UCO: Las ayudas de los ERE son “ilegales” porque “hay mil cosas irregulares”

Lasvocesdelpueblo
SEVILLA (ESPAÑA), 24.04.2018. Uno de los dos guardias civiles de la UCO, que elaboraron un atestado sobre la concesión de ayudas de los ERE, abriendo ayer la ronda de testificales en la Audiencia de Sevilla. Efe.

Efe – “Lo que había al principio eran unas subvenciones que se fiscalizaban, hubo un problema con la fiscalización previa, no se podían dar con agilidad y se adoptó este sistema”, ha defendido. El interrogatorio a este testigo, tenso en algunos momentos con varios abogados a los que el juez Juan Antonio Calle ha cortado por reiterar preguntas o su forma de hacerlas, ha terminado, por lo que mañana será el turno de otro guarda civil firmante de atestados de la investigación. Sevilla (España), martes 24 de abril de 2018. Fotografía: SEVILLA (ESPAÑA), 24.04.2018. Uno de los dos guardias civiles de la UCO, que elaboraron un atestado sobre la concesión de ayudas de los ERE, abriendo ayer la ronda de testificales en la Audiencia de Sevilla. Efe.

El responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asegurado hoy que a su juicio las ayudas investigadas en el caso ERE “son ilegales” porque “hay mil cosas en este procedimiento irregulares”, en alusión al sistema usado en la Junta para darlas.

El agente es el primero de los casi 150 testigos que pasarán por el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles.

Este testigo comenzó a responder ayer al fiscal, la acusación popular del PP-A y los abogados de algunos acusados, y la mayoría de las defensas han continuado hoy con el interrogatorio, tratando de desmontar la rigurosidad de sus conclusiones en los atestados de la instrucción e incluso deslizando sospechas sobre su coordinación con la primera instructora del caso Mercedes Alaya.

De hecho, el abogado Miguel Delgado -que representa al exdirector de la agencia pública IDEA (organismo pagador de las ayudas) Miguel Ángel Serrano- ha llegado a cuestionarle si durante los meses que la jueza Alaya estuvo de baja (entre septiembre de 2012 y marzo de 2013) se reunió con ella en su domicilio y hablaron del caso.

“Yo sí he ido personalmente a verla, a interesarme por ella, creo que es una persona que lo ha pasado mal”, ha reconocido el agente, pero al ser preguntado sobre si abordaron el caso ERE ha dicho primero que “evidentemente está en el procedimiento y es lógico que habláramos algo con ella”, aunque posteriormente ha respondido con un “no” rotundo a la pregunta de si en esas visitas se hicieron comentarios sobre la causa.

A preguntas de la defensa del exconsejero José Antonio Viera, que ejerce el abogado José Manuel Herrera, sobre su conocimiento de la legislación general sobre ayudas sociolaborales y si a tenor de ello considera ilegales las que daba la Junta, el agente ha sido rotundo: “Creo que las ayudas son ilegales”.

Y al ser interrogado por la razón de su afirmación ha señalado que “no es que no hubiese una norma” específica para conceder las ayudas, sino que “hay mil cosas en este procedimiento irregulares”.

Ha defendido que hay “multitud de indicios” para defender esta tesis como la ausencia de solicitud de las ayudas, la existencia de “conseguidores”, “pagos cruzados” con los que se abonaban pólizas de prejubilación de unos trabajadores con partidas inicialmente destinadas a otros o “pagos” de mediadores al director general de Trabajo.

Al ser preguntado por el abogado de Viera por la orden del Ministerio de Empleo de 1995 que regula ayudas excepcionales a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas -y que varios acusados esgrimen como normativa que amparaba las ayudas de los ERE-, el investigador ha asegurado que la misma “no es de aplicación” en las ayudas de la Junta y “si fuese de aplicación no se cumple ni lo que marca esa orden”.

Para el investigador, el llamado “procedimiento específico” creado en la Junta para conceder y pagar las ayudas del caso ERE es “un procedimiento para saltarse la fiscalización previa”.

“Lo que había al principio eran unas subvenciones que se fiscalizaban, hubo un problema con la fiscalización previa, no se podían dar con agilidad y se adoptó este sistema”, ha defendido.

El interrogatorio a este testigo, tenso en algunos momentos con varios abogados a los que el juez Juan Antonio Calle ha cortado por reiterar preguntas o su forma de hacerlas, ha terminado, por lo que mañana será el turno de otro guarda civil firmante de atestados de la investigación.

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