Barcelona (Reino de España), sábado 3 de agosto de 2024 (Lasvocesdelpueblo).- El fugado de la justicia española Carles Puigdemont: Mi estancia en prisión puede ser larga. Así se puede resumir la carta pública de tres páginas del golpista prófugo y líder de Junts per Catalunya (JxCat) tras conocer que Cataluña sufrirá los próximos 4 años un tripartito entre ultraizquierda separatista Esquerra republicana de Catalunya (ERC), ultraizquierda proseparatismos Catalunya en Comú Podem (Els Comuns) -marca blanca de Sumar en cataluña- y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) -marca blanca del PSOE en Cataluña- con el candidato a la investidura y líder del PSC, Salvador Illa Roca, de nuevo president del Govern de la Generalitat de Catalunya.
La carta, en dialecto catalán, que este diario digital español va a publicar íntegramente su transcripción en español/castellano, a continuación, es una clara campaña de desprecio al Reino de España y sus instituciones y, sobre todo, muestro a un derrotado Puigdemont que parece haberse quedado sin opciones dado que se esperaba una repetición electoral o un acuerdo PSC y JxCat para una abstención al debate de su investidura. De hecho, siempre había dicho que volvería a España para asistir al debate de investidura (como candidato a la investidura), situación que dificultaría su detención antes de que se acabara el debate de investidura porque una detención de un candidato a la investidura interrumpiría el proceso democrático. También, sabía que si es investido nuevo presidente del Govern de la Generalitat de Catalunya obviamente este nuevo escenario complicaría su detención. Ahora, con el acuerdo ERC y PSC, Puigdemont sabe que al pisar el suelo soberano del Reino de España son los propios Mossos d’Esquadra que se encargarán de su detención y entrega a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil).
Carta de Puigdemont
Siete años en la amnistía, la investidura y la cárcel
He pasado casi siete años en el exilio. Fui cargado de incertidumbres, pero convencido del camino que podía recorrer protegiendo a la institución de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que acababa de ser ilegítimamente destituida por la decisión del PP y del PSOE. Había que preservarla, como fuere, del intento de liquidarla, y proteger el derecho de los catalanes a tomar libremente sus decisiones.
La Presidencia de la Generalidad no es una institución cualquiera. No lo es en términos políticos ni tampoco en términos históricos; de hecho, es una institución excepcional. Se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos, desde que en 1359 se nombró a Berenguer de Cruïlles como primer presidente. La sucesión en la presidencia se interrumpió en 1714, recuperándose formalmente en 1931, año a partir del cual el cargo se ha ido renovando fuera en el exilio, fuera en el interior.
Mi exilio partía de la idea de que era necesario asegurar aquella continuidad institucional histórica que las principales fuerzas españolas habían querido interrumpir con la aplicación abusiva del artículo 155 de la Constitución y el inicio de la causa general contra el independentismo. Si bien desde un punto de vista constitucional, entre el 27 de octubre de 2017 y el 17 de mayo de 2018 la presidencia de la Generalidad estuvo intervenida por el Gobierno español, desde el punto de vista de la legitimidad histórica de la institución , la presidencia continuó ocupada en exilio. E1 2018 la presidencia fue legada al presidente Quim Torra a través del Parlament de Catalunya. La continuidad había sido salvada.
Una vez asegurada esta continuidad institucional, era necesario poder mantener la posición política y defenderse de la represión española en mejores condiciones de lo que no se puede hacer desde una cárcel, ni mucho menos desde una cárcel española. Es lo que he procurado hacer a lo largo de estos casi siete últimos años, convencido de que los resultados de este esfuerzo, sumados a los resultados de los esfuerzos desde el interior de todos los que iniciamos el camino de la independencia de Catalunya, deberían de servir para preparar mejores condiciones y reanudar la lucha. Todo lo que hemos hecho, a algunos siempre les parecerá poco.
