Texto íntegro de la enmienda a la totalidad de VOX a los Presupuesto de Andalucía para el año 2022

.”El Gobierno de PP y Cs” en Andalucía “apoya todas las iniciativas de género que se debaten en la cámara, aceptando todas y cada una de las políticas de género impuestas por la izquierda”
.”Siguen vigentes los mismos planes estratégicos y de igualdad (en realidad, desigualdad), premios, convocatorias, programas y objetivos que legó el Partido Socialista, que no solo ha dejado intactos en sus postulados, sino que en muchos casos los ha agravado y dotado de mayores recursos”
“.Lo mismo ocurre con la Ley de Memoria Democrática, que tres años después de su llegada al Gobierno y como cuando el Partido Popular desperdició un mayoría absoluta a nivel Nacional”
.”Se sigue celebrando el Día de la Memoria Histórica y siguen vigentes los planes estratégicos que coartan los derechos fundamentales de los ciudadanos e imponen una visión sectaria de la historia”
.”los centros de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) siguen siendo un problema allí donde son alojados provocando inseguridad y aumento de delincuencia. VOX tiene claro que no puede haber calles ni barrios seguros sin fronteras seguras. Pero no sólo sus intervenciones del Gobierno del PP y Ciudadanos, también sus actuaciones muestran su la nula voluntad de combatir la inmigración ilegal. Las distintas publicaciones, planes estratégicos y objetivos recogidos en el presupuesto, sin referencia a los españoles o extranjeros residentes legales, son la muestra más evidente de su sumisión y entrega a las políticas globalistas y a la Agenda 2030″

FOTOGRAFÍA. SEVILLA (ESPAÑA), 17.11.2021. El Portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira Florentino (c), registra la enmienda a la totalidad del partido que preside Santiago Abascal Conde a los Presupuestos regionales de la Comunidad autónoma de Andalucía que ha presentado el Gobierno de coalición progre (progresista) del PP de Jun Manuel Moreno Bonilla y Ciudadanos (Cs) de Juan Antonio Marín. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción.- Sevilla (España), miércoles 17 de noviembre de 2021. «Parlamento de Andalucía. Grupo Parlamentario de VO. A la Mesa de la Comisión de hacienda y Financiación Europea. Parlamentario VOX en Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artículos 130 y siguientes del reglamento del Parlamento de Andalucía, y dentro del plazo establecido para su presentación, viene a formular enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022, con número de expediente 11-21/PL-000010, postulando su devolución al Consejo de Gobierno.

El 2 de diciembre de 2018 se produjo un cambio histórico en Andalucía fruto de la voluntad de una mayoría de andaluces hastiados de 37 años de gobiernos socialistas que sumieron a nuestra región en la precariedad y la falta de oportunidades. Por desgracia, la corrupción y la nefasta gestión de los servicios públicos se convirtieron en señas de identidad de una región que tiene capacidad para convertirse en uno de los motores de nuestra Nación.

Gracias a los distintos pactos de investidura y los acuerdos que permitieron sacar adelante los presupuestos de los años 2019, 2020 y 2021, se abría para los andaluces un nuevo horizonte que dejara atrás las nefastas políticas socialistas.

Estos compromisos debían suponer revertir todas y cada una de las políticas que los andaluces habían rechazado en diciembre de dos mil dieciocho, empezando por una administración paralela que sustenta el estado de bienestar de los políticos y que impide dedicar los recursos a lo verdaderamente importante: los servicios públicos.

FOTOGRAFÍA. SEVILLA (ESPAÑA), 17.11.2021. El Portavoz del Grupo Parlamentario de VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira Florentino (c), registra la enmienda a la totalidad del partido que preside Santiago Abascal Conde a los Presupuestos regionales de la Comunidad autónoma de Andalucía que ha presentado el Gobierno de coalición progre (progresista) del PP de Jun Manuel Moreno Bonilla y Ciudadanos (Cs) de Juan Antonio Marín. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Tras tres años de gobierno los resultados han sido decepcionantes. La pandemia no es una excusa, ya que la necesaria movilización de recursos extraordinarios hubiera requerido más si cabe las reformas y las modificaciones legales que los andaluces llevan años demandando en la administración.

Una vez más el Partido Popular ha desaprovechado la confianza de sus votantes e incumplido sus promesas electorales. Siempre parecen encontrar una justificación para dilatar la toma de decisiones valientes que en muchos casos nada tienen que ver con la gestión ordinaria.

El Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2022 era sin duda la gran oportunidad para cumplir con el mandato en las urnas, mediante unas cuentas determinantes para el devenir de nuestra región en los próximos años. Lejos de aprobar unas cuentas valientes, el Consejo de Gobierno ha optado por un cuerpo normativo continuista con todas las políticas que se había comprometido a revertir. La prueba más evidente son las constantes peticiones del Partido Popular al Partido Socialista para que apoye unas cuentas que se han llegado a calificar como “las que el Partido socialista siempre ha soñado”.

Nuestra región va dejando atrás la emergencia sanitaria, pero la emergencia social y económica, fruto de los meses más duros de pandemia, donde las medidas restrictivas adoptadas tanto por el Gobierno de la Nación como por el Gobierno de la Junta de Andalucía acarrearon graves perjuicios para nuestra economía, aún las seguiremos sufriendo en los próximos años según todas las previsiones económicas.

Las limitaciones de derechos y restricciones indiscriminadas, que entre otras cosas implicaron la prohibición a muchos ciudadanos de ejercer su derecho al trabajo sin ningún tipo de alternativa; las sucesivas órdenes de confinamiento, cierres perimetrales y toques de queda, y el decreto de dos estados de alarma declarados inconstitucionales, no sólo implican un atropello a los derechos fundamentales de los españoles sino que profundizan en la aceleración de una crisis que ha liquidado miles de pequeños y medianos negocios, colocado a otros tantos en ERTE y que ha incrementado una tasa de paro que en el caso de Andalucía es ya de por sí insostenible, no bajando ésta del 20%.

Las tímidas reformas llevadas a cabo por el Consejo de Gobierno propiciaron un leve cambio de tendencia, en los indicadores macroeconómicos, que los andaluces de a pie no llegaron a experimentar. La llegada del COVID-19 y la crisis social y económica que le ha seguido ha arrasado nuestra economía, elevando unas tasas de paro ya de por sí inasumibles para cualquier sociedad.

Todo ello manifiesta la debilidad de una economía anquilosada por la presión normativa y regulatoria y la incapacidad del gobierno de adoptar medidas que confronten los retos culturales actuales.

Pese al tono triunfalista que ha mantenido el Gobierno de la Junta de Andalucía, lo cierto es que el próximo presupuesto debía de haber tenido en cuenta esta lamentable situación y sostener como principal objetivo proteger los recursos públicos y desarrollar un modelo capaz de generar oportunidades para promover la prosperidad de los andaluces y no el de los políticos. Todo ello implica necesariamente una reducción drástica de todo el gasto superfluo que abunda en la administración andaluza, la supresión de todos aquellos organismos inútiles, el fin de toda partida ideológica y una reestructuración urgente de todo el entramado desarrollado por los ejecutivos socialistas que suponen un auténtico lastre para el mantenimiento y el desarrollo de los servicios públicos tan necesarios en estos momentos.

Este Proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2022, no se ajusta a lo expuesto anteriormente, y lejos de traer el ansiado cambio que propició la salida del poder del partido socialista tras 37 años, profundiza y desarrolla las mismas políticas que han convertido artificialmente Andalucía en una región atrasada, con falta de oportunidades y con unos servicios públicos muy debilitados incapaces de satisfacer las demandas de los andaluces.

Debemos insistir en que la Administración andaluza debe experimentar una reforma que implique la reducción drástica del gasto político superfluo. El Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos de la Junta de Andalucía ha dilatado durante meses el resultado de unas auditorias que no les convenían ni eran de su agrado. Esto, además de suponer un incumplimiento de los distintos pactos, responde a una clara intención de no seguir las recomendaciones de los 54 informes donde se evidencia la falta de utilidad pública y el carácter prescindible de un número considerable de entes que conforman el Sector Público Instrumental.

Las estructuras clientelares desarrolladas por los gobiernos socialistas siguen intactas. La fusión de distintas entidades, como en el caso de TRADE y con la creación de ACCUA, no solo no conlleva a una reducción pragmática del sector instrumental, a la que este gobierno, formado por Partido Popular y Ciudadanos, se comprometió a suprimir desde el inicio de la legislatura, sino que supone un apuntalamiento del régimen clientelar creado por los ejecutivos anteriores. Todo ello evidencia el incumplimiento del último acuerdo presupuestario firmado con VOX: “Una vez concluidas dichas auditorías, se dará cuenta al Comité Bilateral de seguimiento del Pacto de sus resultados globales, y en el plazo de los 3 meses posteriores, el Consejo de Gobierno aprobará un Plan de Reordenación del Sector Público Instrumental en el que se tendrán en cuenta las recomendaciones establecidas en los informes definitivos de las auditorías operativas y de la Intervención General de la Junta de Andalucía. Dicho plan establecerá todas las fusiones, absorciones y liquidaciones necesarias en el sector, así como los parámetros básicos para la reordenación de los efectivos de recursos humanos de las entidades afectadas. De la elaboración de dicho Plan se dará debida información en el Comité citado”.

