Madrid (España), miércoles 22 de abril de 2026 (Lasvocesdelpueblo).-Una Proposición No de Ley de VOX pide prioridad nacional en la Asamblea de Madrid para los vecinos de la Comunidad de Madrid frente a la invasión migratoria. «7. Garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles».
A la Mesa de la Asamblea de Madrid
Doña Isabel Pérez Moñino-Aranda, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX EN MADRID en la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 205 y concordantes del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar para su debate ante el Pleno de la Cámara la siguiente Proposición No de Ley (PNL).
Madrid, 21 de abril de 2026
Isabel Pérez Moñino-Aranda, la portavoz
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO. – CONSECUENCIAS DE LA INMIGRACIÓN MASIVA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
El actual Estado de bienestar es fruto del esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que, con su trabajo y sacrificio, han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos. Sin embargo, dicho sistema se encuentra hoy sometido a una profunda crisis como consecuencia directa de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos, que, pese a la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles, no son capaces de asegurar la calidad y eficacia de esos mismos servicios públicos. A ello se suma un problema aún mayor, que ha provocado el colapso de esos servicios públicos y que ha terminado por deteriorar profundamente el sistema que con tanto esfuerzo se había conseguido edificar: la inmigración masiva y descontrolada.
En los últimos años se ha producido en España una profunda alteración demográfica, caracterizada por un incremento acelerado de la población residente que no responde al crecimiento natural de la población española – la cual, lejos de experimentar un aumento, ha registrado una disminución superior a 750.000 personas desde el año 2020 – sino a la entrada masiva de extranjeros. Y es que, en el transcurso de los últimos cinco años, España ha recibido cerca de tres millones de personas extranjeras, superándose por primera vez el umbral de diez millones de residentes de esta naturaleza. En el momento de la aprobación de la actualmente vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España («Ley de extranjería»), la población de origen extranjero en España no alcanzaba el cuatro por ciento del total.
En el año 2026, por el contrario, supera ampliamente el veinte por ciento. Este cambio no responde a una evolución natural, sino a una transformación profunda y deliberada de la sociedad española, impulsada por los sucesivos gobiernos del bipartidismo, que han optado no ya por tolerar, sino por fomentar un proceso de inmigración masiva. Las consecuencias de esta deriva han sido tan evidentes como alarmantes.
La inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, y además ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia.
Centrándonos en este último aspecto, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la criminalidad ha experimentado un incremento muy significativo en ámbitos de especial gravedad: el tráfico de drogas se ha incrementado en un 60,9%; las agresiones sexuales con penetración en un 215,2%; los delitos contra la libertad sexual en un 56,7%; los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa en un 77,2%; y los delitos graves o menos graves de lesiones y riña tumultuaria en un 72,4%. En 2024 la tasa de condenados totales extranjeros fue del doble que la de los españoles. Esta proporción se cumple en los tipos delictivos más graves como el homicidio e incluso aumenta al triple para delitos sexuales o robos.
El 68% de los detenidos por delitos sexuales en el País Vasco en 2025 fueron extranjeros según la propia policía regional vasca. En 2024, tres de cada cuatro detenidos en Barcelona capital por agresión sexual eran extranjeros y el 91% de los condenados en toda Cataluña por violación no tenían nacionalidad española.
De otra parte, más allá de este deterioro creciente de la seguridad, y de factores como el estancamiento persistente de los salarios reales, los evidentes problemas de integración, y la saturación de los servicios y recursos públicos, concurre asimismo una grave situación de emergencia habitacional que agrava aún más este escenario.
Una parte importante de los beneficiarios de ayudas al alquiler corresponde a población de origen extranjero, mientras amplios sectores de españoles ven reiteradamente frustrado su acceso a dichas prestaciones, pese a ser quienes, con su esfuerzo, sostienen el sistema.
Asimismo, miles de personas fallecen cada año sin haber recibido la atención que les corresponde en el sistema de dependencia, y más de una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza.
Todo lo cual evidencia el colapso de los servicios públicos y en especial del sistema sanitario, tensionado por un incremento constante de la demanda que las propias políticas migratorias han propiciado. Pero lo más importante es que con sus políticas en esta materia los sucesivos gobiernos han evidenciado una completa indiferencia ante la total pérdida de cohesión del pueblo español como comunidad nacional.
