UGT investigado por defraudar 40,7 millones € de cursos de formación en Andalucía

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Efe – El magistrado atribuye a los investigados fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil y considera que desviaron “40.750.047,74 euros” de catorce expedientes de subvenciones concedidas al sindicato por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Los investigados por presuntamente defraudar 40,7 millones procedentes de la Junta de Andalucía son el exvicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras; el consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados y diez proveedores. Sevilla (España), martes 10 de diciembre de 2019.

El sindicato UGT-A ha defendido que el perito judicial “no habla de fraude para nada” y cometió “graves errores” en el informe en el que se ha basado un juzgado de Sevilla para procesar a antiguos responsables de la organización por desviar subvenciones públicas destinadas a cursos de formación.

Los investigados por presuntamente defraudar 40,7 millones procedentes de la Junta de Andalucía son el exvicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; el ex secretario general de Administración; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras; el consejero delegado de Soralpe I Mas P Asociados y diez proveedores.

El responsable de la Fundación Sociolaboral de UGT-A, Germán Fernández, ha declarado este martes a los periodistas que el perito “no hace referencia alguna a fraude ni desvío de subvenciones” ni incluye “la más mínima mención a la existencia de facturas falsas”.

“Todos los cursos englobados en los programas objeto de investigación se realizaron”, algo que “no ha sido puesto en tela de duda” ni por la Junta de Andalucía “ni por el juzgado”, ha agregado.

Fernández ha recordado que el auto dictado el pasado 3 de diciembre por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla “no es firme” y ha lamentado que “se haya entendido que hay una condena con hechos probados”.

Según UGT-A, el informe pericial “incluye graves errores tanto en sus cálculos como en sus consideraciones” y “todas las referencias en la cuantificación de los expedientes son cuestiones administrativas”, ya que “se habla de gasto no subvencionable o elegible, lo cual no se puede equiparar con un hecho punible”.

“Aunque el perito indicara expresamente que no podía cuantificar el procedimiento llamado bote y que el del rappel era teórico, el juzgado asume esas cuantías teóricas como algo cierto”, ha proseguido Fernández, quien ha destacado que “el 58 % de lo que se considera defraudado se refiere a la ausencia de un contrato escrito”.

“Nosotros no compartimos que la orden que regula las subvenciones exija la firma de un contrato por escrito. Si en el convenio entre UGT y la Junta viene recogido que el programa se ejecutará a través de IFES, ¿por qué se considera todo el expediente como gasto no subvencionable?”, se ha preguntado.

Para el sindicato, por tanto, existe “disparidad de criterios entre el informe pericial y el auto”.

En cuanto a los 40 millones presuntamente defraudados, UGT-A ha replicado que el gasto “entre rappel y alquiler de aulas” fue de “entre 1,4 y 1,6 millones de euros”.

“El resto discutimos si es gasto subvencionable o no. Algunos expedientes se cuestionan basándose en la ausencia de un contrato escrito. Incluso entre el perito y la Administración no llegan a un criterio unánime sobre qué se considera gasto subvencionable”, ha reiterado.

“El reproche principal es que se trata de cuestiones administrativas” que no deberían dirimirse en el ámbito penal “sino en el contencioso-administrativo”, ha alegado, ya que “el informe pericial en todo momento habla de incumplimientos de la Ley General de Subvenciones, no de cuestiones que revistan carácter penal”.

El magistrado atribuye a los investigados fraude en subvenciones y falsedad en documento mercantil y considera que desviaron “40.750.047,74 euros” de catorce expedientes de subvenciones concedidas al sindicato por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta.

El juez también acordó el archivo de la causa respecto a ocho personas, entre ellas el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana, en su caso por razones médicas.

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