Texto Moción VOX relativa a promover la ilegalización de EH Bildu

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 29 DE ABRIL DE 2026. Texto Moción VOX relativa a promover la ilegalización de Euskal Herria Bildu (EH Bildu). Detalle d ela fachada de Senado español, la Cámara Alta de España. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)
FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 29 DE ABRIL DE 2026. Texto Moción VOX relativa a promover la ilegalización de Euskal Herria Bildu (EH Bildu). Detalle d ela fachada de Senado español, la Cámara Alta de España. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Madrid (España), miércoles 29 de abril de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- Texto Moción de VOX relativa a promover la ilegalización de Euskal Herria Bildu (EH Bildu) en el Senado. Grupo Parlamentario Mixto (VOX). El pleno del Senado ha rechazado la iniciativa con únicamente los votos a favor de VOX. El partido Popular (PP) no ha fallado, el PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha votado abstención, mientras el resto junto al PSOE ha votado en contra.

A LA MESA DEL SENADO. El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Senado, presenta la siguiente moción pdf para su debate en la Comisión de Constitucional relativa a promover la ilegalización de EH Bildu.

Exposición de motivos

Euskal Herria Bildu es una federación de partidos políticos cuya finalidad es “la construcción de un Estado Vasco», es decir, la destrucción de la unidad política de España mediante la desmembración de su territorio. Antes de valorar los antecedentes relativos a esta formación política, es necesario tener siempre presente que uno de los partidos que la integran, y que determinan en buena medida las características de la mencionada coalición, es Sortu, el partido político heredero de la antigua Batasuna.

La formación EH Bildu, no puede ser disociada de la trayectoria criminal de la banda terrorista ETA, como se puede apreciar en el hecho de no condenarla. Y es que no solamente hay una total identificación ideológica con esta organización de asesinos en la común adhesión al separatismo y al socialismo, es decir, en pretender la separación de las provincias vascas y de Navarra para imponer sobre ellas un Estado totalitario; existe asimismo una asociación histórica con la banda ETA y con la consideración de sus actividades criminales como parte de una «lucha» que es objeto de justificación.

VOX promueve la ilegalización de Bildu por su nexo con el terrorismo etarra 

Así puede apreciarse en hechos concretos en la trayectoria de EH Bildu. Se ensalza a antiguos miembros de la banda asesina. No hay distanciamiento verificable con con antiguas estructuras que constituían el brazo político e institucional del terrorismo, ni con el propio terrorismo. Sus declaraciones públicas, en las que como el resto de la izquierda emplean el apelativo de «fascismo» para estigmatizar a todo el que les planta cara, ha servido de inspiración y de justificación para todo tipo de desmanes de violencia callejera. Todo ello prolonga hasta hoy una situación absolutamente insoportable e intolerable, que lleva medio siglo: una opresión totalitaria por parte de los prosélitos de la banda ETA, que han restringido las libertades más básicas de los habitantes de las provincias vascas y Navarra contrarios al separatismo. Un buen ejemplo de ello ha sido, en los últimos días, el cierre de la Universidad del País Vasco ante la celebración de un acto de VOX por las autoridades académicas. Dichas autoridades están completamente entregadas al separatismo de extrema izquierda y son responsables directas de los desmanes de los grupos violentos que actúan en dicho centro. Por supuesto, EH Bildu ha jaleado este ataque a la libertad de expresión.

Por si cupiera alguna duda de la vinculación con ETA, en las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023, la formación incluyó en sus candidaturas a 44 personas condenadas por delitos relacionados con la citada banda terrorista, de las cuales 37 lo habían sido por pertenencia o colaboración y 7 por delitos de sangre.

Especial significado reviste la trayectoria de su actual secretario general, Arnaldo Otegui, que ha sido condenado por la Justicia por pertenencia al grupo terrorista ETA y por enaltecimiento del terrorismo, y que desempeñó cargos de responsabilidad en Batasuna, formación ilegalizada por su vinculación con la organización terrorista.

Asimismo, todo apunta que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez habría permitido la exclusión de ETA del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 , y no hay duda de que su acción u omisión ha tenido como finalidad complacer a EH Bildu.

Otra clara manifestación de esta vinculación con el terrorismo es el apoyo expreso de EH Bildu a la política de progresiones de grado y excarcelaciones de presos de ETA, respaldo que obviamente no es posición técnica en materia penitenciaria, sino como una toma de partido en favor de quienes integraron la organización terrorista. Un recentísimo ejemplo es el del asesino Garikoitz Aspiazu Rubina, «Txeroki», quien fuera uno de los máximos responsables de la organización terrorista ETA, y que ha abandonado la prisión de Martutene tras concedérsele un régimen de semilibertad, que le permite desarrollar actividad laboral fuera del centro penitenciario durante el día y regresar únicamente para pernoctar. La medida ha sido acordada por el Gobierno regional vasco, a propuesta de la Junta de Tratamiento, aun cuando el penado fue condenado a 377 años de prisión por su participación en múltiples asesinatos.

Es el momento de recordar que las competencias en materia penitenciaria fueron traspasadas por el Ejecutivo de Sánchez a las autoridades regionales del País Vasco en 2021 como consecuencia de los pactos con fuerzas separatistas como la propia EH Bildu. No puede olvidarse la frase del citado dirigente Arnaldo Otegui, pronunciada en octubre de 2021: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos”5 . Estas declaraciones son otra prueba irrefutable de dos afirmaciones: que Bildu y ETA son parte del mismo entramado criminal; y que el Partido Socialista está aliado estratégica e ideológicamente con ese entramado etarra.