A otros, claro, demasiado. Sea poco o sea mucho, sea con éxito o sea con fracaso, lo que se ha hecho ha sido, se mire como se mire, extraordinario y excepcional. Sólo una visión muy pequeña y de corto vuelo puede quitar mérito —que no significa discutir su acierto o sus resultados— a lo que hemos sido capaces de hacer en condiciones terriblemente adversas.
La lista de lo alcanzado es muy larga, en un combate que ha sido diario. Todos los días, en todos los frentes; asumiendo riesgos y afrontado una exposición pública creciente frágil a la vez, porque debía batallarse prácticamente sin red de seguridad. En la intemperie muchas veces. Y yendo a contracorriente, debiendo luchar contra un adversario muy poderoso y con recursos económicos, humanos y técnicos ilimitados.
Los logros alcanzados y la actitud siempre combativa y sin hacer concesiones ni a la nostalgia ni al victimismo han relativizado, sin embargo, las enormes diferencias entre los dos bloques en conflicto y han impedido valorar la trascendencia y la importancia de las ganancias logradas. La internacionalización y las victorias en tribunales de diferentes estados europeos, la litigación estratégica en el Tribunal de Justicia de la unión Europea (TJUE) y también en el Consejo de Europa, todo ello ha sido amplificado o directamente logrado por la existencia de un exilio militante que ha aprovechado todas las tribunas que ha tenido delante.
Todo esto ha comportado un desgaste muy grande, sobre todo porque la represión del Estado se ha incrementado a medida que íbamos manteniendo la posición y fracasaban en su intento de liquidarnos. Nos han puesto en el centro de todas las dianas, se han orquestado durante años campañas de difamación masiva y se han abierto multitud de frentes judiciales con el objetivo de agotar nuestras fuerzas y provocar el efecto disuasorio que toda represión comporta. Como en todo conflicto híbrido, se ha atacado nuestro entorno para intimidarlo y neutralizarlo, buscando nuestro aislamiento y desconexión, y se ha llevado a cabo una guerra narrativa basada en falsedades que todavía dura, con espionaje y herramientas de violencia política que nos equiparan a movimientos terroristas para desacreditar a todo un movimiento democrático y no violento.
Y, sin embargo, hemos continuado plantando cara e intentando explicarnos allá donde nos han dejado explicar, intentando contrastar los ataques permanentes de la poderosa maquinaria de propaganda española que no ha escatimado esfuerzo ni recurso alguno. Desde aprovechar funcionarios españoles de las instituciones europeas hasta medios de comunicación entregados a su causa patriótica, pasando por jueces, fiscales, policías, empresarios y profesionales diversos, y una legión de voluntarios y espontáneos activados desde que les dio permiso de ir «a por todos nosotros». Y que se creen con derecho a amenazarte, insultarte o vejarte a veces sólo por el hecho de hablar en catalán.
A partir de las elecciones generales del 2023, algunas cosas empezaron a cambiar. Se abrió la puerta a la posibilidad de neutralizar la represión desatada desde el 2017 y anular sus consecuencias judiciales, con la idea de que esto ayudara a crear las condiciones para un proceso de negociación con el gobierno español que volviera a la política un conflicto que sólo puede resolverse desde la política.
En el llamado Acuerdo de Bruselas fijábamos la necesidad de una amnistía integral como parte esencial de estas condiciones, sin la cual no se podía hacer política de forma libre. La estrategia de los indultos era una estrategia española; la de la amnistía es una estrategia catalana. Había que acabar con las condenas, los procesos judiciales, las causas secretas, los exilios y toda la criminalización contra el independentismo si el Gobierno español quería mantener una negociación con quien le proporciona los votos imprescindibles para gobernar. Por primera vez en todos estos años se vislumbraba la posibilidad de una amnistía real y del fin de exilio, así como la posibilidad de hacer política en condiciones de mínima normalidad.
