Lasvocesdelpueblo y Agencias – Las autoridades policiales británicas han remitido un escrito al Ministerio del Interior español en el que confirman la «validez» de la orden de detención y entrega cursada contra la exconsellera de Educación Clara Ponsatí y dan paso a la Policía escocesa para que la estudie y tome las medidas oportunas. barcelona (España), sábado 9 de noviembre de 2019.
Asimismo, el abogado Aamer Anwar, que representa a Ponsatí en el Reino Unido, ha explicado en un comunicado que entiende que la euroorden ha sido aceptada, y que por tanto la exconsellera se presentará ante la comisaría de Edimburgo -ciudad en la que reside-el 14 de noviembre y posteriormente ante el juzgado.
Reino Unido ha respondido al documento de información adicional a la orden de detención y entrega (OEDE) que ha enviado este mismo viernes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ampliando la información sobre la posible responsabilidad penal de Ponsatí, huida en Escocia, en el «procés».
«Hemos certificado la validez de su OEDE con respecto a la legislación de Reino Unido. La OEDE validada va a ser ahora enviada a los compañeros de Policía de Escocia para que la estudien y tomen las medidas oportunas», indica el documento.
Llarena ha enviado información complementaria en la que indica que la exconsellera, a quien reclama por un delito de sedición, actuó para «conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente» y añade que, junto al resto del Govern, dio pasos para facilitar la celebración del referéndum de independencia de Cataluña «pese a conocer la ilegalidad y nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos».
Ahora, en la comunicación de Reino Unido, emitida a través de SIRENE -el sistema por el que se comunican las órdenes de detención europeas-, las autoridades británicas agradecen la «continuada asistencia» recibida y, «una vez más», piden disculpas por «los malentendidos de las comunicaciones anteriores».
Se refiere a la comunicación que remitieron el pasado miércoles las autoridades británicas, en la que calificaron la orden de detención de Ponsatí de «desproporcionada», si bien después señalaron que se había tratado de un error y que su objetivo era señalar que faltaba información esencial.
Llarena, en su escrito, también recuerda que Ponsatí, como consellera de Enseñanza, el 6 de septiembre de 2017 firmó el decreto de convocatoria de referéndum, pese a los avisos del Constitucional y que dio también instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de la comunidad, que dependían de ella, para que fueran utilizados como colegios electorales el 1-O.
Destaca que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado además a las fuerzas policiales que procedieran al cierre de los centros de votación e impidieran el referéndum y que el 28 de septiembre los Mossos habían alertado al Govern de que «era probable una escaldada de violencia». Es decir, en su condición de autoridad pública y en ejercicio de sus funciones en Cataluña, «desobedeció las resoluciones y los requerimientos» de los tribunales y tomó medidas para celebrar el referéndum, añade.
El letrado de Ponsatí considera, en el citado comunicado, que la información enviada por Llarena ha sido «una vez más mínima en detalles» y hay «pocas pruebas de los detalles del delito de sedición». «¿Quizás porque no han podido encontrar ninguno?», añade Anwar. El letrado indica que ahora «Llarena parece acusar a Clara de desobediencia más que de sedición, en lo que se supone que es la clarificación».
AMPLIACIÓN DE LOS HECHOS
El juez Pablo Llarena ha remitido este viernes al Reino Unido información complementaria a la euroorden contra Clara Ponsatí, como le reclamaron las autoridades británicas, y en un escrito acusa a la exconsellera de haber actuado para «conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente».
En un escueto informe, al que ha tenido acceso Efe, el juez del Tribunal Supremo destaca que Ponsatí, junto al resto del Govern, dio pasos para facilitar la celebración del referéndum de independencia de Cataluña «pese a conocer la ilegalidad y nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos».
Llarena recuerda que Ponsatí, a la que reclama por sedición y que se encuentra en Escocia, era consejera de Enseñanza y que, como tal, el 6 de septiembre de 2017 firmó el decreto por el que se convocaba el referéndum, pese a las resoluciones del Constitucional que lo habían declarado nulo y que habían advertido a los miembros del Govern de las consecuencias penales si se continuaba con el «procés».
El 29 de septiembre de 2017, continúa, dio instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de la comunidad, que dependían de ella, para que fueran utilizados como colegios electorales el 1-O, y lo hizo también «con pleno conocimiento» de que el Constitucional había suspendido el decreto de convocatoria de la consulta.
Llarena destaca que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado además a las fuerzas policiales que procedieran al cierre de los centros de votación e impidieran el referéndum y que el 28 de septiembre los responsables de los Mossos habían alertado al Govern de que «era probable una escaldada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como finalmente ocurrió».
En resumen, concluye, Ponsatí, en su condición de autoridad pública y en ejercicio de sus funciones en Cataluña, el 6 y el 29 de septiembre de 2017 «desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional del Reino de España, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» y tomó medidas para celebrar el referéndum.
«Todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente», concluye el escrito, enviado en español y en inglés a través de SIRENE, el sistema por el que se comunican las órdenes de detención europeas
La nueva euroorden contra Ponsatí no ha estado exenta de polémica, ya que el pasado miércoles se informó de que las autoridades británicas la habían calificado de «desproporcinada», aunque después señalaron que se había tratado de un error y que su objetivo era señalar que falta información esencial.
En su respuesta, Llarena explica también a las autoridades británicas que el relato de los hechos que les envió en un primer momento son el plan seguido por el Gobierno de Cataluña y miembros de su Parlamento «para forzar y obtener la independencia».
