Agencias – La Sindicatura Electoral, órgano clave encargado de supervisar el referéndum separatista del uno de octubre en Cataluña (1-O), cederá el relevo a «otros entes de observación» a petición del Gobierno de la Generalidad de Cataluña del presidente Carles Puigdemont, que da ya por finalizados sus trabajos, tras las multas impuestas por el Tribunal Constitucional (TC), han explicado a Efe fuentes de la Generalidad. Barcelona (España), viernes 22 de septiembre de 2017. Fotografía: El presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont. Archivo Efe.
Ayer, el TC decidió multar con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalidad, Josep Maria Jové, y a los síndicos electorales del 1-O, que según la ley del Referéndum debían desempeñar unas funciones análogas a las de una junta electoral.
Justamente, hoy el gobierno de Carles Puigdemont ha acordado destituir de su cargo a Jové, detenido como uno de los organizadores del 1-O, para librarlo de la multa prevista por el TC, si bien formalmente no puede hacer lo mismo con los miembros de la Sindicatura Electoral, porque fueron nombrados por el Parlamento de Cataluña.
El Gobierno catalán, han señalado las fuentes consultadas, «agradece» a la Sindicatura Electoral de Cataluña la «finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum» y pide a sus miembros que cedan el testigo a «entes públicos, académicos e internacionales», para que «sigan observando el desarrollo efectivo» del 1-O, suspendido por el TC.
Asimismo, el ejecutivo catalán denuncia la «ofensiva autoritaria de los organismos político-judiciales del Estado español contra un ente electoral escogido por el Parlament e integrado por profesionales académicos de reconocido prestigio».
A los síndicos electorales, señalan desde el Govern, se les quería «imponer más de dos millones de euros de multa por seguir desarrollando sus funciones como organismo independiente», mientras «están siendo perseguidos penalmente por una querella de la Fiscalía».
Esta petición, han explicado fuentes de la Generalidad, «ha sido atendida» por la Sindicatura Electoral, que «formalizará la renuncia de sus miembros hoy mismo para ceder el testigo de observación del referéndum a otros entes públicos y académicos que se comunicarán en los próximos días».
El gobierno catalán sigue asumiendo «todas las funciones» como administración electoral, así como la «coordinación con otras instituciones catalanas que serán seguidas por las dos misiones de observación internacional y las decenas de visitantes que ya han sido acreditados para garantizar el normal funcionamiento del referéndum».
Según la Generalidad, el traspaso de funciones de la Sindicatura Electoral no merma las «garantías» del 1-O, porque «todos los procesos y medios que lo sostienen ya han sido debidamente supervisados y validados» por este órgano.
El Govern ofrecerá asistencia a las acciones que la Sindicatura prevé elevar a instancias internacionales «por la persecución judicial y la falta de garantías procesales a los que el TC y la Fiscalía han sometido» a los síndicos electorales.
El pasado 6 de septiembre, ya de madrugada y después de aprobar la ley del Referéndum, el pleno del Parlament eligió, con el rechazo de la oposición, a los cinco candidatos presentados por JxSí (ERC y Convergencia PDECAT) y la CUP para comandar la Sindicatura Electoral.
Sus cinco miembros han sido: Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la UB, que ha presidido el órgano; Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad desde febrero de 2016; la abogada Marta Alsina; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF; y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional de la UAB.