La tramitación de la ley desató una verdadera tormenta social, política y mediática en España, que tuvo un gran eco en las instituciones europeas y en los medios internacionales. Nadie dudaba de que la ley era fruto de un acuerdo político con el independentismo que permitía al PSOE sostenerse en el Gobierno español, pero tampoco nadie tenía ninguna duda sobre cuáles eran los destinatarios de la ley y qué resultados se buscaban.
Después de una negociación más larga y difícil de lo que nosotros habríamos querido, se llegó a un acuerdo en el redactado de la ley que fijara claramente lo que entraba en el ámbito objetivo de la amnistía. El redactado cerraba la puerta a las interpretaciones perversas a las que nos tienen acostumbrado los jueces patrióticos y sólo les dejaba una única opción si querían evitar los efectos de la ley: el incumplimiento. Es decir, la rebeldía contra las instituciones democráticas.
Y, en efecto, han urdido una estrategia para incumplir la ley sabiendo que los responsables que deberían castigarles por esta vulneración democrática siempre serán… ellos mismos. Se han mofado de la ley, que es lo mismo que decir que se han mofado de las Cortes españolas y de la democracia, sabiendo que esto, no tendrá ningún coste para ellos en ningún sentido: ni personal ni profesional. Así, España nunca podrá ser un estado de derecho mientras los jueces desobedecen al Parlamento y, sobre todo, si cuando lo hacen no les pasa nada.
En este contexto, que yo denomino de golpe de estado híbrido, sé que mi regreso puede comportar la detención y el ingreso en prisión, quién sabe por cuánto tiempo. Si salen adelante, imagino lo que me espera y sé lo que tengo que hacer. También lo que no debo hacer; por ejemplo convertirme en objeto de negociación ni abonar ninguna decisión política que comporte renunciar a la lucha. Pero más allá de si existe la detención tan largamente esperada o si fracasan en el intento, lo que no cambiará serán dos cosas. La primera, la necesidad de la independencia como única alternativa a la supervivencia nacional, social, cultural, lingüística, económica y democrática de Cataluña.
La pertenencia al Estado español nos hunde en la decadencia en todos estos aspectos, como queda acreditado observando las cifras oficiales. Y nos ata a un sistema originalmente corrupto, asfixiante para las minorías e irreparablemente centralista. Para ello, los poderes del Estado han empleado un nivel de violencia política incompatible con la democracia, como ha reconocido el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
La segunda, mi determinación personal en defender la causa de la independencia en cualquier situación y en cualquier contexto, sin renuncia alguna. Ni a la negociación bilateral cuando se den las condiciones, ni a la acción unilateral también cuando sea la única alternativa a nuestro alcance. Ambas son democráticamente legítimas, especialmente cuando se impide y criminaliza el ejercicio democrático de derechos humanos colectivos.
La decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat hace que la detención sea una posibilidad real dentro de muy pocos días. Siempre he sido consciente de ese riesgo. Pero he preferido esperar a publicar este texto después de conocer la decisión de los militantes republicanos para que no se me acusara ni de chantajear emocional —lo que en los siete años en el exilio he rehuido siempre— ni de interferir en el proceso interno otra formación política.
Las críticas al acuerdo se han centrado siempre en el impacto negativo que tendrá para Catalunya un gobierno de carácter españolista. Un Gobierno alérgico a la plena normalización de la lengua catalana y que no tendrá ninguna capacidad de negociación real con el gobierno español para resolver un conflicto histórico, que no es entre catalanes, sino entre Cataluña y España. Y porque creo que antes de dar los votos para un gobierno del PSC en Catalunya era necesario explorar otras alternativas, incluida la repetición electoral en nuevas condiciones.
En cualquier caso, el riesgo de detención ha provocado varios comentarios y reflexiones, también muchos mensajes personales, en torno a la idea de si merecía la pena arriesgar la cárcel por intentar asistir a un debate de investidura que
no fuera el mío. Hay gente que me ha pedido que, dadas estas circunstancias, reconsidere mi compromiso de regreso.
