TRAICIÓN DE SÁNCHEZ A ESPAÑA| Las fuerzas del orden alertan que «eliminar el delito de sedición debilita la Constitución y lastra la acción de la Policía Nacional y Guardia Civil»

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 06.05.2022. El presidente del Gobierno de coalición socialcomunista de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón (d) saluda al presidente de Gobierno de coalición separatista de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès García (i), a su llegada a la última jornada de la Reunión del Círculo de Economía (Cercle d'Economia) en medio de la polémica del espionaje al Procés por parte del Centro Nacional de Inteligencia del Reino de España (CNI), que dirige Paz Esteban, quien mostró las autorizaciones judiciales para espiar a los golpistas del Procés ayer jueves en la Comiisión de Secretos Oficiales del Estado en el Congreso de los Diputados. Efe

Redacción.- Madrid (España), lunes 14 de noviembre de 2022. JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional y JUCIL, asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil muestran su «preocupación» por la «intención del Gobierno de eliminar del ordenamiento jurídico el delito de sedición».

JUPOL y JUCIL consideran que esta medida «responde a intereses políticos» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y «no a una necesidad de la legislación, ni al sentir mayoritario de los españoles».

Además -lamentan- «de la defensa de la Carta Magna el bien jurídico protegido es el ‘Orden Público y la Paz Social’, misión encomendada tanto a la Guardia Civil como al Cuerpo Nacional de Policía».

El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero Martín, junto con el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, manifiestan que, «es una irresponsabilidad que se desarme al Estado y con ello a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, socavando la convivencia, la soberanía del pueblo español y nuestro ordenamiento constitucional. Instamos al Gobierno a que reconsidera su intención de eliminar del Código Penal el delito de sedición».

Tanto el movimiento JUSAPOL como JUCIL y JUPOL, «reclamamos y aseguramos nuestro carácter apolítico, circunstancia que no es un obstáculo ni un límite para cumplir con nuestro objetivo de defensa de los derechos socio-labores de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) , por lo que nos sentimos autorizados a participar de una forma activa en la defensa de la legislación que afecta a la actividad diaria de policías nacionales y guardias civiles, como ya ocurrió el 27 de noviembre de 2021, cuando nos manifestamos para expresar de una manera contundente nuestra oposición a las enmiendas que se pretendían introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana y que, como en este caso, socavaban la autoridad de los agentes en su defensa de la ley», sentencian.