Barcelona, martes 3 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La entidad de jóvenes patriotas y constitucionalistas S’ha Acabat! (S!) ha presentado en Barcelona una exhaustiva hoja de ruta de regeneración nacional articulada en 14 bloques de medidas clave. Frente a la acelerada degradación institucional y el deterioro de la calidad democrática perpetrados durante los gobiernos de Pedro Sánchez, la juventud patriota catalana ha hecho un llamamiento a las fuerzas defensoras de la Carta Magna para articular un compromiso político común, firme e ineludible en defensa de la indisoluble unidad, la integridad territorial y la soberanía de la nación española.
Ante la encrucijada histórica y el alarmante debilitamiento del Estado de Derecho, los integrantes de S’ha Acabat! han alzado la voz para demostrar que existe una alternativa sólida y valiente al proyecto de ruptura pilotado por el PSOE y sus socios separatistas. El documento presentado por la plataforma juvenil reclama a las formaciones comprometidas con la Constitución asumir este plan de rescate institucional para recuperar la fortaleza de la nación y devolver el prestigio a la sociedad española.
Defensa incuestionable de la unidad de España, la soberanía nacional y las fronteras
El pilar central de la propuesta exige el restablecimiento de la soberanía y la protección de la integridad patria. En el punto 1.1, S’ha Acabat! reclama un «firme compromiso para defender la unidad territorial de nuestro país y una respuesta clara y contundente frente a aquellos agentes internos y externos que buscan desmembrarlo». Asimismo, el apartado 1.2 exige «poner fin a los pactos y negociaciones con todos los partidos nacionalistas y separatistas», persiguiendo a quienes no respeten la Carta Magna ni los intereses de la nación española.
En materia migratoria y fronteriza, el subcapítulo 1.3 decreta «tolerancia cero con la inmigración ilegal», demandando «impedir la entrada irregular de inmigrantes, garantizar la expulsión de quienes accedan ilegalmente a España conforme a la ley y poner fin a cualquier política que favorezca la inmigración ilegal». Finalmente, el epígrafe 1.4 subraya la imperiosa «defensa de nuestras fronteras y la soberanía nacional», advirtiendo de forma categórica que «Ceuta y Melilla no son la puerta sur de Europa, sino nuestra frontera sur, y tenemos el deber irrenunciable de defenderlas frente a cualquier amenaza».
Acceso a la vivienda digna para los jóvenes y fin a la especulación
Para atajar la asfixia que sufren los jóvenes españoles en el acceso al hogar, la medida 2.1 exige «asegurar unos precios de la vivienda asequibles y justos para que los jóvenes podamos independizarnos, bien mediante un aumento de la oferta de vivienda pública o mediante la liberalización del sector», rechazando los parches precarios al denunciar que «los jóvenes queremos soluciones reales, no vernos obligados a recurrir al ‘coliving’ o a alquileres insostenibles».
El punto 2.2 plantea «facilitarle el acceso a la primera vivienda mediante incentivos fiscales, avales públicos y ayudas específicas para jóvenes que quieran adquirir una vivienda», mientras que el subcapítulo 2.3 urge a «impulsar la construcción de nuevas viviendas y agilizar los procedimientos administrativos para aumentar la oferta y reducir los precios». Por último, la propuesta 2.4 aboga por «reducir la carga fiscal asociada a la compra de la primera vivienda para jóvenes, facilitando su acceso a la propiedad».
Empleo juvenil, emprendimiento y revalorización de la Formación Profesional
En el ámbito laboral, el punto 3.1 busca «reducir el paro juvenil y aumentar el poder adquisitivo de los jóvenes, facilitando los trámites para acceder a becas o ayudas económicas para nuestra emancipación».
La juventud patriota carga en el apartado 3.2 contra la asfixia impositiva exigiendo «suprimir la cuota de autónomos para los jóvenes emprendedores», sentenciando con contundencia que «España no puede ser una nación donde la vida sea solamente sostenible para los funcionarios públicos». Por su parte, la medida 3.3 reivindica «reconocer y fomentar la formación profesional como vía alternativa de acceso al mercado laboral» con pleno respaldo institucional.
