Puigdemont pide investigar a los españoles y castigar a España con el «Tratado de Lisboa»

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FOTOGRAFÍA. Studium Generale College Tour (Holanda), 13.02.2019. El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont visita el Studium Generale College Tour. Efe.

Efe – El artículo 7 del Tratado de Lisboa se ha activado solo en primera fase para Polonia y Hungría, pero nunca se ha llegado hasta el final, retirar el veto de los países en las decisiones del Consejo. El expresidente huido a Bélgica señaló que si la CE no aceptara el registro de su Iniciativa Ciudadana Europea considera que hay «jurisprudencia válida» para recurrir el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Si se admite a trámite la iniciativa por parte de la CE, deberán recoger para formalizar su validez un millón de firmas de apoyo de al menos siete países distintos. Bruselas (Bélgica), jueves 2 de mayo de 2019. 

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como máximo dirigente del llamado Consell de la República, así como la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, anunciaron este jueves la presentación de una Iniciativa Ciudadana Europea para que se investigue y se castigue a España, en su caso, por supuesta vulneración de derechos de las minorías, entre otros valores fundamentales de la UE.

Esta Iniciativa Ciudadana Europea, explicaron, tiene el objetivo final de que se aplique contra España el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que se activa cuando un país no respeta los derechos y principios fundacionales comunitarios y permite que el Estado miembro denunciado deba dar cuentas de su respeto a los derechos y valores europeos, so pena de sanciones como la privación de veto en las decisiones del Consejo Europeo.

Entre otros ejemplos de derechos fundamentales que consideran quebrantados están «el deficiente reconocimiento y escaso respeto de los derechos de las minorías», «la politización de las altas instancias jurisdiccionales» españolas, «la utilización espuria» de mecanismos como las euroórdenes, o «la vulneración de derechos civiles y políticos», punto este último en el que han incluido el caso de la exclusión del propio Puigdemont de las listas a las elecciones europeas.

«Los ciudadanos tenemos que implicarnos en defensa de la democracia, los que creemos en la Europa como espacio de protección de los ciudadanos y no solo de los Estados», explicó en rueda de prensa Puigdemont, quien dijo lamentar que «el Estado español esté tristemente contribuyendo a la democracia europea».

El expresidente huido a Bélgica, acompañado también de los también huidos y excluidos de la candidatura de «JuntsxCat» Clara Ponsatí y Toni Comín, señaló que si la CE no aceptara el registro de su Iniciativa Ciudadana Europea considera que hay «jurisprudencia válida» para recurrir el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su parte, Paluzie explicó que son siete ciudadanos de siete Estados miembros, como marcan los requisitos legales, quienes firman la Iniciativa (España, Francia, Alemania, Bélgica, Finlandia, Suecia y Eslovenia).

Si se admite a trámite la iniciativa por parte de la CE, deberán recoger para formalizar su validez un millón de firmas de apoyo de al menos siete países distintos.

El artículo 7 de los tratados se ha activado solo en primera fase para Polonia y Hungría, pero nunca se ha llegado hasta el final, retirar el veto de los países en las decisiones del Consejo.