La llegada masiva de tantos inmigrantes en tan poco tiempo está unida a la disminución de la población autóctona, provocada a su vez por cambios en la estructura económica y en el modo de vida en los cuales el bipartidismo tiene asimismo una responsabilidad directa.
Ambos procesos están causando una sustitución progresiva de la población de España. Las denominadas «políticas de puertas abiertas» han sido el instrumento de esta deriva, cuyos efectos ya se hacen visibles en la desaparición de la identidad de nuestros barrios, en la alteración de sus formas de vida y en la ruptura de los vínculos sociales que durante generaciones habían vertebrado nuestra convivencia.
Este proceso de sustitución progresiva se ha visto reforzado por un sistema legal que no solo ha permitido, sino que en la práctica ha favorecido la llegada masiva de población extranjera, imponiendo simultáneamente a los españoles la carga de sostener sus consecuencias.
De este modo, quienes con su esfuerzo contribuyen al sostenimiento del Estado han sido injustamente igualados, cuando no postergados, en el acceso a unos servicios públicos que son fruto de su propio trabajo y sacrificio.
SEGUNDO. – LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES ILEGALES POR EL ACTUAL GOBIERNO
Recientemente el Gobierno de España ha aprobado dos normas que intensificarán aún más los problemas que sufre nuestro país por efecto de la inmigración masiva. Una de ellas es el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.
Esta norma permite a todos los inmigrantes ilegales acceder al Sistema Nacional de Salud, premiando de esta manera a quienes vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio o para permanecer en él.
Más grave, si cabe, es la aprobación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Este Real Decreto, como indica su nombre, modifica el Reglamento de la Ley de extranjería con finalidad de regularizar a, por lo menos, medio millón de extranjeros que se encuentran ilegalmente en España, si bien existen cálculos que elevan enormemente esa previsión.
Estas medidas tienen a medio plazo un innegable propósito electoral: conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva.
Esto no es una suposición: es público y notorio que la decisión del Gobierno de proceder a la regularización masiva de inmigrantes ilegales, aunque asumida como propia sin ningún problema, obedeció a un pacto suscrito en enero de este año 2026 con el partido Podemos; y que Irene Montero, dirigente de dicha formación, proclamó el día 31 de ese mes lo siguiente: «ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora, claro que yo quiero que haya reemplazo».
En todo caso, es inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas. Y también lo es que cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo.
TERCERO. – LA ALTERNATIVA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE PRIORIDAD NACIONAL
Es inaplazable poner término a una realidad que contradice los principios más elementales sobre los que debe asentarse toda comunidad política. El Estado y el entramado institucional no existen por mero formalismo, sino para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bienestar de quienes son parte de la comunidad nacional.
Es más, la propia jurisprudencia constitucional afirma que «existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros; existen otros que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces inadmisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio» (STC 107/1984, de 23 de noviembre). De ello se desprende que la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política.
No se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa, sino de afirmar un criterio de justicia retributiva vinculado al deber primario de todo gobierno: atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional. Esta prioridad no es sino la expresión de un compromiso social arraigado en la idea de pertenencia y en la obligación de proteger a los más vulnerables entre los propios. Por supuesto la prioridad nacional en ningún caso supone conflicto con la inviolable dignidad de la naturaleza humana: la comunidad siempre debe garantizar la asistencia en situaciones de urgencia vital y el amparo básico. En este sentido, se ha de destacar el reciente Acuerdo de Gobierno en Extremadura, el cual ha incorporado expresamente gracias a VOX el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda.
Este Acuerdo de Gobierno, que sin duda aspira a transformar Extremadura y a servir de modelo para toda España, apuesta reformar el marco normativo vigente, adecuándolo a las necesidades y exigencias de justicia social que reclama el pueblo español. Legislar no puede ser un ejercicio ajeno a la realidad: ha de hacerse con sentido de responsabilidad, con firmeza y con lealtad hacia España y hacia los españoles.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX EN MADRID presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a lo siguiente:
1. Garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles.
2. Repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra Nación; así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles.
3. Garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda: para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.
4. Garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario.
5. Derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.
6. Aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que se han llevado a cabo por medio del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal.
7. Garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles.
8. A los efectos del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, la insuficiencia de recursos económicos se determinará atendiendo no solo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen. En cualquier caso, no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio naciona