Dicho plazo finalizó el 27 de octubre de 2021, sin que este Grupo tuviera conocimiento de la existencia siquiera de un borrador.

En el mismo sentido, este presupuesto recoge un incremento del presupuesto destinado a personal en el sector instrumental así como de la RTVA, que además de consumir cuantiosos recursos se ha convertido en un instrumento de propaganda del ejecutivo andaluz como antaño hiciera el Partido Socialista.

Esto está provocando que cada vez más andaluces se planteen la necesidad no ya de reducir el cuantioso presupuesto del ente público, sino la necesidad de mantener una entidad al servicio de los partidos del gobierno.

Lo mismo ocurre con los gastos en materia de publicidad institucional, que no han dejado de aumentar para regar de dinero público a medios afines a los que comprar, para que propaguen el relato triunfalista del Gobierno de la Junta de Andalucía. Este actuar notorio fue especialmente grave en los meses más duros de la pandemia.

Por lo tanto, no sólo no hay una disminución del gasto superfluo, de administraciones paralelas ni de entes públicos sin demanda social, sino que se produce un aumento del gasto de unos entes que consumen ingentes recursos. Estos entes se han convertido en un gasto estructural necesitado de financiación todos los años y que debería emplearse en mejorar los debilitados servicios públicos de nuestra región. En este sentido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (en adelante AIReF) ha advertido sobre el aumento del gasto estructural de las administraciones.

Este Grupo no se cansará de repetir que este presupuesto atenta contra el sentido común, y que de ninguna forma podría ser el de una familia o cualquier empresa, ya que no hace más que repetir todos los capítulos de gastos del ejercicio anterior sin haber realizado un análisis de las necesidades reales de los andaluces. Desafortunadamente, y como ha ocurrido con todos los presupuestos traídos a la Cámara por Partido Popular y Ciudadanos, una gran cantidad de programas y objetivos son idénticos a los de las últimas cuentas aprobadas por el Partido Socialista.

Además, las previsiones económicas vaticinan una mala situación económica y financiera que se alargará en los posteriores ejercicios económicos. El Gobierno, de espaldas a esta realidad, manifiesta las siguientes afirmaciones triunfalistas en su exposición de motivos:

“La economía andaluza, en particular, está dando muestras de un gran dinamismo: finalizado el II trimestre de 2021, el PIB andaluz registra el mayor crecimiento interanual de la serie histórica, sustentado especialmente en la industria y los servicios, donde destaca la sólida recuperación de dos de los sectores más afectados por la pandemia como son el de actividades artísticas, recreativas y otros servicios y el de comercio, transporte y hostelería”.

El ejecutivo sobrevalora así un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no compartido por expertos. Y es que la austeridad y la eficiencia en el gasto público deben extremarse más que nunca, pues la deuda pública a la que está arrastrando el Gobierno de España a la Nación alcanza ya el 122,25% del PIB, y una deuda per cápita de 29.897€, que en comparación con el ejercicio anterior, ha crecido 2.637€ por habitante. España dentro del ranking mundial de Deuda Pública, se encuentra entre los países con más deuda del mundo. Una situación sin lugar a dudas preocupante, teniendo en cuenta la necesidad de regresar al control de las normas fiscales, que la pandemia obligó a abandonar, con una deuda disparada y el envite de una crisis sin haber levantado la cabeza de la recesión de 2008.

Andalucía no presenta un panorama económico mejor, según el informe emitido por la AIReF sobre los proyectos y líneas fundamentales de presupuestos de las administraciones públicas para 2022, el déficit de las Comunidades Autónomas crecerá en 2022 hasta el 0,6%. Este incremento, argumenta la entidad, se explica por una caída de los recursos en 2022 que no se ve compensada por la progresiva retirada de las medidas vinculadas a la pandemia y el efecto positivo de los fondos REACT-UE.

