Efe – El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha destacado este viernes el papel de la justicia para «igualar» a todos y ha asegurado que la ley se aplicará «sin prejuicio alguno relacionado con la relevancia social del sometido a ella». Lérida (España), sábado 21 de septiembre de 2019.
Barrientos ha inaugurado este viernes el año judicial, en un acto celebrado en la Audiencia de Lleida, coincidiendo con el día en que el TSJC ha ordenado al presidente catalán, Quim Torra, retirar la pancarta a favor de los presos políticos de la Generalitat y ha aplazado su juicio por negarse a retirar los lazos en la campaña de las últimas elecciones generales.
En su discurso, Barrientos ha aludido a las palabras que el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, en su discurso del pasado día 9 en el acto de apertura de tribunales en Madrid, y ha advertido: «la justicia se erige como la principal herramienta de la que se sirve la sociedad para garantizar la supremacía de la ley».
Por ello, ha insistido Barrientos, «la justicia es un instrumento de paz y concordia, indispensable para restaurar la armonía y estabilidad social alteradas», y deben ser los tribunales de justicia los que «arbitren las correcciones oportunas sobre aquellos que busquen apropiarse de ellas».
Asimismo, el presidente del TSJC ha subrayado que las resoluciones de los tribunales son «vinculantes y de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos».
Por otra parte, Barrientos ha lamentado en su discurso, celebrado en la Audiencia Provincial de Lleida, que se atribuya parte de la culpa del incremento de la criminalidad en Barcelona a las decisiones judiciales.
«Se nos ha recriminado públicamente dar respuestas tibias a los reincidentes en delitos leves de hurto y, también, por no adoptar medidas cautelares de prisión para detenidos por delitos de robo violentos», ha dicho.
En este sentido, ha recordado que el tratamiento judicial de estas personas «no puede ser amoldado por el juez a la demanda social, sino a la legalidad del momento que impide penas privativas de libertad para sus autores».
«No son ciertos los datos, ni justas las críticas desde las que se pretende relacionar a los jueces con los altos niveles de criminalidad», ha remarcado.
Por otra parte, Barrientos ha aprovechado su intervención para denunciar la falta de medios personales y de infraestructura con la que cuenta el poder judicial en Cataluña y que, además, arrastra desde hace años.
«La precariedad en dotación y medios es bien visible en nuestro territorio» y, de hecho, «en determinadas sedes se puede estar arriesgando la salud e integridad física tanto del personal judicial, como de los profesionales y ciudadanos que acuden a las mismas».
El magistrado ha lamentado que en Cataluña se esté lejos de alcanzar la media española de jueces por cada 100.000 habitantes que, a su vez, ya es inferior a la europea.
Cataluña, ha explicado, cuenta con 820 jueces y magistrados para cerca de 7,6 millones de habitantes, por lo que, para alcanzar la media española se tendría que incrementar la plantilla judicial en casi un centenar de plazas.
Por todo ello, Barrientos ha asegurado: «Ni los profesionales, ni los ciudadanos pueden entender, ni deberían padecer, las consecuencias de la falta de consensos políticos necesarios para aprobar presupuestos y habilitar en ellos las partidas económicas que aseguren el funcionamiento óptimo del sistema».
En relación a la memoria del año judicial 2018, Barrientos ha destacado un «significativo» aumento de un 7,53% de los asuntos ingresados en la jurisdicción civil, que se debe sumar a la subida de más de un 15% del año anterior, especialmente relacionado con el volumen de demandas sobre nulidad de las cláusulas incluidas en los contratos hipotecarios.
También se ha detectado un repunte, en este caso «leve», en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal, aunque destaca que, en el partido judicial de Barcelona, ese incremento de asuntos penales sí que fue superior.
El catalán sigue siendo el talón de Aquiles en el impulso y resolución de los procesos, «pese al esfuerzo y los recursos puestos a disposición de jueces y funcionarios para su utilización normalizada”.
Paralelamente, el número de concursos presentados se incrementó el año pasado de forma “muy llamativa» un 39%, así como la pérdida de la vivienda por falta de pago en la hipoteca (27%) o del alquiler (63%), ha señalado.
Por último, el presidente del alto tribunal catalán ha lamentado el repunte de las denuncias por violencia de género, que pasaron de las 22.952 a las 23.098.
En el acto de apertura del año judicial celebrado en Lleida este mediodía también ha intervenido el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, quien en su discurso ha pedido más medios para el ministerio público, con el fin de mejorar y agilizar la actividad en los juzgados.
En el acto se ha formalizado la toma de posesión de la magistrada María Lucía Jiménez como nueva presidenta de la Audiencia de Lleida.