SEGUNDO. – LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE PARTIDOS POLÍTICOS

La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, fue aprobada con el propósito declarado, entre otros, de impedir que quienes amparaban o justificaban la acción terrorista pudieran servirse de las instituciones del Estado. En coherencia con tal finalidad, el 26 de agosto de 2002, el Congreso instó el proceso de ilegalización del denominado entramado ETA-Batasuna, integrado por Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, al amparo del artículo 11 de la citada Ley, que dota de legitimación al Congreso y al Senado para promover la ilegalización de formaciones políticas. Como consecuencia de dicho acuerdo, el Gobierno instó el correspondiente procedimiento ante el Tribunal Supremo, lo que permitió la exclusión institucional del brazo político de la organización terrorista ETA.

Pese a ello, en abril de 2003 diversas juntas electorales de zona de provincias vascas autorizaron candidaturas vinculadas a dicho entorno, si bien el 2 de mayo de 2003 el Tribunal Supremo acordó la anulación de 241 candidaturas por su vinculación con la formación ilegalizada.

La llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 supuso, según sus propias manifestaciones públicas, el inicio de una nueva etapa caracterizada por la negociación con la organización terrorista ETA. Este proceso desembocó en las censurables sentencias del Tribunal Constitucional 62/2011 y 138/2012, compuesto por una mayoría «progresista», que permitieron la participación electoral de candidaturas vinculadas al entorno político de la organización terrorista, alterando sustancialmente la aplicación práctica de la Ley de Partidos.

TERCERO. – LA IMPERATIVA ILEGALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN POLÍTICA EH BILDU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido su acción política con el respaldo parlamentario de la formación EH Bildu; un respaldo que parece incondicional, de hecho, es habitual que los comentaristas políticos señalen a la coalición separatista proetarra como el más fiel aliado de Sánchez. Y no hay duda de que a cambio ha recibido muchas concesiones; concesiones que se han hecho a costa de la unidad nacional y del derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo. La diputada Aizpurua pudo presumir recientemente en la tribuna de la Cámara Baja de que «un escaño de Bildu manda más que el principal partido del Congreso», lo cual es muestra de la desvergüenza con que la coalición proetarra ejerce su influencia, y también del peculiar concepto de la democracia que la inspira.

Sin ambigüedades: EH Bildu constituye la expresión política de un proyecto criminal que coincide en sus fines esenciales con los proclamados durante décadas por la organización terrorista ETA: la ruptura de la unidad de España y la imposición de su ideología destructiva y totalitaria de inspiración marxista. El abandono de la actividad terrorista directa en 2011 no supuso la renuncia a esos fines criminales, ni un repudio de los actos criminales ya realizados. Tales fines, y la asunción del empleo de medios asesinos como parte de un pasado que se acepta y se ensalza, han encontrado continuidad en la formación EH Bildu: ésta ha incorporado a sus candidaturas a personas condenadas por pertenencia a la banda terrorista y no ha efectuado condena de su trayectoria criminal.

La presencia institucional de quienes están vinculados a una organización responsable de centenares de asesinatos es simplemente inaceptable en la vida pública española.

La memoria de quienes cayeron a causa de los viles crímenes protagonizados por ETA no puede diluirse en el olvido ni en la conveniencia política del Gobierno. La unidad de España, forjada en siglos de historia común compartida, constituye un principio esencial de nuestra convivencia y no admite ambigüedades en su defensa. El orden legal vigente fue establecido precisamente para proteger la unidad y preservar las instituciones de quienes actúan contra ellas.

Cuando una formación política encarna la continuidad de planteamientos que atentaron contra la Nación y mantiene en sus filas a personas condenadas por su pertenencia a la organización terrorista ETA, no procede la omisión cobarde, sino la aplicación firme de la ley. Por todo ello, es obligado instar la ilegalización de EH Bildu, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

Por todo ello se presenta la siguiente moción:

La Comisión de Constitutional:

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, insta al Gobierno a solicitar la ilegalización de EH Bildu, al entender que su actividad ha vulnerado los principios democráticos al haber incurrido de forma grave y reiterada en los supuestos contemplados en el artículo 9 de la citada Ley Orgánica.

2. Expresa su más enérgica repulsa a la banda terrorista ETA y a todas las organizaciones de su entramado entre las que está EH Bildu, condenando como absolutamente criminales y despreciables no solamente los asesinatos, secuestros y demás actos delictivos perpetrados como medio de actuación, sino también la destrucción de la unidad de España que es el principal propósito de esa actividad.

3. Manifiesta su apoyo a cualquier medida adoptada por las distintas administraciones para custodiar la memoria de las víctimas del terrorismo, y para reparar en cuanto sea posible los daños sufridos por sus familiares y por las víctimas supervivientes.

4. Insta igualmente al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que los condenados por terrorismo cumplan íntegramente sus penas. En el mismo sentido, modificar el artículo 100 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, de forma que no pueda volver a aplicarse posibilitando que sanguinarios asesinos etarras se beneficien de la flexibilización del sistema penitenciario previsto en dicho precepto.

5. Insta igualmente al Gobierno a hacer efectiva la prohibición de todo acto de enaltecimiento público de los terroristas de ETA y de los principios inspiradores de esta banda criminal.

6. Insta además al Gobierno a poner fin a las políticas de cesión al separatismo, investigar los crímenes de ETA pendientes de resolver y promover la búsqueda y puesta a disposición judicial de los prófugos de la Justicia pertenecientes a la banda terrorista ETA.

Palacio del Senado, a 03 de marzo de 2026.

Fernando Carbonell Tatay, PORTAVOZ ADJUNTO

FDO. Paloma Gómez Enríquez.