La caída del crecimiento económico, provocado por la pandemia, junto con el deterioro fiscal supondrá aumentar aún más el nivel de riesgo de sostenibilidad financiera de la Comunidad.

Este estado económico financiero que afecta a cada región de España debe poner en la alerta permanente del Gobierno andaluz, de modo que las políticas de la Junta de Andalucía sean dique de contención de la deuda y no contribuyan a su crecimiento, adoptando las medidas necesarias para que el espacio fiscal que queda tras las medidas para luchar contra el COVID-19 y la paulatina evolución de los ingresos, repercuta en su totalidad en la reducción del déficit público.

El Gobierno de la Junta de Andalucía debe dejar de buscar excusas que sólo contribuyen a generar un sentimiento victimista para justificar sus políticas y como arma política arrojadiza entre los partidos de la oposición. El deterioro de los servicios públicos andaluces es fruto no de una infrafinanciación, sino de un sistema como el autonómico, pernicioso para el bien común y el interés general de los españoles que fomenta la desigualdad y la insolidaridad entre las distintas regiones de España. Un modelo -el autonómico- del que es firme defensor este gobierno y su presidente el señor Moreno Bonilla, empeñado en blindar y fortalecer un sistema que hace desiguales a los españoles y que lastra el desarrollo y la prosperidad de nuestra Nación.

Ante ello se debe abandonar el discurso victimista, y ejercer un mayor esfuerzo en la contención del gasto superfluo no destinado a sostener los servicios públicos. Gastar lo que se tiene y destinarlo a necesidades que han estado muy mermadas durante la pandemia como son sanidad, educación y servicios sociales, sin que se invierta en mantener el estado de bienestar de los políticos, sus estructuras superfluas y su gasto ideológico; pero para ello el Gobierno debe ser valiente y configurar una política centrada en el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y la salvaguarda de los derechos sociales y la igualdad de oportunidades.

Es necesario reevaluar año a año cada programa operativo de gasto en base a su ejecución, es decir, según la demanda social e impacto positivo en los más desfavorecidos, con criterios objetivos de eficiencia atendiendo al impacto del esfuerzo fiscal sobre el crecimiento y el empleo. Esto es esencial para desarrollar unas cuentas saneadas y un adecuado equilibrio entre lo que los ciudadanos desembolsan en impuestos y lo que reciben de los mismos.

La situación del empleo en Andalucía tampoco se corresponde con la imagen que ha diseñado el Gobierno en los presupuestos, porque cuando dice en su exposición de motivos “El mercado de trabajo, por su parte, presenta una trayectoria muy positiva, habiendo terminado el mes de agosto de 2021 con un número de personas desempleadas por debajo de las 800.000, su nivel más bajo desde diciembre de 2019. El descenso del paro registrado en Andalucía es el mayor de todas las Comunidades Autónomas mientras que los afiliados a la Seguridad Social alcanzaron en agosto la cifra más elevada durante este periodo desde que existe información homogénea, situando de nuevo a Andalucía a la cabeza del aumento del empleo nacional”; lo cierto es que se ha incrementado la temporalidad y la precariedad del mercado de trabajo. El discurso triunfalista del Gobierno de la Junta de Andalucía choca con la realidad que sufren cada día cientos de miles de andaluces; y una tasa estructural de paro que alcanzará niveles del 23%. Lo mismo ocurre con la insoportable tasa de desempleo juvenil que, como ocurría cuando gobernaba el Partido Socialista, obliga a decenas de miles de jóvenes a emigrar a otras regiones en búsqueda de las oportunidades de las que no gozan en nuestra región.

No puede entenderse que el Partido Popular y Ciudadanos critiquen con dureza las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez por su falso triunfalismo, y que allí donde tienen la oportunidad de presentar unas cuentas rigurosas y que reflejen la realidad que sufren los ciudadanos caigan en el mismo triunfalismo que critican. Este Grupo Parlamentario por deber y coherencia, y aplicando el sentido común critica por igual a todos aquellos que utilizan los presupuestos públicos para hacer propaganda de partido.

No se han reducido los tiempos de desempleo, y aunque a solicitud de VOX se modificó el sistema de subvención que venía siguiendo la Formación Profesional para el empleo, se sigue sin conocer las demandas y necesidades reales de las empresas, que son las que crean empleo; por lo que difícilmente se puede facilitar la búsqueda de empleo para estas personas. En el caso de Andalucía, la situación es preocupante; la Administración cuenta con una red de oficinas deficiente para la búsqueda de empleo. El Servicio Andaluz de Empleo, que consume cuantiosos recursos y que ha estado en cuestión debido a escandalosos casos de corrupción, no ha llegado a cubrir el 3% de las contrataciones en Andalucía.

