Efe – El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha atribuido la petición de una juez al Tribunal Supremo para que le impute por un caso de presunto fraude y prevaricación por desvío de fondos en la gestión de la compañía municipal de aguas cuando era alcalde de Girona a que «buscan» su extradición «como sea». Bruselas (Bélgica), jueves 5 de marzo de 2020.
Una juez de Girona ha pedido al Tribunal Supremo que impute a Puigdemont por la presunta compra en 2014 de obras de arte con fondos públicos de la gestión del agua durante su etapa como alcalde gerundense, en un caso abierto a raíz de una querella de la CUP.
Desde Waterloo (Bélgica), que es donde reside actualmente Puigdemont, el expresidente ha lamentado esta nueva imputación que podría pesar sobre él si prospera la petición de esta juez de Girona, y lo ha hecho a través de dos tuits en su perfil de esta red social.
«Hace un año, cuando salieron informaciones con los mismos elementos que salen ahora, mi abogado ofreció al fiscal mi declaración voluntaria», explica Puigdemont, porque «el intento de ensuciarme alegremente era claro y yo lo quería cortar de raíz».
Sin embargo, añade el expresidente, el fiscal «dijo que no me estaba investigando, y lo descartó» con lo cual «ellos sabrán por qué razones han decidido esperar a este momento».
Según Puigdemont, él tiene «sospechas más sólidas que sus acusaciones», y concluye afirmando en su mensaje en Twitter, que lo que «buscan» quienes pretenden imputarlo es su extradición «como sea».
Fuentes judiciales han indicado a Efe que la sala de lo penal del Tribunal Supremo ya tiene sobre la mesa la exposición razonada remitida por la titular del juzgado de instrucción número 2 de Girona, elevada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación abierta por el supuesto desvío de fondos públicos en la gestión de la compañía municipal de aguas, Agissa.
En su exposición razonada remitida al Supremo -dado que Puigdemont goza de la condición de aforado al ser eurodiputado-, la juez pide al alto tribunal que abra un nuevo procedimiento contra el expresidente catalán, en este caso por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.
La CUP interpuso en el año 2015 una querella contra los responsables de Agissa y Girona SA por apropiación indebida y administración desleal, mientras la Fiscalía Anticorrupción asumió la investigación de las supuestas irregularidades en julio de 2017.
