Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Fiscalía ha mantenido en su escrito final la rebelión y ha pedido que los condenados no tengan nunca el «Tercer Grado» hasta cumplir la mitad de la sus condenas. Asimismo, la Fiscalía mantiene sus máximas penas de presión contra todos los líderes del procés encausados, entre ellas, 25 años de prisión para el delincuente Oriol Junqueras Vies (ERC). Barcelona (España), viernes 31 de mayo de 2019.
Por su parte, la Abogacía, que depende directamente del Gobierno en funciones del presidente Pedro Sánchez (PSOE), ha también mantenido su acusación inicial con los delitos de sedición, malversación y desobediencia; y pide en su escrito, ante el Tribunal del Procés, la mitad de las penas del Ministerio Público.
Tampoco han variado las penas de la Acusación Popular, que ejerce el partido político VOX de Santiago Abascal Conde e Ivan de Espinosa de los Monteros; la formación verde española solicitó en su escrito inicial hasta 74 años de prisión para Junqueras y 52 años para la acusada expresidenta del Parlamento autonómico de Cataluña, Carme Forcadell Lluís (ERC); y las mimas penas para los secuestradores de los guardias civiles y funcionaria Judicial en la consejería de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña el pasado 20 de septiembre de 2017, los llamados ‘Jordis’ de ANC y Ómnium Cultural (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart).
Una firmeza que no le ha gustado para nada al actual líder del golpismo en Cataluña, Quim Torra, quien al conocer esas decisiones este ayer jueves, 30 de septiembre, lanzó una ofensiva brutal contra el Gobierno en funciones de Sánchez y contra España que parece haber acabado hoy en una carta de rendición, antesala de la vía negociadora.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha instado este viernes por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la Fiscalía General del Estado a atender el documento de un grupo de trabajo de la ONU y exigir la libertad de los «presos políticos» y una «indemnización» para ellos.
El Gobierno independentista ha celebrado este viernes una reunión extraordinaria para aprobar un único acuerdo, que reclama cumplir la resolución del grupo de trabajo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que califica de «arbitraria» la privación de libertad de los líderes independentistas Oriol Junqueras, los ‘Jordis’ (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart).
Torra ya ha enviado una carta a Sánchez en la que consta el acuerdo adoptado por el Govern -que también se hará llegar a la Fiscalía-, que hace suya esta resolución internacional y reivindica la puesta en libertad de todos los presos juzgados por el ‘procés’.
La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha asegurado en rueda de prensa que Sánchez «tiene la obligación de dar respuesta a lo que le pide el grupo de trabajo» y ha advertido de que, si no se cumple, el Govern lo «denunciará en todas partes» e impulsará «acciones políticas y legales» para que se haga efectiva esta resolución internacional.
Según la misiva que Torra ha hecho llegar a Sánchez, «el Gobierno del Estado español está interpelado», tras hacerse público el citado documento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, a «liberar a los presos políticos», porque «no cumplirlo es un desistimiento de sus obligaciones que tiene como poder público con respecto a la defensa de los derechos humanos».
«Usted sabe que en este momento hay ciudadanos del Estado español que ven vulnerados los derechos más básicos (…). Más allá de las consideraciones legales, su libertad es una obligación moral y humanitaria», añade el texto.
El president reclama asimismo en la carta a Sánchez que abra «una investigación para depurar responsabilidades» sobre el encarcelamiento de los líderes independentistas y que inste a que se tomen medidas para que «los responsables de esta vulneración flagrante de los derechos humanos respondan por sus actos».
En la rueda de prensa, Budó ha reaccionado también a la petición formal de España a la ONU de que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo se inhiban en el caso del encarcelamiento de los líderes independentistas al considerar que existe en ambos casos «un conflicto de intereses».
La consellera ha tildado de «surrealista» que el Gobierno «no asuma responsabilidades» ni «afronte la realidad» y ha señalado que los miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU son «personas de reconocida solvencia y experiencia».
Los periodistas también han preguntado a Budó sobre las alertas lanzadas ayer a Torra en Sitges (Barcelona) por el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, quien señaló que «la pérdida de poder económico de Cataluña empieza a notarse» y pidió dar prioridad a la gestión del día a día.
Lo que diga el Círculo de Economía «interesa» a la Generalitat, aunque son «opiniones diferentes» a lo que cree el Govern sobre la situación actual, ha afirmado.
Budó ha asegurado que «desde el Estado se intentó perjudicar a Cataluña en estos últimos tiempos» y que aun así «los datos dicen que no se salieron con la suya».
