Madrid/Barcelona, martes 15 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo). La organización de la Guardia Civil JUCIL exige al gobierno de España de Pedro Sánchez Pérez-Castejón que aclare si apoyará la nueva propuesta de transferencia de competencias policiales en Cataluña. La asociación de profesionales de la Guardia Civil, Justicia para la Guardia Civil (JuCIL), reclama garantías sobre el futuro de las unidades, plantillas, destinos y especialidades de la Guardia Civil y exige conocer si las reorganizaciones que se están produciendo en Cataluña guardan relación con futuros cambios competenciales.
JUCIL, la asociación «más combativa» de la Guardia Civil, exige al Ministerio del Interior y al Gobierno de España que aclaren públicamente cuál será su posición ante la nueva Proposición de Ley Orgánica 122/000299, presentada por Junts per Catalunya y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, que plantea la delegación en Cataluña de competencias estatales y contempla cambios que podrían afectar a funciones policiales desarrolladas actualmente por la Guardia Civil.
JUCIL advierte de que la iniciativa se encuentra todavía en una fase inicial de su tramitación parlamentaria y no supone, a día de hoy, ninguna transferencia efectiva de competencias. Sin embargo, considera que su contenido y los antecedentes parlamentarios existentes justifican que el Gobierno explique desde este momento cuáles pueden ser sus consecuencias para los guardias civiles destinados en Cataluña.
La organización recuerda que una iniciativa anterior sobre esta materia, presentada conjuntamente por PSOE y Junts en 2025, llegó a ser sometida a votación para su toma en consideración en el Pleno del Congreso el 23 de septiembre de 2025 y fue rechazada por un estrecho margen de 173 votos a favor y 177 en contra.
La nueva iniciativa ha sido presentada por Junts y vuelve a situar sobre la mesa cuestiones que pueden tener incidencia sobre ámbitos en los que actualmente desarrolla sus funciones la Guardia Civil.
JUCIL exige conocer las consecuencias para los guardias civiles
Para JUCIL, cualquier negociación sobre una eventual modificación de competencias policiales debe realizarse con absoluta transparencia y ofreciendo previamente garantías sobre sus consecuencias profesionales.
«No vamos a esperar a que se adopten decisiones irreversibles para preguntar qué va a ocurrir con los guardias civiles. El Gobierno debe explicar ahora qué competencias pueden verse afectadas, qué unidades están en riesgo y qué consecuencias puede tener para las plantillas, los destinos y las familias de nuestros compañeros», señalan desde JUCIL.
La organización considera especialmente necesario conocer las posibles consecuencias sobre unidades y especialidades relacionadas con puertos y aeropuertos, Fiscal y Fronteras, Servicio Marítimo, SEPRONA y otras capacidades especializadas de la Guardia Civil en Cataluña.
JUCIL viene además reclamando información sobre diferentes procesos de reorganización que afectan a unidades de la Guardia Civil en Cataluña, así como sobre la evolución de plantillas, vacantes y efectivos.
Por ello, la aparición de esta nueva iniciativa parlamentaria obliga al Ministerio del Interior a despejar cualquier duda sobre si existe alguna relación entre esos procesos de reorganización y eventuales modificaciones futuras del reparto de competencias policiales.
JUCIL no afirma que exista esa relación, pero exige al Gobierno que la descarte o explique aportando la documentación correspondiente.
Cinco preguntas que el Gobierno debe responder
JUCIL exige al Ministerio del Interior y al Gobierno que respondan públicamente a las siguientes cuestiones:
- 1. ¿Apoyará el Gobierno la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica 122/000299?
- 2. ¿Qué competencias actualmente desarrolladas por la Guardia Civil podrían verse afectadas si prosperase la iniciativa?
- 3. ¿Existe algún informe o estudio sobre sus posibles consecuencias para las plantillas, unidades, destinos, vacantes y especialidades de la Guardia Civil en Cataluña?
- 4. ¿Existe alguna relación entre las reorganizaciones que actualmente afectan a distintas unidades de la Guardia Civil en Cataluña y las negociaciones o previsiones sobre futuros cambios competenciales?
- 5. ¿Puede garantizar el Ministerio del Interior que ningún guardia civil sufrirá movilidad forzosa, pérdida de destino o perjuicio profesional como consecuencia de una eventual modificación del reparto competencial?
JUCIL reclama transparencia antes de cualquier decisión
JUCIL considera inadmisible que cualquier modificación del modelo policial pueda negociarse sin informar previamente a los representantes profesionales de los guardias civiles sobre sus consecuencias.
«Las competencias se pueden discutir en el Parlamento, pero los guardias civiles y sus familias no pueden convertirse en una consecuencia secundaria de acuerdos políticos. Cualquier cambio que afecte a nuestras funciones debe venir acompañado de garantías claras sobre puestos de trabajo, destinos, carrera profesional y movilidad geográfica», afirman en la organización.
Desde JUCIL se solicitará formalmente al Ministerio del Interior información sobre el posible impacto de cualquier modificación competencial en las unidades, plantillas, efectivos, vacantes, destinos y especialidades de la Guardia Civil en Cataluña, así como los informes existentes que puedan afectar a su reorganización territorial y operativa.
Asimismo, la organización también reclamará la documentación necesaria para determinar si las decisiones que se están adoptando sobre determinadas unidades responden exclusivamente a criterios operativos o están vinculadas a una futura modificación del reparto de competencias.
JUCIL defenderá la presencia, las competencias y los derechos profesionales de los guardias civiles destinados en Cataluña y exigirá que cualquier decisión que pueda afectar a su futuro profesional se adopte con transparencia, negociación y plenas garantías jurídicas.
Sobre JUCIL
Con más de 15.000 miembros, JUCIL es una de las asociaciones profesionales más representativas de la Guardia Civil.
Defiende la equiparación salarial, la mejora de las condiciones laborales y familiares, la protección de los derechos profesionales y un despliegue eficaz del Cuerpo con medios, competencias y presencia territorial suficientes.