Torrent pide al TC rechazar el recurso de Puigdemont y mantener su inhabilitación

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FOTOGRAFÍA. MUNDO, AÑO 2019. Vista del delincuente huido ex expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, desaparecido después del golpe de estado independentista del final de mes de octubre de 2017.. Efe

Efe – El conflicto se remonta al pasado octubre, cuando los diputados procesados por el 1-O en prisión preventiva y estos días juzgados en el Supremo, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, junto con Carles Puigdemont, huido a Bélgica, fueron suspendidos como parlamentarios por el juez instructor del Supremo Pablo Llarena. Las alegaciones de los servicios jurídicos del Parlament, firmados por el letrado mayor y exdirigente de ERC Joan Ridao, han molestado a JxCat: “Es evidente que no compartimos ni el fondo ni la forma, y es evidente también que nuestros juristas están trabajando en ello”, ha afirmado el portavoz adjunto, Eduard Pujol. Madrid (España), martes 2 de abril de 2019.

El Parlamento autonómico de Cataluña ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional en contra del recurso de amparo solicitado por el expresidente catalán Carles Puigdemont, al sentirse agraviado por la decisión que adoptó la Mesa de la cámara catalana, en octubre de 2018, sobre su voto como diputado.

Así han respondido los servicios jurídicos del Parlamento catalán presidido por Roger Torrent (ERC) al recurso de amparo ante el TC que presentó Puigdemont en enero para denunciar una supuesta vulneración de sus derechos a la hora de ejercer su voto, después de haber sido suspendido como diputado por el Tribunal Supremo.

Las alegaciones de los servicios jurídicos del Parlament, firmados por el letrado mayor y exdirigente de ERC Joan Ridao, han molestado a JxCat: “Es evidente que no compartimos ni el fondo ni la forma, y es evidente también que nuestros juristas están trabajando en ello”, ha afirmado el portavoz adjunto, Eduard Pujol.

El conflicto se remonta al pasado octubre, cuando los diputados procesados por el 1-O en prisión preventiva y estos días juzgados en el Supremo, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, junto con Carles Puigdemont, huido a Bélgica, fueron suspendidos como parlamentarios por el juez instructor del Supremo Pablo Llarena.

Si bien los diputados afectados de ERC -Junqueras y Romeva- aceptaron designar a un sustituto para que ejerciera sus funciones -el presidente del grupo, Sergi Sabrià-, los diputados de JxCat, entre ellos Puigdemont, rechazaron esa opción, porque no querían reconocer que estaban suspendidos.

Ante esta negativa, la Mesa del Parlament, con los votos de ERC y PSC, acordó el pasado 9 de octubre retirar la opción de voto delegado a los diputados del grupo liderado por Carles Puigdemont, lo que conllevó que los independentistas perdieran la mayoría en la Cámara y abrió un cisma entre Esquerra y JxCat.

A diferencia de los presos de JxCat, Puigdemont presentó el pasado enero un recurso de amparo ante el TC en el que pedía que se anulara ese acuerdo de la Mesa, alegando que había vulnerado sus derechos.

En las alegaciones presentadas por el Parlament este martes, no obstante, los servicios jurídicos razonan que no ha lugar a este amparo.

Lo justifican porque no fue la Cámara quien suspendió los derechos de Puigdemont como diputado, sino que solo habilitó un mecanismo para “dar efectividad” a la resolución judicial del Supremo, aunque no fuera “de forma directa y automática”, mediante “el procedimiento más garantista”.

Además, subrayan que este mecanismo a través de la delegación de voto a un tercer parlamentario permitía preservar las mayorías de la Cámara.

“Es por lo que, habiendo en el auto judicial una voluntad de preservar el sistema de mayorías en coherencia con las exigencias del principio democrático y habiendo facultado el Pleno del Parlamento, mediante un procedimiento de garantías, la designación de otro diputado para que los diputados suspendidos pudieran ejercer sus derechos, se nos antoja difícil que pueda apreciarse vulneración alguna del ‘ius in officium’ (facultades del cargo público) del diputado Carles Puigdemont”, añaden los servicios jurídicos.

También remarcan que la naturaleza de los recursos de amparo “está indeclinablemente vinculada a la reparación de un derecho subjetivo dañado”, pero “desde la perspectiva de los derechos fundamentales” el Parlament no tenía, entienden, “capacidad de decidir enteramente sobre la suspensión de los diputados”, que fue decretada por el Supremo durante la instrucción del caso del procés.

Los servicios jurídicos también han presentado alegaciones para defender los acuerdos de la Mesa frente a dos otros recursos de amparo: Uno de Ciudadanos en relación a la figura del diputado designado y la aplicación de voto ponderado en las comisiones, y otro de PSC- Units sobre la misma materia.

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