Texto informe del polémico socialista Boriss Cilevičs (Letonia) contra España y su pueblo

.respecta a España, el socialista Boriss Cilevičs dice que “la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal”
.Boriss Cilevičs falta a la verdad en su resolución, que debatirá el Parlamento europeo, vociferando mentiras como: varios altos políticos de la Generalidad de Cataluña “fueron procesados ​​y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otras cosas por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo al referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017”

FOTOGRAFÍA. BRUSELAS (BÉLGICA), 03.06.2021. Boriss Cilevičs (Partido Socialista de Letonia), es el autor del informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre los indultos y excarcelación de los presos, condenados y huidos golpistas por el Procés secesionista en la Comunidad autónoma de Cataluña en 2017. Este individuo dice que socialista de Letonia asegura que los condenados y huidos han sido procesados por sus «declaraciones hechas en el ejercicio de sus mandatos políticos» aunque «siempre» los golpistas del Procés «hayan respetado ciertos límites», tal y como titula su resolución que será debatida en el Pleno del Parlamento Europeo, en inglés, «Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate». Fuente Parlamento Europeo Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción – Bruselas (Bélgica), jueves 03.06.2021. “Los políticos necesitan un nivel particularmente alto de protección de la libertad de expresión y la libertad de reunión, tanto en el parlamento como cuando hablan con sus electores, pero esa libertad de expresión no es ilimitada”, dijo hoy la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), agregando que el “discurso de odio y los llamamientos al derrocamiento violento de las instituciones democráticas no están protegidos”.

¿España debería apoyar a un grupo o asociación separatista en Letonia como respuesta a este ataque?

“Todos, y en particular los políticos, tienen derecho a realizar propuestas cuya implementación requiera cambios en la constitución, siempre que los medios propuestos sean pacíficos y legales”, subrayó el comité del socialista Boriss Cilevičs en un resolución (PDF) con planteamiento claramente erróneo expresamente contra España y su pueblo, y, obviamente, a favor del golpismo en la Comunidad autónoma de Cataluña.

Dicho informe pide a España anular todas las ordenes de captura y entrega de los huidos golpistas del Procés y negociar la independencia de Cataluña (referéndum de autodeterminación” dado que se trata de una cuestión, a su juicio, política.

Al debatir un informe sobre “¿Deberían procesarse los políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su mandato?”, Elaborado por Boriss Cilevičs (Partido Socialista de Letonia), la comisión se refirió específicamente a la situación en Turquía y España.

En cuanto a Turquía, los parlamentarios señalaron que numerosos políticos “están encarcelados por declaraciones que hicieron en el ejercicio de sus mandatos políticos” y que la independencia de los tribunales turcos “se ha puesto cada vez más en duda”.

El comité pidió a las autoridades turcas que liberaran urgentemente a Selahattin Demirtaş, presidente de uno de los principales partidos de la oposición, “implementando así la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la decisión del Comité de Ministros” del Consejo de Europa.

Las autoridades turcas, dijo el comité, deberían “tomar medidas urgentes para restaurar la independencia del poder judicial”, abstenerse de “enjuiciar sistemáticamente a los políticos por delitos relacionados con el terrorismo siempre que se refieran al pueblo kurdo o la región kurda” y reexaminar todos casos de “políticos procesados ​​o incluso condenados por declaraciones que hicieron en el ejercicio de su mandato político“.

Por lo que respecta a España, la comisión liderada por el socialista Boriss Cilevičs subrayó su “pleno respeto por el orden constitucional de España”.

Boriss Cilevičs dice que “la mera expresión de opiniones independentistas no es motivo de persecución penal”, pero recordó que varios altos políticos catalanes fueron procesados ​​y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, “entre otras cosas por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo al referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña de octubre de 2017“.

Confunde la opinión pública europea sobre la rebelión y la sedición

Boriss Cilevičs pide directamente a las autoridades españolas que “reforman las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que no puedan interpretarse de manera que anulen la despenalización de la organización de un referéndum ilegal en 2005 o den lugar a sanciones desproporcionadas para los no transgresiones violentas”, para “considerar indultar o liberar de la prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional y las manifestaciones pacíficas masivas relacionadas, para por los mismos motivos” y para “retirar los enjuiciamientos restantes también de los funcionarios de menor rango involucrados en el referéndum inconstitucional de 2017”.

“Las autoridades” españolas también “deben abstenerse de exigir a los políticos catalanes detenidos que repudien “sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen carcelario más favorable o una oportunidad de indulto”; Sin embargo, se les puede “exigir que se comprometan a perseguir sus objetivos políticos sin recurrir a medios ilegales”.

El Comité subrayó su respeto por la independencia de los tribunales españoles para resolver los recursos pendientes, respetando también el derecho a recurrir en el momento oportuno ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Está previsto que el proyecto de resolución adoptado sea debatido por la Asamblea Parlamentaria durante su próximo período parcial de sesiones plenarias (21-24 de junio de 2021).

El texto íntegro de 28 folios

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