Sin unanimidad el catalán, euskera y gallego nunca serán lenguas oficiales

-De los 27 países de la UE, el Gobierno de España cuenta solo con el respaldo de 8 países: Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Lituania, Rumanía y Portugal. El resto mantienen las dudas políticas, económicas y legales sobre la propuesta, que según los servicios jurídicos del Consejo de la UE requeriría cambiar los tratados para poderla aplicar.

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FOTOGRAFÍA. BRUSELAS (BÉLGICA), AÑO 2024. (De izq. a dcha.) del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en Bruselas, Bélgica. Efe
FOTOGRAFÍA. BRUSELAS (BÉLGICA), AÑO 2024. (De izq. a dcha.) del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en Bruselas, Bélgica. Efe

Bruselas (Bélgica), miércoles 2 de julio de 2025 (Efe).- Los países de la Unión Europea (UE) volverán a abordar la petición de España para que el catalán, el euskera o vasco y el gallego sean lenguas oficiales en la UE en la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales, prevista para el 18 de julio, confirmaron a Efe fuentes diplomáticas.

El Gobierno de España ha pedido a Dinamarca, que desde ayer ostenta la presidencia rotatoria de la UE hasta el 31 de diciembre, incluir en la agenda la oficialidad de las lenguas y Copenhague ha decidido volver a abordar la cuestión, que los Veintisiete trataron por última vez en mayo.

Según han confirmado a Efe distintas fuentes, España cuenta con el respaldo de Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Lituania, Rumanía y Portugal, pero la decisión para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la UE debe adoptarse por unanimidad.

El resto mantienen las dudas políticas, económicas y legales sobre la propuesta, que según los servicios jurídicos del Consejo de la UE requeriría cambiar los tratados para poderla aplicar.

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En concreto, alegan que España no ha presentado un documento con los costes que conllevaría traducir al catalán, el euskera y el gallego las normativas comunitarias ni cuánto habría que pagar a los intérpretes de las instituciones europeas.

El Gobierno de España sí ha plateado, no obstante, que asumirá todo el coste y que la medida empezaría a aplicarse en 2027, empezando primero por los reglamentos desde 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.

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La Comisión Europea estimó que podría ascender a 132 millones de euros, según un informe que publicó en 2023 basado en la experiencia del gaélico, aunque concretó que para saber el coste definitivo hay que saber el personal que hay que contratar, qué herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a las labores de traducción y el posible periodo de transición que se pactaría antes de la entrada en vigor de la oficialidad de las lenguas.

Los países que todavía no han dado el consentimiento temen también que se cree un precedente para otras lenguas minoritarias como el sami (en Suecia) o el ruso en países del este.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado en distintas ocasiones que no se crearía tal precedente porque la propuesta de España supone un ‘traje a medida’ para el catalán, el euskera y el gallego y ha defendido que la Constitución española reconoce la cooficialidad de las lenguas.

España asegura que también ha presentado un documento resolviendo las dudas y tras la última reunión en mayo, Albares dijo que «si alguien, de verdad, quiere una opinión jurídica, que lo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

«No quiero crear ni perspectivas positivas ni negativas. Aún quedan unos cuantos días y hay que aprovecharlos al máximo», dijo en declaraciones a la prensa el conseller -consejero- de Unión Europea y Acción Exterior de Cataluña, Jaume Duch, de visita oficial a Bruselas.

El conseller insistió en que «la posibilidad de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales de la UE no tiene que ser una cuestión politizada, sino que tiene que llegar del resultado de lo que nosotros llamamos justicia lingüística».