Estas cifras nefastas de efectividad y eficiencia en la gestión de sus recursos que el Servicio Andaluz de Empleo lleva teniendo años, está produciendo que muchos andaluces se planteen no ya la necesidad de reformar y redistribuir parte de los recursos que consume, sino la justificación de la existencia de un ente que consume cuantiosos recursos públicos con una incapacidad manifiesta de cumplir los fines para los que fue creada en una de las regiones de España con las tasas de desempleo más elevadas.

Miles de empresas intentan sanear sus balances endeudados, y las ayudas que han recibido por parte del Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas han llegado tarde y mal. Unas ayudas inaccesibles debido a una maraña de requisitos y exigencias difíciles de cumplir que han impedido el acceso a las mismas para la mayoría de damnificados por las restricciones inconstitucionales aplicadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, concretamente las recogidas en el RD 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

A la destrucción del empleo en Andalucía, han contribuido de forma decisiva las restricciones impuestas por el Gobierno de la Junta, pese a las advertencias de sectores afectados como el de la hostelería, que denunció la prolongación de restricciones inconstitucionales como los toques de queda y las restricciones horarias impuestas por el Gobierno de la Junta.

Restricciones impuestas en base a unos informes del “Comité de Expertos”, que no han sido publicados y pese a la falta de evidencia científica de la existencia de relación de causalidad alguna entre el servicio hostelero en los establecimientos y el contagio del COVID-19; dejando el sustento de miles de familias en manos de medidas que se han demostrado ilegales y que han contado con el consenso de todos los partidos de esta cámara a excepción de VOX.

Este Proyecto de Ley de Presupuesto para 2022 tampoco contempla las ayudas exigidas por VOX para que sea la Administración la que pague la cuota de los autónomos para el caso de que sus ingresos netos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional, castigando así a aquellos que se encuentran parados como consecuencia de la crisis, y que se han visto obligados a iniciar una actividad por cuenta propia sin la seguridad de poder mantenerla con tal de sacar a sus familias adelante. Porque a todo ello hemos de añadir el incremento exponencial de costes como es el de la energía o los hidrocarburos; alcanzando máximos históricos en sus precios prácticamente cada día de la semana.

Adquiere especial gravedad en caso de los comerciantes y hosteleros, ya que muchos de ellos han invertido todo lo que tienen, su patrimonio y los ahorros de toda una vida en soportar el cierre por la pandemia y todas las restricciones impuestas por las distintas administraciones. Un consumo eléctrico que por el bien de sus empresas y familias, no pueden dejar de emplear ya que operan durante todo el día, y eso incluye las horas pico, a pesar de lo que afirmen la propaganda y ocurrencias del gobierno de turno. Desafortunadamente, el gasto en la luz, bien básico nacional, es inasumible para el bolsillo de los españoles en cualquier hora del día.

En cuarto lugar, respecto a nuestra atención sanitaria, la evidente falta de personal, aquejada por horarios incompatibles con la conciliación familiar, se intenta paliar con la promoción de la asistencia telemática que lejos de atajar el problema, plantea alternativas ineficaces y que perjudican la atención al ciudadano y la relación médico-paciente.

Las medidas adoptadas durante la pandemia por el Servicio Andaluz de Salud han estado revestidas de improvisación, sin considerar los efectos que las distintas olas del COVID-19 provocaban en nuestro sistema sanitario. Mientras los hospitales sufrían el colapso, se descuidaba la Atención Primaria, cuyos centros han estado cerrados durante meses, dejando amplias zonas sin especialistas; no siendo hasta el último trimestre del 2021 cuando han comenzado a abrir dichos centros, lo que ha provocado un perjuicio considerable a todos los pacientes que demandaban atención presencial.

Además, la temporada estival ha llevado a una sobrecarga del sistema, con una reducción de la prestación del servicio a la ciudadanía, debido a la falta de previsión por parte del ejecutivo. Las necesarias vacaciones del personal sanitario y la falta de sustitutos en las bolsas de empleo y la imprevisión de la Consejería han provocado una reducción horaria idéntica a la del año pasado.

El “Gobierno del cambio” no cesa en su promesa de redefinir un modelo de Atención Primaria en Andalucía, pero lo cierto es que dicho modelo no sólo no llega, sino que ha sido sustituido por una insuficiente y saturada asistencia telefónica y telemática incapaz de atender debidamente a los ciudadanos.