A todos les he explicado las razones por las que es necesario mantener el compromiso, y que así como ir al exilio fue una decisión política, volver también lo es. Desde el principio he sido el objetivo de muchas campañas de desprestigio y ataques personales sin ningún tipo de consideración y rigor, de una deshumanización completa y persistente. Fui víctima de una campaña ignominiosa cuando en las elecciones del 2017 anuncié que volvería si era investido presidente de la Generalitat. El pleno en el que debía votarme fue suspendido a última hora y naturalmente no volví.
Visto lo que hemos conocido con el escándalo de las campañas de guerra sucia organizadas por ERC, tengo pocas dudas de cómo se alimentó aquella campaña de desprestigio, un patrón que ahora nos encontraríamos con mayor intensidad: de la comprensión inicial por quedar -me unos años más en el exilio trabajando y ahorrar la cárcel, pasaríamos a una nueva campaña de denigración personal de gran envergadura que tendría consecuencias muy difíciles de asumir por mí y por todo lo que defiendo.
La política catalana ha entrado en una nueva etapa, compleja y difícil y requiere que haya organizaciones capaces de devolver confianza y esperanza a la gente que sueña con una nación libre y próspera. Hay que expulsar las malas artes y la toxicidad como tácticas de ganancias partidistas y debemos dirigirnos sin subterfugios ni viciadas estrategias de comunicación a toda aquella gente que ha dejado de confiar en la política como vehículo para discutir de los problemas y resolver el futuro . Gente que se ha quedado en casa o que milita en otros partidos, o cree que fórmulas simples y automáticas resolverán cuestiones enormemente complejas y cambiantes.
Si me detienen, no será la primera vez. He estado en una cárcel alemana y en otra italiana; he sido arrestado en una comisaría belga y he sido convocado por la policía antiterrorista francesa. Todo esto, cómo no, por órdenes del aparato judicial español. Lo relevante no será éste.
Lo verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español lo mira con la indolencia del resignado. Hace más aspavientos porque un juez imputa a la mujer del presidente del Gobierno y le cita a declarar que cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única ley de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución. Quien piense que esto no tendrá consecuencias, se equivoca.
Verme encarcelado ha sido el sueño frustrado de los perseguidores españoles durante siete años. Para ello tendrán que violar muchas cosas. No es sólo la ley de amnistía; es embarcarse en una detención ilegal y desobedecer a las decisiones internacionales que han adoptado el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de los presos políticos catalanes.
Sé que todo esto ni los calienta ni los enfría; se joden igual. Pero en la lucha por la independencia, en este largo camino por salir del sistema español que nos compromete la existencia como nación, esta actitud antidemocrática y antiliberal de los aparatos del Estado no es baladí.
Al margen de las estrategias y de las etiquetas políticas de cada uno, la grave anomalía democrática que representaría la detención debe entenderse en dado de confrontación contra un régimen demofobico y no de lamento o de victimismo. Tenemos mucho trabajo pendiente, y somos muchos los que decimos que se debe continuar y terminar. Que ninguna prisión ni amenaza nos vuelva a dividir y paralizar, ni a descarriar el sentido de nuestra lucha: no es contra la represión que trabajaremos por la independencia, sino que es trabajando por la independencia que confrontaremos y conjuraremos la represión.
No puede haber estrategia antirrepresiva si antes no existe una estrategia por la independencia, y tampoco puede haber estrategia por la independencia si no hay una nacional, de país, al servicio de la defensa de Cataluña contra quienes quieren liquidarla como nación.
Como me comentó una asistente al acto que organizamos en los Baños de Arles, no se trata de derramar lágrimas sino de sacar las garras.
¡Vis Catal ya libre!
Carles Puigdemont Casamajó «130º» Presidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña
Waterloo (Bélgica), 3 de agosto de 2024| Puigdemont: Mi estancia en prisión puede ser larga.
