Efe – El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este jueves que piensa llevar su caso de presunto espionaje a «instancias internacionales», incluido el Parlamento Europeo. Barcelona (España), jueves 16 de julio de 2020.
En declaraciones a la Cadena Ser, Torrent ha confirmado la presentación de una querella contra Félix Sanz Roldán, que dirigía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2019, cuando presuntamente su teléfono móvil y el del líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, fueron espiados a través del programa Pegasus desarrollado por una compañía israelí.
Dicho programa, ha subrayado, fue vendido por la empresa israelí NSO al Gobierno de España el año 2015 según ha admitido la compañía, pero solo existe constancia de su utilización entre abril y mayo de 2019, cuando se aprovechó una vulnerabilidad de la aplicación WhatsApp para introducirse en el teléfono del presidente del Parlament y de otros políticos independentistas.
Según Torrent, «hay una serie de indicios que nos hacen dirigir la responsabilidad hacia el CNI, entre ellos que la empresa israelí que desarrolla el software espía solo lo vende a gobiernos y, concretamente a servicios de inteligencia».
A este hecho se añade otro, y es que la empresa canadiense de seguridad que investiga el uso de Pegasus, denominada Citizen Lab, «ha certificado que, detrás del espionaje que sufrí yo, hay un Estado», ha puntualizado Torrent.
«En consecuencia, todo nos hace pensar que es el CNI» el responsable del espionaje, ha señalado, antes de explicar que en la conversación que tuvo ayer con la ministra de Defensa, Margarita Robles, esta le negó dicha posibilidad.
«Es normal que tanto el CNI como la ministra lo nieguen», ha afirmado Torrent, porque si lo admitieran «querría decir que colaboraron en la comisión de un delito».
Torrent ha explicado que, además de la «batería» de iniciativas presentadas en el Congreso y Senado, se denunciará el caso en el Parlamento Europeo y también acudirá a «instancias internacionales que defienden derechos».
Sobre la investigación judicial, el presidente del Parlament ha dicho que espera que la ministra de Defensa atienda su petición «de colaborar facilitando toda la información disponible», tanto a los jueces como a la empresa de seguridad internacional Citizen Lab.
Sobre la posibilidad de que el espionaje fuese ordenado por algún juez, Torrent ha afirmado que no lo contempla aunque «si esta fuese la cuestión, entonces tendríamos un problema doblemente grave, porque habría un servicio de inteligencia que promueve el espionaje político y un juez que lo permite».
