Efe – Contra todo pronóstico dadas las críticas que la acompañan desde su nacimiento o las numerosas iniciativas parlamentarias en su contra, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) suma este curso su sexto año de vigencia y no parece que vaya a derogarse en un corto espacio de tiempo. Madrid (España), domingo 8 de septiembre de 2019.
Los más de 8.210.00 alumnos llamados a empezar este septiembre su curso escolar junto a más de 710.000 profesores vuelven por sexto año consecutivo a estudiar bajo la Lomce.
Conocida también como «ley Wert», por el ministro que la sacó adelante, José Ignacio Wert, esta norma fue aprobada en 2013 solo con los votos a favor del PP y supone la séptima ley de la educación no universitaria en la democracia.
Su implantación se produjo de forma paulatina.
Fue en el curso 2014-15 cuando empezó a aplicarse, en concreto, en primero, tercero y quinto de Primaria; y en el 2015-16 en los cursos pares de Primaria, para los impares de Secundaria y para primero de Bachillerato.
Finalmente, en el curso 2016-17 se desarrolló para segundo y cuarto de Secundaria y segundo de Bachillerato.
«Segregadora», «privatizadora», «adoctrinadora» o «invasora de competencias autonómicas» son algunos de los calificativos que ha recibido la Lomce en más de una manifestación en su contra.
El que la clase de Religión tenga que tener una asignatura espejo para quien no la escoja y que su nota cuente, por ejemplo, para conseguir una beca, que se puedan abrir centros concertados si hay «demanda social» o las «reválidas» para obtener el título de Secundaria y Bachillerato son algunos de sus puntos más criticados.
También causó mucha controversia hasta que el Tribunal Constitucional lo anuló el procedimiento de su disposición adicional 38 por el que se obligaba a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano.
En cuanto a las reválidas, en 2016 el Gobierno del PP, siendo ministro Íñigo Méndez de Vigo, aprobó un decreto de medidas urgentes para ampliar el calendario de implantación de la Lomce por el que las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato dejaban de ser obligatorias para obtener el título correspondiente.
La medida se tomaba a la vez que se acordaba trabajar por un pacto nacional por la educación que diera lugar a un texto de consenso para sustituir la Lomce por otra ley.
En febrero de 2017 comenzaron los trabajos de esa Subcomisión para lograr un Pacto Social y Político por la Educación en el Congreso pero, tras quince meses de reuniones, el PSOE se levantó de la mesa porque el PP no garantizaba una inversión del 5 % del PIB para educación (porcentaje que el PSOE propone llegar en 2025 en su reciente «Propuesta abierta para un programa común progresista»).
Dos años después, en febrero de 2019, el Gobierno socialista, con Isabel Celaá como ministra, dio luz verde a su proyecto de Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), cuyo articulado busca derogar la Lomce.
Pero el texto no ha llegado a tramitarse en el Congreso por la convocatoria electoral del 28 de abril y la no formación de Gobierno posterior.
La también denominada «ley Celaá» cuenta con el dictamen favorable del Consejo Escolar del Estado pero ha sido criticada por la mayoría de los partidos políticos, en especial PP y Ciudadanos.
Se trata de un texto por el que la Religión deja de ser computable y no tendría asignatura espejo; se elimina la «demanda social» para centros concertados; se apuesta por una educación integral; y se permite la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa y la posibilidad de hacer este etapa en tres años en lugar de dos.
Habrá que esperar a ver si la Lomloe es la sucesora de la Lomce o esta seguirá cumpliendo cursos de vida.