Modernización de infraestructuras, seguridad en el transporte y fin al caos ferroviario
S’ha Acabat! plantea un plan integral para vertebrar el territorio nacional. El subcapítulo 4.1 demanda «garantizar el mantenimiento, la modernización y la ampliación de las infraestructuras ferroviarias de toda España, especialmente de las redes de AVE, Cercanías y Rodalies». El punto 4.2 enfatiza la urgencia de «garantizar la máxima seguridad ferroviaria para evitar que vuelvan a producirse accidentes como los de Adamuz y Urda», exigiendo sin ambages «responsabilidades por lo sucedido durante la gestión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes».
El apartado 4.3 reclama «poner fin a las averías, retrasos y cancelaciones constantes que perjudican diariamente a miles de ciudadanos, garantizando un servicio ferroviario puntual y fiable». A su vez, el punto 4.4 defiende «aumentar la inversión en infraestructuras de transporte en todo el territorio nacional, mejorar las conexiones entre comunidades autónomas y eliminar los gastos públicos superfluos mediante una auditoría externa». Por último, el epígrafe 4.5 solicita «reducir las tarifas del transporte público para los menores de 30 años, facilitando la movilidad de los jóvenes en todo el territorio nacional».
Tolerancia cero contra la delincuencia, la ‘okupación’ y el integrismo
Frente al grave incremento de la inseguridad, el subcapítulo 5.1 urge a «dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más medios y presupuesto para luchar contra el aumento de hurtos, las agresiones sexuales y las ciberestafas», fomentando la unión entre cuerpos. En el punto 5.2, la entidad pide «adoptar políticas firmes para salvaguardar la seguridad y promover la integración», exigiendo «poner fin a la impunidad de quienes difunden discursos integristas, extremistas, violentos e intolerantes en centros religiosos o de otro tipo» para «defender nuestros valores occidentales frente a cualquier forma de extremismo islámico».
El apartado 5.3 señala la degradación en las calles exigiendo «implementar acciones inmediatas ante el aumento de la inseguridad en España, que ha convertido a Barcelona en la segunda ciudad europea con más robos con fuerza». Para atajar la impunidad, el epígrafe 5.4 exige «luchar contra la multirreincidencia de los delincuentes y estudiar medidas más contundentes para reducirla», mientras que el punto 5.5 demanda «actuar con contundencia contra la ‘okupación’, un fenómeno criminal en el que Cataluña es líder en España», impulsando un «plan ‘antiokupa’ que dé tranquilidad a los propietarios de inmuebles».
Separación de poderes y despolitización plena de las altas magistraturas
En defensa de la independencia judicial, la medida 6.1 contempla «reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados, evitando la intervención de los partidos políticos».
Asimismo, el subcapítulo 6.2 insiste en «asegurar la independencia del Ministerio Fiscal y del fiscal general del Estado, impidiendo su instrumentalización política y velando por que sus actuaciones respondan exclusivamente al principio de legalidad y no a los intereses del Gobierno de turno». Finalmente, el punto 6.3 se enfoca en «garantizar la independencia del Tribunal Constitucional y de los órganos de control del Estado, asegurando nombramientos basados en criterios de mérito, capacidad e independencia, libres de intereses partidistas».
Blindaje y garantía del español en toda España frente al rodillo lingüístico
Respecto a la persecución de la lengua común, el subcapítulo 7.1 reclama «garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos en las instituciones públicas, exigiendo que las notificaciones institucionales sean bilingües». En el punto 7.2, se expone la gravedad de la ingeniería social separatista denunciando que «la inmersión lingüística nacionalista en estos territorios ha expulsado a nuestra lengua común de las instituciones, y debemos revertirlo».
Para frenar esta discriminación, el apartado 7.3 plantea «poner fin a la discriminación y la persecución que sufre el idioma español en estas comunidades autónomas», ordenando tajantemente «prohibir las ‘policías lingüísticas’ y perseguir los intentos de boicot contra los establecimientos e instituciones donde se usa el español».
