Lasvocesdelpueblo y Agencias – Así se recoge en las conclusiones de los demandantes: Carles Puigdemont Casamajò; y los exconsejeros autonómicos del Gobierno golpista —cesado por el Artículo 155 de la Constitución española el pasado final de mes de octubre de 2017— Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, todos ellos perseguidos por la justicia española por su presunta responsabilidad en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, presentadas esta semana ante el Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas (Bélgica). Los huidos separatistas demandantes, en su escrito presentado al juzgado belga, consideran que esa «intervención voluntaria» de España en defensa de uno «de uno de sus órganos» judiciales permiten extender la demanda al Estado español. «El Reino de España pretende así endosarse la responsabilidad de los actos de su órgano» y, por tanto, «los demandantes extienden su demanda al Reino de España», señala el escrito de conclusiones. La demanda, que compara a España con Kazajistán o República Democrática del Congo en términos de derechos humanos, critica el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017. Bruselas (España), domingo 17 de marzo de 2019. FOTOGRAFÍA.
El huido expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, junto con sus exconsejeros también huidos de España a fines de octubre de 2017, ha ampliado este viernes 15 de marzo de 2019 al Reino de España su denuncia ante la justicia belga contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que instruyó la causa del 1-O.
Así se recoge en las conclusiones de los demandantes, todos ellos perseguidos por la justicia española por su presunta responsabilidad en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, presentadas esta semana ante el Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas, documentos de la acusación a los que ha tenido acceso Efe.
Puigdemont y los exconsejeros autonómicos Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, denunciaron originalmente ante la justicia belga a Llarena en junio de 2018 porque consideran que éste habría vulnerado su presunción de inocencia en varias de sus decisiones.
Se referían en particular a una charla en Oviedo en febrero de 2018 en las que el magistrado sostenía que los procesados no eran presos políticos.
Tras considerar inicialmente que las manifestaciones del magistrado constituían «un acto privado», el Estado español terminó por asumir la defensa de Llarena en el proceso belga a través del abogado Hakim Boularbah, quien representa en este proceso civil al Estado y al magistrado español.
La estrategia general de la defensa, no obstante, recae sobre la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y su equipo.
«España defiende la inmunidad de jurisdicción de cortes, tribunales y jueces españoles ante la Justicia belga», dijo tras la segunda audiencia del caso el pasado 25 de septiembre Boularbah.
Los demandantes, en su escrito presentado al juzgado belga, consideran que esa «intervención voluntaria» de España en defensa de uno «de uno de sus órganos» judiciales permiten extender la demanda al Estado español.
«El Reino de España pretende así endosarse la responsabilidad de los actos de su órgano» y, por tanto, «los demandantes extienden su demanda al Reino de España», señala el escrito de conclusiones.
La demanda, que compara a España con Kazajistán o República Democrática del Congo en términos de derechos humanos, critica el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017.
Opinan que el monarca abandonó su «reserva y atacó a los catalanes» por decir, según el escrito de la acusación redactado en francés, que «las autoridades catalanas violaron sistemáticamente las normas aprobadas legalmente e hicieron prueba de una deslealtad inadmisible».
En el mismo, se pide además que la corte belga traslade una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que establezca si la «inmunidad de jurisdicción» que defiende España en el proceso es compatible con la normativa europea.
Los demandantes consideran que se produjo una «violación sistemática del derecho de la Unión Europea por el Reino de España contra la minoría catalana, movimientos sociales que buscaban la independencia y sus representantes», según el escrito.
La defensa dispone hasta el próximo 13 de junio para presentar sus conclusiones, como parte de un intercambio de escritos con el juzgado que, según el calendario judicial previsto hasta ahora, podría extenderse al menos hasta el próximo 16 de diciembre.