De otro modo la temporalidad de nuestros sanitarios sigue siendo un hecho. No existe una apuesta por acabar con la precariedad laboral de nuestros profesionales sanitarios que siguen recibiendo unas retribuciones que se encuentran por debajo de la media nacional. Todo ello en contra de lo que ha defendido VOX durante la presente legislatura.

Por otro lado, las listas de espera siguen siendo una lacra que sufren todos los andaluces que ven como el acceso a especialistas o a recibir las intervenciones absolutamente necesarias se demoran durante meses. Y lo mismo ocurre en materia de dependencia donde decenas de miles de personas siguen esperando ser atendidas y están pendientes de recibir su valoración.

En relación a la salud mental, la pandemia ha pasado factura a la población, son muchas las familias que viven situaciones desesperantes. Las largas listas de espera y las carencias de una atención insuficiente debido a la falta de medios, hacen que el bienestar de la salud mental especialmente de familiares a cargo dependa de la capacidad económica de las familias, convirtiéndolo en un privilegio al alcance de muy pocos.

La administración no es capaz de cubrir en su totalidad ciertos servicios por falta de capacidad y medios, y es necesaria la colaboración con entidades para la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los que los poderes públicos están obligados en virtud del art 49 de nuestra Carta Magna a prestar la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a los ciudadanos.

Es necesario además mejorar la atención para evitar que menores de edad ingresen en unidades de adultos, problema frecuente sobre todo en pacientes con trastorno de conducta alimentaria. Tampoco recogen en estos Presupuestos las dos unidades hospitalarias específicas con ingreso de 24 horas que el consejero de Salud prometió a las familias para tratamiento de estos trastornos en alguno de sus miembros, tras haber sido reclamada por VOX en cada una de las Comisiones de Salud durante el inicio de la legislatura.

Por último, atendiendo a la revisión de los distintos pactos y acuerdos alcanzados con esta formación y que permitieron desalojar del poder al socialismo en nuestra región, este gobierno ha preferido ser un mero gestor de la herencia socialista, haciendo suyas todas sus estructuras y redes clientelares, y dando continuidad a todas las políticas que prometió revertir.

El Consejo de Gobierno, como ha hecho en las Cortes Generales el Gobierno de Pedro Sánchez ha abusado de la figura del decreto-ley, incorporando en muchas ocasiones asuntos que nada tenían que ver con los criterios de urgente necesidad. Así el Ejecutivo ha tratado de transmitir un falso consenso que luego no era tal, pasando por encima de la asamblea.

El Gobierno de la Junta de Andalucía está entregado a la agenda globalista cuyo máximo exponente es la Agenda 2030, Así, está empeñado en desarrollar unas políticas climáticas que llevarán a la ruina de nuestro sector primario y que son una clara amenaza para el modo de vida del mundo rural. Así, debido a la reciente aprobación del l Plan Andaluz de Acción por el Clima que, como ya se hiciera con el género, se impone la perspectiva climática a toda la normativa elaborada por la administración andaluza, y supone un nuevo sumidero por el que se marchan los recursos públicos que deberían dedicar a lo verdaderamente acuciante para los andaluces.

Nuestro campo necesita inversiones extraordinarias en infraestructuras hídricas que lleve el agua allí donde sea necesaria y permita a un gran número de comarcas aumentar su producción. Actualmente en Andalucía tenemos decenas de miles de hectáreas sin producir ante la escasez de recursos y el abandono de las administraciones.

Nuestros productores y el sector primario necesitan que una apuesta decidida por la defensa del producto nacional y que se combata la competencia de productos procedentes de terceros países que compiten de manera desleal. Uno de los fraudes más recurrentes es el fraude del reetiquetado, que este Grupo lleva denunciando toda la legislatura y para el que la Junta no ha empleado recursos. Estas políticas centradas en el ámbito ideológico no contribuyen verdaderamente a la necesaria conservación y mejora del medio natural, que ha de llevarse a cabo respetando la calidad de vida de las personas sin convertirse en una excusa para criminalizar a nuestros trabajadores o el modo de vida de la España Rural.

De este modo, a pesar de haber quedado paralizado el Proyecto de Ley de Bienestar Animal gracias al rechazo frontal de este Grupo, el mero hecho de haber planteado esta nueva norma que atenta directamente contra la forma de vida de nuestros pueblos y las tradiciones de nuestra región, es un indicador claro de hasta qué punto este gobierno está entregado a toda la Agenda Progre.