Excelencia educativa, libertad de elección y pruebas de acceso unificadas
En el ámbito académico, el punto 8.1 defiende «garantizar una educación de calidad fundamentada en los valores del respeto, la tolerancia y el civismo entre españoles, recuperando el prestigio y la autoridad del profesorado y promoviendo un modelo educativo basado en el mérito y el esfuerzo». El subcapítulo 8.2 exige «poner fin al sistema de inmersión lingüística e implantar un modelo de libre elección de lengua vehicular para que las familias que deseen escolarizar a sus hijos en castellano puedan hacerlo», asegurando que «los comunicados de los centros educativos dirigidos a las familias se emitan en las dos lenguas oficiales y que los alumnos puedan utilizar libremente la lengua que prefieran durante los momentos de descanso, sin imposiciones ni controles».
Para erradicar la discriminación territorial, el epígrafe 8.3 aboga por «implantar un modelo unificado y justo de la Selectividad en todo el Estado para evitar desigualdades entre los jóvenes españoles». Paralelamente, la medida 8.4 exige «revisar exhaustivamente el contenido de los libros de texto escolares, especialmente los de Geografía e Historia y Lengua y Literatura, para evitar contenidos tendenciosos, pronacionalistas o abiertamente hispanófobos».
Por último, el punto 8.5 promueve «facilitarle la movilidad de los estudiantes entre las comunidades autónomas mediante programas de intercambio que permitan a los jóvenes conocer otras regiones, culturas y tradiciones de nuestro país y reforzar los vínculos entre españoles».
Dignificación, equiparación y respaldo a las Fuerzas de Seguridad
El apoyo a quienes protegen la nación vertebra este capítulo. El punto 9.1 exige «evitar el retroceso de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en Cataluña, el País Vasco y Navarra, iniciado durante los últimos años». En el apartado 9.2, la asociación reclama «apoyar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que sean consideradas profesiones de riesgo al igual que lo son las de los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y la Policía Local».
El subcapítulo 9.3 apremia a «cumplir con el compromiso de equiparación salarial que se prometió a los agentes». Por su parte, la propuesta 9.4 defiende «considerar a los funcionarios de prisiones agentes de autoridad e incrementar sus medidas de seguridad», mientras que el punto 9.5 sugiere «acercar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los ciudadanos mediante más jornadas de puertas abiertas y otras actividades que permitan conocer su labor de primera mano».
Memoria, dignidad y justicia frente a la impunidad del terrorismo y el separatismo
En materia de memoria histórica y dignidad constitucional, el subcapítulo 10.1 reclama «exigir la ilegalización de EH Bildu, heredero político de ETA, y promover las acciones legales necesarias para impedir que el terrorismo tenga representación institucional». El punto 10.2 propone «estudiar y promover una reforma de la Ley de Partidos para impedir que personas condenadas por terrorismo y organizaciones que lo justifiquen, lo enaltezcan o estén vinculadas con él puedan ejercer cargos públicos o condicionar el futuro de España», añadiendo que «la reforma también deberá impedir que quienes promuevan la ruptura unilateral del orden constitucional puedan tener cabida en el sistema electoral».
En las aulas, la medida 10.3 exige «implantar en todos los planes docentes de España el estudio del terror de ETA», pidiendo «hacer de la memoria de las víctimas un deber permanente: contar la verdad sobre ETA, educar a las nuevas generaciones y exigir el reconocimiento del daño, sin equidistancias entre víctimas, verdugos y cómplices». El apartado 10.4 demanda «derogar la denominada Ley de Memoria Democrática por su trato discriminatorio y vejatorio hacia determinadas víctimas de la violencia política y del terrorismo, su visión selectiva de la memoria histórica y la exclusión de su ámbito de reconocimiento de quienes fueron asesinados por motivos ideológicos durante la Segunda República y por ETA después de 1978», impulsando el esclarecimiento de todos los crímenes pendientes.
Por último, el subcapítulo 10.5 solicita «prohibir los actos de bienvenida y homenaje (‘ongi etorris’) a presos de ETA excarcelados, así como promover las medidas legales necesarias contra las organizaciones vinculadas al entorno de ETA que justifiquen o enaltezcan el terrorismo».
