Efe – El caso por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016 llega hoy al Tribunal Supremo, que revisará la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados. Madrid (España), miércoles 18 de septiembre de 2019.
No entrará el tribunal, presidido por el juez Andrés Martínez-Arrieta, en el debate sobre si incurrieron o no en un delito de terrorismo del que la Fiscalía siempre les acusó hasta el punto de pedir entre 12 y 62 años de cárcel para ellos.
Tras dos sentencias de la Audiencia Nacional, la de la Sala de lo Penal y la de la Sala de Apelaciones, que rechazaron que aquello fuese terrorismo, la Fiscalía decidió no recurrir al Supremo, como tampoco lo hicieron las otras acusaciones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).
Lo que sí hará la Fiscalía durante la vista será impugnar los recursos de los ocho condenados, que apuestan por su absolución, y pedir que se ratifique la condena.
Son Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo. Fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, pero no por terrorismo al no ver el tribunal que la agresión tuviese tal finalidad o se pudiese vincular con la estrategia de ETA.
Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016 cuando los dos guardias y sus parejas fueron increpados en el bar Kotxa de Alsasua y rodeados por un grupo de unas 25 personas que les gritaban para que se fueran con expresiones como «os vamos a matar por ser guardias civiles», «hijos de puta», «cabrones» o «txakurras».
Así consideró probado la Audiencia Nacional, que señaló en su sentencia que los acusados les propinaron «golpes, patadas y puñetazos» hasta el punto que el teniente de la Guardia Civil cayó porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné.
De hecho, apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró probado que actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos.
No piensan lo mismo los acusados, que insistirán durante la vista en su absolución, si bien alguno también planteará como alternativa una posible reducción de condena o la eliminación de las agravantes.
De los ocho, siete están en prisión y solo Urkijo -sobre quien recayó la pena más baja, 2 años por amenazas y desórdenes públicos- continúa en libertad.
Desde que sucedieron los hechos, los familiares de los acusados, aunados en la plataforma Altsasu gurasoak, han criticado las sentencias de la Audiencia Nacional y han convocado diversas manifestaciones en protesta de unas penas que consideran desproporcionadas.
