Agencias – El consistorio, gobernado entonces por los separatistas excluyentes de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) de Oriol Junqueras Vies y el Partido Socialista Obrero Español de Cataluña (PSC), licitó el servicio por la vía del procedimiento negociado sin publicidad, tal como permite la ley en casos de servicios que no superan los 60.000 euros. Los registros de la Guardia Civil por el ‘Caso Inipro’ han llegado hasta el edificio del Ayuntamiento de Tarragona, donde los agentes de la Unidad de delitos económicos han recogido información sobre los expedientes de contratación del Instituto Municipal de Servicios Sociales de los años 2011 y 2012. Barcelona, 9 de octubre 2015. <Fotografía: Agentes de la Guardia Civil saliendo del Ayuntamiento de Tarragona con documentaciones. Foto ACN>.
La investigación, ordenada por el juzgado de instrucción 1 de Tarragona, parte de una denuncia de los extremistas de la batasuna catalana, Candidatura de Unidad Popular (CUP) en que se apuntaba a la existencia de posibles irregularidades en la contratación de la empresa Inipro por la prestación de servicios de ayuda y de integración de inmigrantes del consistorio tarraconense durante ese periodo. Los registros han comenzado a las 11 de la mañana en la sede del IMMS y se han alargado hasta más allá de la medianoche.
La Guardia Civil ha comenzado el operativo registrando la sede del Instituto Municipal de Servicios Sociales durante seis horas, entre las once de la mañana y las siete de la tarde, y los agentes han salido con cajas con documentación. A continuación, los agentes y la comitiva judicial se han trasladado al edificio municipal de la plaza Imperial Tarraco, en concreto en el despacho del ex gerente del IMSS, y posteriormente han ido en el Archivo Municipal de la Tabacalera.
Hacia las 10 de la noche del operativo se ha trasladado al edificio del Ayuntamiento de Tarragona, donde los esperaban, entre otros, los concejales Javier Villamayor, Begoña Floria y Ana Santos. Los agentes han salido hacia las once y media con más documentación y, a continuación, la Guardia Civil tenía previsto llevar a cabo un último registro en la sede de la Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (UTIC) del barrio de Campclar.
Al terminar el registro en el palacio municipal, la portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Tarragona, Begoña Floria Eseberri -del Partido Socialista Obrero Español en Cataluña (PSC)-, ha explicado a los medios que los agentes y el tribunal han requerido información relativa a la contratación de la empresa Inipro. El registro, según ha detallado, se ha centrado en el área económica y de intervención del Consistorio, donde se les ha entregado «toda la información que han pedido» sobre este caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Como ya ha indicado la mañana, Floria ha admitido nuevamente que, al IMMS, «hubo irregularidades administrativas que se corrigieron» y se mostró convencida de que la investigación judicial «dé luz» en el caso, «con todo respeto hacia el trabajo de la justicia «. La portavoz del gobierno ha reiterado que los «problemas estructurales» detectados en el seno del organismo municipal se corrigieron con el cambio de gerente, el refuerzo del área jurídica y con el encargo de una auditoría. «Creo que no hablamos de corrupción, si por corrupción se entiende la apropiación de algo para unos fines privados», remachó.
Begoña Floria ha apuntado que el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, que se mantiene de baja por enfermedad, ha sido el caso del desarrollo del operativo en todo momento y ha indicado a los concejales «que nos pusiéramos a disposición de la Guardia Civil y del juez «, según ha revelado. En cuanto al posicionamiento de la oposición, Floria ha pedido que se espere a conocer el desenlace de los hechos y que «se imponga el principio de prudencia, desde el respeto a los posicionamientos de los partidos, que es muy libre».
Una denuncia de la CUP destapó el caso
El caso parte de una denuncia de la CUP en la fiscalía, en el año 2013, en el que se apuntaba que la empresa Inipro se adjudicó unos trabajos relacionados con servicios de ayuda y de integración de inmigrantes de la Ayuntamiento de Tarragona el año 2010 y que estos se habrían prorrogado irregularmente los años 2011 y 2012. Según manifestó entonces, la CUP ve en el caso la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
La formación justificó, en su momento, varias irregularidades para llevar el caso a la fiscalía: la ausencia de motivos para la externalización del servicio teniendo en cuenta la existencia de personal propio del IMSS, la inexistencia de información relativa a las actividades desarrolladas por Inipro en Tarragona o del personal contratado. Además, apuntaba a la imposibilidad de realizar prórrogas en el contrato según el pliego de cláusulas o que se hubiera superado el presupuesto máximo de licitación -unos 60.000 euros-, y que se destinaran hasta 260.000 euros en tres años.
Una auditoría del mismo IMSS señalaba en 2011 que las prórrogas en la adjudicación no se efectuaron por los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. A todo esto, también se ciernen sombras sobre la adjudicación inicial del proyecto, materializada en 2010. El consistorio, gobernado entonces por el PSC y ERC, licitó el servicio por la vía del procedimiento negociado sin publicidad, tal como permite la ley en casos de servicios que no superan los 60.000 euros.
El IMSS habría invitado a tres empresas a presentar oferta, con el compromiso de adjudicar el servicio a la que presentara la mejor, según el pliego de condiciones. Una de las firmas renunció. Las otras dos eran Itinere y Inipro -con sede en Viladecans-, la cual se acabó adjudicando el servicio, con la particularidad de que la otra firma en discordia, Itinere, era a la vez una filial de Inipro.
Primeras reacciones de la oposición
La batasuna catalana, CUP, ha sido la primera formación en reaccionar a los registros de la Guardia Civil. El concejal Jordi Martí ha hecho una «valoración positiva» de los avances en el caso a raíz de la denuncia presentada por la formación, que está personada en el caso. Martín, que ha avanzado que la CUP comparecerá públicamente la próxima semana para hacer un análisis a fondo de los hechos, se ha mostrado convencido de que el registro en la sede municipal «aporte datos que faltan para terminar de cerrar el caso».
Por su parte, el grupo municipal separatista catalán de Convergencia y Unión (CiU) ha lamentado que la ciudad de Tarragona aparezca vinculada a un caso de presunta corrupción. Su portavoz, Albert Abelló, ha recordado que en este asunto, por parte del equipo de gobierno, «siempre ha habido una absoluta falta de transparencia». Además, Abelló ha manifestado su deseo de que el caso «se investigue a fondo» y ha señalado que si finalmente la justicia certifica irregularidades en la contratación de personas en esta área del Ayuntamiento, «el equipo de gobierno esté a la altura y depure todas las responsabilidades».