Presencia efectiva e indivisible del Estado en la totalidad del suelo patrio
Para evitar que haya españoles de segunda clase, el punto 11.1 exige «aumentar la presencia pública de las Fuerzas Armadas para que los ciudadanos comprendan su labor», señalando: «Somos partidarios de que se celebren desfiles y otras actividades en Cataluña, el País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla. Nuestra tierra siempre ha estado a la cabeza de la defensa de España: recordémoslo».
La medida 11.2 compromete a «apoyar de forma clara y decidida a las Fuerzas Armadas en sus actividades y tareas, especialmente en aquellos lugares donde sufren boicots o actitudes hostiles». El apartado 11.3 promueve «más visitas institucionales de la Casa Real a Cataluña, el País Vasco, Navarra y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla», mientras que el subcapítulo 11.4 insta a «defender que los Premios Princesa de Girona se celebren siempre en Gerona».
Regeneración democrática, erradicación de privilegios y tijeretazo al gasto superfluo
Frente al despilfarro impositivo, la medida 12.1 demanda «combatir la corrupción política mediante un mayor control de los contratos y subvenciones públicas y mecanismos efectivos para exigir responsabilidades a los cargos públicos implicados en prácticas corruptas». En el subcapítulo 12.2, S’ha Acabat! plantea «reducir drásticamente el gasto público superfluo y eliminar organismos, cargos y estructuras administrativas innecesarias y duplicidades institucionales».
El punto 12.3 fija la necesidad de «suprimir las subvenciones públicas a sindicatos y asociaciones que no desarrollen una actividad efectiva ni acrediten su contribución al interés general y al bienestar de los españoles». Asimismo, el epígrafe 12.4 exige «reducir la burocracia, simplificar los trámites administrativos y garantizar la máxima transparencia en los gastos, contratos, subvenciones y retribuciones de los altos cargos públicos».
Apoyo integral a la familia y plan de choque contra el invierno demográfico
Reconociendo a la familia como pilar social fundamental, el subcapítulo 13.1 apremia a «aprobar un Plan de Natalidad para España que permita revertir la sustitución demográfica y garantizar el futuro de nuestra nación», advirtiendo de que «no podemos resignarnos a la pérdida de nuestra identidad, nuestras raíces y nuestros valores, ni permitir que esta tendencia comprometa la continuidad de España tal y como la conocemos».
El punto 13.2 demanda «aumentar las ayudas públicas en toda nuestra nación para madres primerizas y fomentar la educación gratuita de los 0 a los 3 años», apostando decididamente por la cultura de la vida. Para concluir este bloque, el apartado 13.3 compromete a «impulsar los valores de la familia, cada vez más denostada y golpeada», situando a la juventud a la cabeza de esta reivindicación.
Universidades libres, neutrales e impermeables al matonismo separatista
En el ámbito universitario, escenario donde S’ha Acabat! ha sido víctima del acoso separatista, el subcapítulo 14.1 exige «poner fin a las persecuciones al profesorado universitario por razones lingüísticas o ideológicas». El punto 14.2 defiende «garantizar un rectorado independiente y neutral que ejerza sus funciones de gobierno en una universidad donde imperen la convivencia y la pluralidad de ideas, sin imposiciones».
El apartado 14.3 solicita «suprimir las subvenciones públicas a asociaciones y sindicatos radicales y violentos». Para sancionar el acoso en los campus, la medida 14.4 exige «crear un protocolo de sanción específico para aquellos individuos que vulneren los derechos de asociación, reunión y libertad de expresión del alumnado, al igual que ya existen protocolos contra las agresiones racistas, LGTBIfóbicas o machistas».
Por último, el subcapítulo 14.5 reclama garantizar que «S’ha Acabat!, así como el resto de asociaciones patriotas y constitucionalistas, dispongan de la misma libertad de acción y asociación que cualquier otra entidad inscrita en las universidades», asegurando que puedan organizar actos «sin sufrir boicots, expulsiones ni agresiones».