Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener por el momento al coronel de la Guardia Civil y alto cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, en la coordinación del dispositivo policial para impedir el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Barcelona (España), miércoles 27 de septiembre de 2017. Fotografía: CATALUÑ (ESPAÑA), 26.09.2017. El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a su llegada a la reunión de mandos policiales que la Fiscalía ha convocado para coordinar las actuaciones encaminadas a evitar el 1 de octubre, suspendido por el TC, después de haber ordenado a los Mozos precintar los colegios electorales previstos. Efe.
En un auto, la sección cuarta de la sala contenciosa del TSJC desestima el recurso que el Gobierno de la Generalidad del presidente Carles Puigdemont presentó ayer, martes 26 de septiembre de 2017, para pedir, como medida cautelarísima, que se suspendiera la decisión de que Pérez de los Cobos coordine el dispositivo del 1-O, como ordenó la Fiscalía de Cataluña.
La resolución del TSJC, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, mantiene así la «orden verbal» del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, de ejercer funciones de coordinación en materia de orden público y policía judicial sobre el 1-O, de acuerdo con lo que dispuso el ministerio público.
En su auto, el tribunal declina entrar a enjuiciar «las actuaciones llevadas a cabo por el Fiscal Superior de Cataluña» sobre el 1-O, «que se enmarcan en el ámbito penal» y se centra en la decisión de situar a Pérez de los Cobos al frente del dispositivo policial a partir de un artículo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que establece que, cuando en un determinado servicio concurran distintas policías, serán los mandos de las estatales las que «asuman la dirección».
Según el TSJC, la orden de Pérez de los Cobos se dicta «para dar cumplimiento de la instrucción del Fiscal Superior» y «no puede encuadrarse en un supuesto de nulidad de pleno derecho por incompetencia manifiesta», único supuesto en que, razona el auto, estaría justificada la medida planteada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.
La decisión del TSJC puede recurrirse en un plazo máximo de treinta días ante el Supremo, al que corresponderá resolver sobre el mismo en el caso de que alegue infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea.
