEYES QUE DEROGAREMOS

Más allá de la infinidad de malas leyes que están en vigor en todos los ámbitos, y que derogaremos y/o reformaremos en cuanto tengamos la oportunidad, en materia de desregulación empezaremos derogando toda normativa que suponga un perjuicio para los españoles y que añada burocracia en los diferentes sectores económicos, si bien la mayoría de la carga regulatoria no reside en las leyes más conocidas, sino en el volumen acumulado de normativa de desarrollo, como reales decretos, órdenes ministeriales, circulares, instrucciones, o la normativa autonómica y local, que precisará de una intervención integral y sostenida en el tiempo.

• Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y todas las modificaciones en materia de vivienda previstas en el Real Decreto-ley 7/2019 y el Real Decreto-ley 11/2020.
• Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
• Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
• Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible.
• Ley 10/2025, de 26 de diciembre, por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
• La legislación sobre planes de igualdad en las empresas pre‑ vista en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tras la reforma del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, así como todo su desarrollo reglamentario.

PRIMERAS LEYES CUYA REVISIÓN Y REFORMA PROMOVEREMOS EN MATERIA DE DESREGULACIÓN

La organización territorial del Estado y el reparto de competencias, así como su transferencia y delegación, exige afrontar cada reforma atendiendo a los tres niveles del mapa competencial español y a su desarrollo individualizado. La mayoría de las re‑ formas necesarias en materia de desregulación no dependen de un solo nivel de gobierno (véase vivienda, urbanismo, industria, fiscalidad, gestión ambiental). Es indispensable, por tanto, acometer una reforma tanto de las normas de carácter básico como de aquellas que ejercitan la competencia material sustantiva.

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
• Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
• Estatuto de los Trabajadores.
• Real Decreto-ley 8/2019 en lo relativo al registro diario obligatorio de jornada.
• Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
• Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y su desarrollo reglamentario, en particular, el Código Técnico de la Edificación (CTE).
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.
• Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

PRINCIPAL NORMATIVA EUROPEA CUYA REFORMA EXIGIREMOS

La sobrerregulación que afecta a los españoles no se entiende sin los actos legislativos de la Unión Europea. Es imperativo impulsar ante las instituciones comunitarias la modificación o eliminación, en su caso, de las siguientes iniciativas reguladoras, como los reglamentos —vinculantes y de aplicación inmediata— y las directivas —de obligada transposición—, así como, en todo caso, la forma en que se transponen y aplican en España:

• Supresión de la normativa derivada del Pacto Verde Europeo.
• Revertir la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur y frenar su aprobación.
• Poner fin al Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.
• Reglamento 2020/852 sobre taxonomía ambiental europea.
• Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea (ETS), creado por la Directiva 2003/87/CE 2023/959 y modificado por la Directiva 2023/959, así como el Reglamento 2023/956 por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).
• Directiva 2024/1275 relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD).
• Reglamento 2019/631 por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos y la prohibición de la venta de coches de combustión interna a partir de 2035.
• Reglamento 2024/1991 sobre la restauración de la naturaleza.
• Reglamento 2021/2115 relativo a los planes estratégicos de la PAC (2023-2027), que condiciona el acceso a las ayudas de la PAC al cumplimiento de exigencias medioambientales.
• Reglamento 1107/2009 relativo a productos fitosanitarios y la Directiva 2009/128/CE sobre plaguicidas.
• Directiva 2022/2464 sobre información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD) y la Directiva 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CS3D).
• Directiva 2023/970 sobre igualdad retributiva y de mecanismos burocráticos para su cumplimiento.
• Directiva 2024/1233 relativa al procedimiento de permiso único de trabajo y residencia de trabajadores extracomunitarios.
• Reglamento 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial.

REESTRUCTURAREMOS TODA LA NORMATIVA QUE AFECTA ESPECIALMENTE A LOS SIGUIENTES SECTORES HIPERREGULADOS

• Empresa y trabajo: iniciar un negocio, contratar trabajadores o crecer como empresa no puede ser un infierno regulatorio y económico. Vamos a revertir esta tendencia, identificando los trámites, gestiones y cumplimientos normativos que lastran injustificadamente nuestra competitividad, encarnada en la fragmentación regulatoria —disparidad de normas, autorizaciones y licencias en distintos niveles competenciales y territoriales— que precisan un marco legislativo que garantice la unidad del mercado y la armonización.
• Energía: España debe caminar hacia la Soberanía Energética e Industrial. Una pieza clave para ello es la energía nuclear. Acabaremos con la presión regulatoria que se cierne sobre las centrales para garantizar un suministro estable frente a la intermitencia de las renovables y revertir el calendario de cierre de las centrales para garantizar una energía asequible para los españoles, derogando o suprimiendo toda disposición contraria a este fin, como las Órdenes relativas a los cierres definitivos de las centrales o las medidas fiscales de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, que recaen sobre las centrales, prorrogando con ello su vida útil.
• Industria: Reindustrialización de España. La vigente Ley de Industria data de 1992: más de tres décadas de desarrollo normativo que precisa de una actualización y armonización, tanto a nivel de rango de ley como reglamentario, para fomentar el desarrollo industrial de España, en particular en materia de autorizaciones, licencias, en favor de la declaración responsable y del silencio positivo de la administración, eliminando toda duplicidad, norma obsoleta o exigencia medioambiental que no sea conforme con el interés general.
• Sector primario: basta ya de un campo arruinado y sin relevo. España tiene que estar a la altura de su sector agrícola, frente a las trabas nacionales y procedentes de Bruselas. Acometeremos una revisión de toda la normativa en materia de PAC, registros, cuaderno digital, autorizaciones de riego, procedimientos en relación con la parcelación, fitosanitarios, plaguicidas, bienestar animal, cuotas y todas las trabas que arruinan nuestro campo. En VOX lo tenemos claro: silencio positivo, declaraciones responsables, fondos de compensación y muchos menos trámites.
  
  
  Texto PDF del Programa de Desregulación