Puigdemont denuncia al pueblo español ante la ONU

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FOTOGRAFÍA. INEBRA (SUIZA), 20.12.2018. El huido delincuente expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont responde a los periodistas durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra, Suiza, hoy, 20 de diciembre de 2018. Puigdemont se mostró hoy aliviado por la decisión de cuatro políticos presos independentistas de terminar la huelga de hambre que hacían para denunciar lo que consideran inacción del Tribunal Constitucional español frente a sus recursos de amparo. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU -denominadas “recomendaciones”- no son vinculantes y los Estados tiene potestad para cumplirlas o no. Los plazos habituales para que el procedimiento se desarrolle y culmine pueden extenderse hasta cinco años. El primer paso es la admisibilidad de la demanda, lo que el Comité sólo podrá decidir una vez que haya recibido y analizado las observaciones de ambas partes. Por el momento, la ONU sólo ha procedido al “registro” de la denuncia. Ginebra (Suiza), viernes 21 de diciembre de 2018. Fotografía: GINEBRA (SUIZA), 20.12.2018. El huido delincuente expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont responde a los periodistas durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra, Suiza, hoy, 20 de diciembre de 2018. Puigdemont se mostró hoy aliviado por la decisión de cuatro políticos presos independentistas de terminar la huelga de hambre que hacían para denunciar lo que consideran inacción del Tribunal Constitucional español frente a sus recursos de amparo. Efe

El delincuente golpista Carles Puigdemont y cinco presos golpistas han anunciado este jueves, 20 de diciembre de 2018, que han presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU sendas denuncias por lo que consideran la violación de sus derechos civiles y políticos, amparados por una convención internacional de la que España es un Estado parte.

Además de Puigdemont, han presentado las denuncias el exvicepresidente Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU es el órgano que verifica periódicamente que los Estados cumplen con la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Asimismo es competente -en el caso de los países que han ratificado un protocolo adicional, como lo hizo España en 1985- para examinar quejas individuales contra ellos.

Sin embargo, las decisiones del Comité -denominadas “recomendaciones”- no son vinculantes y los Estados tiene potestad para cumplirlas o no.

El representante legal de los denunciantes, Nico Krisch, ha explicado que dicho cinco de políticos que han presentado la denuncia están presos y otro (Puigdemont) “se ha exiliado debido a sus actividades políticas” y ha opinado que el objetivo del proceso judicial abierto en su contra es “decapitar un movimiento independentista pacífico”.

A su juicio, “esto es una grave interferencia al orden democrático y una violación del derecho internacional”.

El Comité celebra sus sesiones en la sede del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y es allí donde se presentaron las denuncias el pasado martes, ha dicho Krisch.

Puigdemont, quien está huido de la Justicia española desde finales de octubre de 2017, ha participado hoy en la rueda de prensa y ha dicho que “no es la primera vez que presentamos una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, pero esperamos que sea la última”.

Puigdemont y Sànchez ya presentaron el pasado marzo denuncias ante esta misma instancia por la supuesta interferencia que a su juicio han sufrido para ejercer sus derechos políticos, y la nueva demanda añade elementos a la original, ha explicado su abogado.

Marta Rovira, secretaria general de ERC y huida en Suiza, ha considerado que la acción ante la ONU tiene el objetivo de defender a los parlamentarios catalanes encarcelados “que no pueden votar, debatir ni recibir sus salarios”.

“Su suspensión no sólo violó sus derechos políticos y civiles, sino el de los dos millones de personas que votaron por ellos”, ha opinado.

Preguntado sobre las repercusiones reales que puede tener esta denuncia, Krisch ha precisado que lo que se quiere es “llamar la atención de la ONU y de otras instancias internacionales de derechos humanos”.

“Esto no implicará una solución a corto plazo porque son procedimientos que toman tiempo, pero lo importante es que después haya un pronunciamiento claro (del Comité) de que hubo violación de derechos”, ha indicado.

Los plazos habituales para que el procedimiento se desarrolle y culmine pueden extenderse hasta cinco años.

El primer paso es la admisibilidad de la demanda, lo que el Comité sólo podrá decidir una vez que haya recibido y analizado las observaciones de ambas partes.

Por el momento, la ONU sólo ha procedido al “registro” de la denuncia.

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