Efe – Con cien días recién cumplidos, el Gobierno ya acumula dos toques de atención del Consejo General del Poder Judicial a cuenta de declaraciones de su vicepresidente Pablo Iglesias, a quien ha vuelto a pedir mesura y responsabilidad ante las dudas que ha sembrado sobre la independencia de los tribunales. Madrid (España), jueves 23 de abril de 2020.
El estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus no ha evitado que a la historia de desencuentros entre el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces se haya sumado un nuevo capítulo, el segundo de la era Pedro Sánchez provocado de nuevo por unas afirmaciones del secretario general de Podemos.
Poco más de tres meses han pasado desde que el CGPJ, pendiente de renovación desde 2018, reprochara a Iglesias, en su primera semana como vicepresidente segundo, que afirmase que los tribunales europeos habían «humillado» a los españoles en el caso del «procés».
Una opinión que no gustó al Poder Judicial, que entonces ya le pidió mesura y responsabilidad institucional para evitar que se cuestione «la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces.
Y justo eso, poner en duda la imparcialidad de la Justicia, es lo que considera el CGPJ que ha vuelto a hacer Iglesias en varias afirmaciones a raíz de la condena a 19 meses de prisión a la diputada de la Asamblea de Madrid Isa Serra por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños ocurridos durante la protesta contra un desahucio en 2014.
Tras dejar claro que las sentencias se acatan y recurren, el vicepresidente segundo opinó que «mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», y que «la justicia no es igual para todos».
Se limitó «por prudencia», ha remarcado esta mañana el secretario general de Podemos, «a trasladar lo que piensa mucha gente» pero ello no ha impedido que sus palabras hayan caído como un jarro de agua fría entre los vocales de la comisión permanente del CGPJ por considerar que generan una «sospecha inaceptable» en el modo de actuar de los tribunales.
Con una amplia mayoría, la comisión ha expresado su «absoluto y rotundo rechazo» ante el tono «ciertamente inapropiado» de Iglesias, que consideran ha sembrado las dudas sobre la imparcialidad de los jueces.
Pero este Gobierno no es la excepción porque la del Poder Ejecutivo y el Judicial es una historia de desencuentros que se remonta a Felipe González, José María Aznar (bien es cierto que cuando estaba en la oposición) y que incluye a ministros como José Luis Corcuera, Mariano Fernández Bermejo o Juan Fernando López Aguilar.
Más cercano que todo eso, aunque hace ya dos años, en abril de 2018 el CGPJ pidió la misma «moderación, mesura y prudencia» a quien entonces dirigía la cartera de Justicia, Rafael Catalá, en su caso por cuestionar al juez que firmó un voto particular pidiendo la absolución de los miembros de La Manada; planteó que tenía «algún problema singular» y que el Consejo debió actuar preventivamente contra él.
De nuevo, el órgano de gobierno de los jueces volvió a apelar a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, imparcialidad y profesionalidad de los jueces. Justo lo mismo que ha hecho hoy.
