Lasvocesdelpueblo y Agencias – Además, el Gobierno independnetista del presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra Pla, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de «dar por culpables», esta semana en el Senado, a los independentistas encausados por el pulso independentista del 1-O de 2017 pese a que aún «no han ido a juicio», y la ha instado a retractarse, porque sus palabras suponen una «clara violación de las directivas europeas». Barcelona (España), sábado 10 de noviembre de 2018. fotografía: BARCELONA (ESPAÑA), AÑO 2018. presidente de la Generalitat, Quim Torra. Efe
El Gobierno independentista ha anunciado este viernes, 9 de noviembre de 2018, que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, cometieron delito en la polémica sentencia de las hipotecas.
Desde el Parlamento de Cataluña, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ha explicado que la denuncia se presentará presumiblemente el próximo martes, día 13, tras la reunión del ejecutivo catalán.
Según Artadi, la Fiscalía está «obligada a investigar» si ha habido delito en el «cambio de una sentencia firme», después de que el Supremo acordara que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que dio un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
La rectificación tuvo lugar, ha remarcado Artadi, en una «inusual convocatoria de la sala del tribunal» para volver a debatir la doctrina respecto a este asunto.
A su juicio, ha habido una «vulneración de los derechos de toda la ciudadanía», con unos «procedimientos» judiciales que Artadi considera dudosos y unos «posibles intereses particulares» que han podido influir en la decisión.
Artadi ha señalado que «los dos principales responsables» de esta rectificación del Supremo en relación con las hipotecas son Lesmes y Díez-Picazo, si bien ha dejado en manos de la Fiscalía la concreción de los delitos que pueden haber cometido.
Aunque el Gobierno catalán había sopesado llevar el caso «directamente al Tribunal Supremo», tras valorarlo con sus servicios jurídicos, ha estimado que esta vía no tendría recorrido, por lo que lo elevará a la Fiscalía.
El caso de las hipotecas se suma, ha dicho Artadi, a otros episodios que demuestran a su juicio que «la injusticia española es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho».
Se ha referido, así, a la petición de «más de 200 años de cárcel para quienes defienden la democracia», en alusión a los dirigentes independentistas procesados por el 1-O, así como a la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el caso Otegi.
Además, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de «dar por culpables», esta semana en el Senado, a los independentistas encausados por el 1-O pese a que aún «no han ido a juicio», y la ha instado a retractarse, porque sus palabras suponen una «clara violación de las directivas europeas».
