Redacción.- Barcelona (España), jueves 8 de diciembre de 2022. Se ha producido la reducción de penas de los violadores y sus víctimas se encuentran en peligro, debido a la aplicación de «Ley del Solo Sí Es Sí» (Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual), las enmiendas a la ley trans, los sobres con artefactos incendiarios enviados a diferentes organismos por algún desconocido, el campeonato del fútbol de Catar, etc.
Mientras el Gobierno central, avanza en dominar las diferentes instituciones de poder, como el control del Tribunal Constitucional (TC), que una vez conseguido podrá blindar sus leyes y sus pactos con Cataluña, y más adelante presuntamente avalar una posible celebración de un referéndum.
Se está despejando el escenario y va quedando claro cuales son sus objetivos. La semana pasada, lanzó la noticia a los medios de comunicación conforme el Gobierno central eligió a sus dos candidatos que le corresponde para el Tribunal Constitucional. Los candidatos escogidos, llevan muchos años como políticos en el PSOE y el PSC, y han pertenecido a este Gobierno.
El magistrado, Juan Carlos Campo, pareja de la presidenta del Congreso, Marixel Batet, fue ministro de Justicia entre los años 2020-2021, quien también redactó y firmó los indultos a los líderes del procés independentista. Laura Díez Bueso, trabajó como asesora en el Gobierno de Jordi Pujol (2002), perteneció al equipo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalidad de Cataluña, fue una de las que avaló el decreto ley aprobado por el Ejecutivo catalán que impidió el cumplimiento del 25% de clases en español en las aulas catalanas, y es la persona de consenso de ERC y JxCat.
Con estos dos nombramientos en marcha, se pretendió que el TTribunal Constitucional certificara a los elegidos, y al final decidieron que deben esperar a la reunión del día 22 de diciembre, fecha en que posiblemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrará a sus dos representantes. De tal manera que los cuatro representantes sean nombrados a la vez y pasen a formar parte del Tribunal Constitucional. El Gobierno, tenía prisa con esos nombramientos porque así presionaba al CGPJ y se aseguraba de dejar nombrados a sus representantes, ya que ganen o no en las próximas elecciones, estos tendrán 9 años para aprobar las medidas que les conviene.
Igualmente, el presidente de Aragón, Javier Lambán, afirmó que le hubiera gustado que el presidente Pedro Sánchez, nunca hubiera sido presidente, porque no respeta la Constitución española, ya que no existe igualdad entre los ciudadanos españoles, pero lo más destacado que declaró fue: «España se encuentra en una peligrosa deriva independentista. Los separatistas están más tranquilos porque su hoja de ruta se va realizando con la complicidad y las concesiones del Gobierno», y lo más destacado: «España es un Estado confederal de hecho, pero no de derecho». Incluso otros barones del PSOE lo mencionan, y se refleja en el Documento de Barcelona del PSC.
Por otro lado, vemos como la proposición de Ley de la derogación del delito de sedición del Código Penal, ha superado la segunda fase de su aprobación en el Congreso de los Diputados, con los votos favorables de: PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PdeCAT, Más País y Compromís, y el resto de partidos en contra. ERC, podría pedir que se incluya la modificación del delito de malversación de caudales públicos, con ello se produciría la reducción del tiempo de inhabilitación de los líderes del procés y pronto los veríamos en la vida política. Esperan tenerlo aprobado antes de Navidad.
Respecto al delito de sedición, el expresidente Felipe González, afirmó que no está de acuerdo con la eliminación del delito de sedición y pase a llamarse desórdenes públicos agravados, porque no se corresponden con lo ocurrido en 2017.
Aunque el delito de sedición desaparezca, quedan las pruebas, y la más conocida, es el mensaje del Rey Felipe V a los catalanes y españoles, el día 3 de octubre de 2017.
Las palabras de dicho mensaje podrían ser aplicadas al momento actual que estamos viviendo, habla del: incumplimiento de la Constitución, rompe el Estado de Derecho, fractura la sociedad catalana, quiebra la unidad de España y la soberanía nacional, e indica cuál debe ser la responsabilidad de los que nos gobiernan: asegurar el orden constitucional, el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de derecho basado en la Constitución y el Estatuto de autonomía.
Realmente este Gobierno está cumpliendo lo antes mencionado, o está cediendo a los deseos de sus socios independentistas, soberanistas y comunistas a cambio de permanecer en el poder hasta cumplir su mandato, si antes no se han convocado elecciones, debido a las pugnas internas entre los dirigentes de Podemos y la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, con su plataforma Sumar.
Para comprobar la situación en Cataluña, bastará con apreciar las manifestaciones que se celebrarán el 6 de diciembre, Día de la Constitución española, organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), donde participarán más de 40 entidades, en contra de la derogación del delito de sedición y sustitución por el delito de desórdenes públicos agravados, porque entienden que va en «contra del derecho de protesta y aumentará la represión contra los independentistas».
Por otra parte, el Gobierno independentista de Pere Aragonès, no se detiene. Hace unos días, en una conferencia ante la ONU, fue capaz de denuncia según él, la falta de protección de la lengua catalana por el Estado español, afirmando que: «existe un proceso de recentralización política y de asimilación cultural, para sustituirlo por el castellano», cuando es sabido por todos, que en Cataluña se aplica una imposición lingüística monolingüe en lengua catalana, y para muestra vemos la creación de «100 medidas» para fomentar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos y de forma especial incide en los jóvenes. Sin olvidar que el Gobierno central, en la última mesa de diálogo se comprometió al fortalecimiento de la lengua catalana y destinó 7,5 millones de euros para la creación de bases de datos (sistema de inteligencia artificial) para el fomento de las lenguas minoritarias: catalán, vasco, gallego y valenciano. Siendo la catalana quien recibirá más.
Parece que no están contentos, quieren más. Deberían entender que una cosa es el uso de la lengua oficial del Estado español que la hablan casi 600 millones de hablantes en todo el mundo y otra cosa es la protección y fomento del uso de las lenguas minoritarias que son patrimonio de España. Cada lengua ocupando el lugar que le corresponde.
Por último, habría que preguntar al líder de la oposición qué medidas piensa adoptar ante la situación en que nos encontramos, porque no se trata de votar por votar y sea continuista de este Gobierno, sino que la población quiere conocer sus propuestas y decidir si votar a su favor o no.
En conclusión, nuestro país se encuentra en un momento delicado y la población debe despertar ante los acontecimientos que están ocurriendo en España. Se aproxima un año electoral decisivo para el futuro del país y deberíamos elegir de forma objetiva y no dejarse cegar por la propaganda del último momento. En nuestras manos está el poder cambiar el destino de España.
Manoly A. Roldán