Los andaluces tienen que soportar como el fruto de su esfuerzo se esfuma en direcciones generales de igualdad, cambio climático, migraciones… cuyo único fin es implementar la agenda ideológica de la izquierda.

En materia de inmigración ilegal, se ha desarrollado una política de puertas abiertas y efecto llamada desde distintas consejerías que ha provocado el aumento del flujo inmigratorio hacia nuestras costas gracias entre otros a la recientemente aprobada “Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025”.

Andalucía sufre, una oleada de inmigración que se hace notar especialmente en la provincia de Almería, donde los efectivos policiales denuncian que la gran cantidad de embarcaciones que llegan a nuestras playas les desborda, con jornadas laborales interminables y altos niveles de estrés, pues no disponen ni de medios ni de personal suficiente para proteger nuestras costas.

En una emergencia social y económica sin precedentes este gobierno, lejos de proceder a priorizar a los nacionales en las ayudas sociales, está entregado a las agendas globalistas que buscan promover y fomentar la inmigración ilegal que genera inseguridad en nuestras calles y que degrada nuestros barrios. En el Parlamento de Andalucía distintos miembros del ejecutivo han realizado afirmaciones como las recogidas en el Diario de Sesiones: “Vamos a estar aquí esperándolos porque no se distingue el color, son menores vulnerables”, o “están tutelados por la Junta de Andalucía, significa que tenemos esa responsabilidad”, “Son nuestros niños y nuestras niñas”.

Así, los centros de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) siguen siendo un problema allí donde son alojados provocando inseguridad y aumento de delincuencia. VOX tiene claro que no puede haber calles ni barrios seguros sin fronteras seguras. Pero no sólo sus intervenciones del Gobierno del PP y Ciudadanos, también sus actuaciones muestran su la nula voluntad de combatir la inmigración ilegal. Las distintas publicaciones, planes estratégicos y objetivos recogidos en el presupuesto, sin referencia a los españoles o extranjeros residentes legales, son la muestra más evidente de su sumisión y entrega a las políticas globalistas y a la Agenda 2030.

El Gobierno de Andalucía no ha tomado la determinación de derogar las leyes ideológicas que atentan contra la igualdad y la solidaridad entre los derechos de los españoles, como son la Ley autonómica 13/2007 de género y la ley 8/2017 LGTBI.

Lejos de esta premisa, el gobierno de PP y Cs apoya todas las iniciativas de género que se debaten en la cámara, aceptando todas y cada una de las políticas de género impuestas por la izquierda. Siguen vigentes los mismos planes estratégicos y de igualdad (en realidad, desigualdad), premios, convocatorias, programas y objetivos que legó el Partido Socialista, que no solo ha dejado intactos en sus postulados, sino que en muchos casos los ha agravado y dotado de mayores recursos. Lo mismo ocurre con la Ley de Memoria Democrática, que tres años después de su llegada al Gobierno y como cuando el Partido Popular desperdició un mayoría absoluta a nivel Nacional, sigue vigente en nuestra región amparando el derribo de símbolos religiosos que, con la autorización de la Consejería de Cultura, se han llevado a cabo en Andalucía en los últimos años.

Se sigue celebrando el Día de la Memoria Histórica y siguen vigentes los planes estratégicos que coartan los derechos fundamentales de los ciudadanos e imponen una visión sectaria de la historia.

Así, ha continuado el adoctrinamiento en las aulas. El último ejemplo es el plan estratégico que se desarrollará en colegios e institutos con manuales ad hoc y una agenda política que engloba la actividad a desarrollar en dos años, a lo que la consejera denomina “masculinidad Igualitaria”. Esto, que pareciera una estrategia desarrollada por el Ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero, es sin embargo la muestra más evidente de la nula voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía de cambiar nada.

Todo ello además de suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los españoles supone un cuantioso gasto que debería ser destinado a lo realmente importante: sanidad, educación, seguridad, justicia, vivienda.

Los andaluces quieren ser libres de estas políticas totalitarias puestas en marcha por la izquierda y gestionadas por el Partido Popular, para lo que es fundamental que la Administración arbitre medidas imprescindibles para rescatar la enseñanza, a todos los niveles, de la imposición ideológica y la cultura de la cancelación, recuperando su vocación como espacio de libertad y búsqueda de la verdad.

