Regularización masiva y colapso sanitario: 800.000 personas en lista de espera

-VOX lleva al Pleno del Congreso de los Diputados una moción para garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles.

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FOTOGRAFÍA. ARGUINEGUÍN (MOGÁN) ESPAÑA, NOVIEMBRE 2020. Regularización masiva y colapso sanitario: 800.000 personas en lista de espera. Vista de varios inmigrantes ilegales en el muelle de Arguineguín (Mogán) España, este mes de noviembre de 2020. Efe
FOTOGRAFÍA. ARGUINEGUÍN (MOGÁN) ESPAÑA, NOVIEMBRE 2020. Regularización masiva y colapso sanitario: 800.000 personas en lista de espera. Vista de varios inmigrantes ilegales en el muelle de Arguineguín (Mogán) España, este mes de noviembre de 2020. Efe

Madrid (España), viernes 17 de abril de 2026 (Lasvocesdlepueblo).- Regularización masiva y colapso del sistema sanitario | VOX reclama prioridad nacional en una moción y denuncia el colapso del sistema sanitario -con más de 800.000 personas en lista de espera-, que se agravará con la regularización masiva.

El Grupo Parlamentario VOX defenderá en el pleno de la próxima semana una moción consecuencia de interpelación urgente sobre cuáles van a ser las prioridades del Gobierno en el desarrollo de las políticas públicas lo que queda de legislatura.

La formación asegura que el Estado de bienestar presente «es fruto del esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que, con su trabajo y sacrificio, han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos».

No obstante, la política migratoria del Gobierno ha producido un deterioro en la prestación de servicios públicos «pese a la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles».

Así, VOX denuncia el proceso de alteración demográfica que sufre España con el incremento de la población de origen extranjero: «En el año 2026, esta población supera ampliamente el 20 % del total mientras que en el año 2000 no alcanzada el 4 %».

Esta situación, asegura VOX, se traduce en un incremento significativo de la criminalidad en ámbitos de especial gravedad: «En 2024 la tasa de condenados totales extranjeros fue del doble que la de los españoles».

Añade: «Esta proporción se cumple en los tipos delictivos más graves como el homicidio e incluso aumenta al triple para delitos sexuales o robos».

Concreta: «El 68 % de los detenidos por delitos sexuales en el País Vasco en 2025 fueron extranjeros según la propia policía regional vasca».

Remacha: «En 2024, tres de cada cuatro detenidos en Barcelona capital por agresión sexual eran extranjeros y el 91 % de los condenados en toda Cataluña por violación no tenían nacionalidad española».

El GP VOX también destaca el lastre que supone para los servicios públicos la atención a millones de personas cuya contribución fiscal es negativa: «Una parte importante de los beneficiarios de ayudas al alquiler corresponde a población de origen extranjero, mientras amplios sectores de españoles ven reiteradamente frustrado su acceso a dichas prestaciones, pese a ser quienes, con su esfuerzo, sostienen el sistema».

Moción consecuencia de interpelación urgente de VOX frente a regularización masiva para garantizar la prioridad nacional

En este sentido, el partido también arremete contra la regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno del socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón: «Estas medidas tienen a medio plazo un innegable propósito electoral que es conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva».

«La prioridad nacional no es sino la expresión de un compromiso social arraigado en la idea de pertenencia y en la obligación de proteger a los más vulnerables entre los propios», sentencia el texto.

Por todo ello, se insta al Gobierno a:

1. Garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles.

2. Repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra nación; así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles.

3. Garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda; para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida, para acceder a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.

4. Garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, impidiendo que, salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario.

5. Derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

6. Aprobar una norma reglamentaria que deje sin efecto las modificaciones del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que se han llevado a cabo por medio del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, y que derogue este último, poniendo fin de esta manera al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal.

7. Garantizar la prioridad nacional en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles.

8. A los efectos del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, la insuficiencia de recursos económicos se determinará atendiendo no sólo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen. En cualquier caso, no se prestará asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional.