Efe – El coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), Ángel Mayo, ha denunciado este jueves que se estima que en España se defraudan anualmente 60.000 millones de euros, 14.000 de ellos en Cataluña, el equivalente a un 20 % de su Producto Interior Bruto (PIB). Barcelona (España), viernes 5 de julio de 2019.
En unas jornadas organizadas por la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) en Barcelona, Mayo ha criticado que con el actual sistema fiscal «uno de cada cinco euros» escapa el control de Hacienda.
El coordinador sindical ha asegurado que la fiscalidad española está «a la cola» de Europa porque las rentas medias -20.000 euros- están muy por debajo de los valores europeos -40.000 euros-, lo que obliga al estado a «sobrecargar» de impuestos a las rentas bajas y medias.
Para mejorar el actual sistema fiscal español, que Mayo ha calificado «de risa», ha propuesto una mayor inversión en pedagogía, para motivar a la ciudadanía a pagar impuestos, y la creación de nuevas políticas laborales, para acabar con la precariedad y aumentar el número de contribuyentes con rentas más elevadas.
«El gran problema es el número de contribuyentes del que desconocemos su cantidad total de ingresos, estos son expertos en deslocalizar su dinero y pueden permitirse grandes asesores fiscales», ha añadido.
La administración española y catalana han recibido críticas también ya que, según Mayo, pierden mucho tiempo «echándose la culpa» entre ellas en vez de trabajar de forma conjunta para hacer frente al fraude.
El coordinador sindical ha cargado contra el resto de países, en especial contra los denominados «paraísos fiscales», porque considera que muchos gobiernos «compiten por atraer a las grandes fortunas», con sistemas llenos de mecanismos de elusión y fraude fiscal.
A nivel español, la profesora titular de Hacienda Pública en la Universidad de Barcelona, Cristina de Gispert, ha hecho especial hincapié en las políticas populistas de los partidos españoles y en el uso que hacen estos de las subidas y bajadas de impuestos en sus campañas.
«No es creíble decir que bajando los impuestos va a aumentar el gasto social, hablar de impuestos sin mencionar el gasto público no tiene sentido», ha declarado.
Según la profesora Gispert, los impuestos de imposición directa (IRPF) y los impuestos de imposición indirecta (IVA) deberían nivelarse, ya que en España se sigue el modelo europeo, en el que se le da más peso a la imposición indirecta, y las diferencias sociales y la exclusión social se agravan por el bajo nivel de renta media.
En lo que respecta a otros tipos de impuestos, Gispert ha destacado el papel de los impuestos medioambientales, que tienen un gran valor social para concienciar a la ciudadanía sobre energía renovable, entre otros.
Gispert ha explicado que en el caso del agua, está protegida dentro del nivel de consumo básico y necesario, ya que el acceso a ella está considerado un derecho fundamental.
«A partir de esta franja, cuánto más se consume, por encima de lo que consideramos necesario, más se paga», ha puntualizado.
El presidente de EAPN en España y Europa, Carlos Susías, ha recordado en su intervención la importancia de la política fiscal como «herramienta contra la pobreza y la desigualdad».
Susías ha calificado de «pensamiento mágico» hablar constantemente de gasto social sin tener en cuenta la necesidad por parte del Estado de recabar fondos, que se obtienen principalmente a través del pago de impuestos.
«Tener un buen batallón de inspectores de Hacienda y Trabajo, aunque no le guste a la gente, también es política social», ha afirmado.