En materia educativa, los andaluces no han percibido ningún cambio, y este presupuesto no avanza en la consecución de la ansiada libertad de elección de centro que garantice a las familias el derecho a elegir la educación que deseen para sus hijos. Se mantienen las partidas de gasto ideológico que atentan también contra los derechos de las familias y se avanza en la agenda de todas las ideologías radicales que deben estar fuera de los centros educativos. Lo mismo ocurre con los conciertos de bachillerato incluidos en los acuerdos presupuestarios anteriores, que suponen además un flagrante incumplimiento.

El Partido Popular ha solicitado en el Congreso la gratuidad de 0 a 3 años al Gobierno de Sánchez, pero en un alarde de cinismo y falta de sentido común, allí donde tiene la oportunidad de hacerlo como es el caso de Andalucía, renuncia a ello. Este es el mejor ejemplo de las contradicciones de un partido que no mantiene un discurso coherente e igual en toda España.

Las políticas y medidas concretas en materia de fomento de la maternidad y ayudas a las familias brillan por su ausencia en este proyecto presupuestario, otro incumplimiento más de los acuerdos y de la demanda de cambio de los andaluces.

Nuestra región, como el resto de España, adolece de un problema crónico de falta de natalidad fruto de décadas de abandono de las políticas de apoyo a la familia. Un presupuesto que aspire a hacer frente a los grandes retos de Andalucía debe necesariamente hacer una apuesta decidida por la maternidad y el apoyo a las familias, algo que este gobierno ha olvidado.

Los guiños andalucistas del gobierno han sido un constante, llegando a dar cabida en la parrilla de la televisión que pagan todos los andaluces a nacionalistas confesos. Así, este gobierno como hace el Partido Popular en otras partes de España, sigue fomentando las falsas identidades que alimentan al estado autonómico con el único propósito de aumentar la cuota de poder del barón regional de turno. Se mantienen los recursos destinados a construir artificialmente una falsa identidad andaluza basada en el victimismo y que tergiversa la esencia profundamente española de Andalucía. Esto viene perfectamente reflejado en distintos objetivos de las memorias presupuestarias donde se habla de “impulsar y fomentar la conciencia de identidad del pueblo andaluz”.

Estamos pues, ante una gestión continuista con la vocación de administrar acríticamente la herencia socialista, que ha hecho suya la mastodóntica administración paralela, auditada en parte, pero que no justifica ni sus costes ni su existencia. El peso de los costes que engloban esta estructura paralela lastra todo posible crecimiento económico de la región y se convierte en un yugo para los andaluces en el que se les obliga a mantener con sus impuestos una administración que no sirve a al bien común y a los intereses generales, ni contribuye a la prestación de los servicios esenciales. El gasto corriente del capítulo dos de esta Ley de Presupuestos asciende a casi seis mil millones de euros, un 8,5% más que en el año 2021.

En definitiva, este Grupo Parlamentario debe ejercer el mandato recibido por los andaluces, y no puede apoyar unas cuentas que pudiera haber presentado cualquiera de los gobiernos socialistas de los últimos 37 años. La misma responsabilidad que nos llevó a alcanzar a un acuerdo de investidura y tres acuerdos presupuestarios es la que nos lleva a rechazar unas cuentas contrarias al mandato de cambio las urnas del 2 de diciembre de 2018. A pesar de toda su generosidad, este Grupo no puede apoyar externamente por más tiempo a un ejecutivo empeñado en complacer a la izquierda más sectaria, y que ha desaprovechado una oportunidad histórica para revertir todas y cada una de las políticas que han lastrado a Andalucía durante décadas.

Este Grupo Parlamentario no puede apoyar un proyecto de ley presupuestario que asume las políticas que los andaluces rechazaron en 2018, y centrado en la gestión de la herencia socialista que ha lastrado el desarrollo de nuestra región y el bienestar y la prosperidad de los andaluces. No son los presupuestos de quien fue llamado para ser una alternativa, sino los de quien se comporta como un simple heredero fiduciario, y VOX está aquí para ser una auténtica alternativa para las políticas de la izquierda.

Por todo ello el Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, entiende que debe presentar por honor y por la defensa de la igualdad de derechos de todos los españoles, sin agravios comparativos ni discriminación, la prosperidad y la libertad, esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022.

Parlamento de Andalucía, 4 de noviembre de 2021.

FIRMA: Manuel Gavira Florentino, El portavoz del G.P. Vox en Andalucía».

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