Efe – Aunque en el Gobierno madrileño insisten en que su prioridad ahora es combatir la crisis del coronavirus, las divisiones dentro del propio Ejecutivo de coalición no son nada favorables, menos aún tras el rechazo del vicepresidente Ignacio Aguado (Cs) al recurso judicial contra las nuevas restricciones de movilidad y la dimisión de un consejero. Madrid (España), domingo 4 de octubre de 2020.
Anunciada el viernes por la noche, poco antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones, la renuncia del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, también de Cs, ha evidenciado las desavenencias que arrastra el Gobierno de la Comunidad de Madrid prácticamente desde el inicio de la legislatura.
En una carta remitida a la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), el consejero le comunica la decisión de dejar el cargo porque quiere «cerrar una etapa» y continuar como diputado en la Asamblea de Madrid.
Una dimisión inesperada en un momento en que las residencias de mayores habían vuelto a un segundo plano, pero que durante la primera oleada del coronavirus había sido reclamada en varias ocasiones por Vox, el partido que apoyó la investidura de Ayuso.
Fue precisamente la situación de las residencias de mayores al inicio de la pandemia lo que dio visibilidad a Reyero, un consejero que hasta ese momento había pasado prácticamente desapercibido.
Con las muertes al alza, la gestión sanitaria de estos centros pasó a manos del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), al que Reyero reprochó especialmente los protocolos de derivación a los hospitales.
Reyero calificó de «inmoral» e incluso «ilegal» ese documento que, según Escudero, se trataba de un «borrador» enviado por «error» a las residencias, una versión que contrasta con los hasta cuatro correos electrónicos enviados por Sanidad a Políticas Sociales pidiendo el traslado del texto a los centros.
En su carta de renuncia, Reyero se despide con un llamamiento a la «unidad entre las instituciones» como «el camino más acertado para vencer al virus», en la línea con la postura que defiende el vicepresidente Aguado en esta segunda oleada del coronavirus, en la que ha adoptado un papel de pacificador entre el Gobierno central y el madrileño.
De hecho, tras la reunión entre Ayuso y Pedro Sánchez el pasado 21 de septiembre para coordinar medidas contra el coronavirus destacó que «no hay tiempo para luchas partidistas».
Aguado pasó a formar parte del Grupo COVID-19, el único acuerdo concreto fruto de esta reunión, compuesto por representantes de ambas administraciones.
Más adelante, con las declaraciones cruzadas del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios miembros del Gobierno regional sobre los diferentes criterios para atajar la pandemia, llegó a reclamar un «alto el fuego político» y a pedir disculpas por que el Grupo COVID-19 se hubiera convertido en «un ring de boxeo».
Tras la tercera reunión anunció con satisfacción por Twitter que habían alcanzado un «principio de acuerdo», pero en el comunicado oficial del Gobierno regional se limitaban a decir que se habían emplazado a «seguir negociando» los criterios técnicos para adoptar medidas.
Finalmente, con la entrada en vigor de nuevas restricciones en diez municipios madrileños, incluida la capital, se ha impuesto la postura del Gobierno central.
No obstante, el Gobierno regional ha presentado un recurso que anunció la propia Ayuso con el que no está de acuerdo Aguado: «Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en rueda de prensa o tribunales para salvar vidas», escribió en Twitter, al tiempo que recordaba que desde Cs llevaban meses «pidiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia».
Su posición forma parte de una estrategia de partido defendida por otros líderes de Cs como la propia presidenta, Inés Arrimadas, en un momento clave además en la negociación de los presupuestos con Sánchez.
Aguado, al igual que otros miembros del Gobierno regional, niega en público que haya divisiones y califica de «irresponsable» la posibilidad de plantear una moción de censura contra Ayuso propuesta por el PSOE.
Sin embargo, más allá de la crisis del coronavirus, el Gobierno regional tiene que hacer frente a una doble crisis política por su relación con el Gobierno nacional y las diferencias de criterio que hay en su propio seno.
Unas diferencias que antes de la renuncia de Reyero se hicieron patentes con otras dimisiones, como la de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, contraria a la petición formulada a principios de mayo al Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1 de la desescalada.
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