Madrid (Reino de España), martes 1 de julio de 2025 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- LEY BOLAÑOS – LEY BEGOÑA | Un 75 % de los jueces y fiscales han secundado este martes el primero de los tres días de huelga convocados por las cinco asociaciones conservadoras contra las reformas judiciales del Gobierno de España de Pedro Sánchez Pérez-Castejón para acabar con la independencia judicial, la llamada «Ley Bolaños» -en referencia al titular de Justicia y miembro del Partido Socialista (PSOE), Félix Bolaños García – o «Ley Begoña» -en referencia a la imputada por corrupción mujer de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Begoña Gómez Fernández (Begoña Gómez)-, según han informado en rueda de prensa los convocantes.
Protestan contra el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal llamado «Ley Bolaños» o «Ley Begoña», al considerar que «comprometen gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal» y que incrementa los riesgos de politización de la Justicia.
Bolaños quiere frenar el éxito histórico de la huelga contra él y su jefe y el Poder Judicial le para los pies
El ministerio de Justicia, titular de Bolaños, ha anunciado que solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informe de los jueces y fiscales que han secundado la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente, después de que el CGPJ acordara por unanimidad que el carecía de base legal para exigir los servicios mínimos al igual que la Fiscalía. Así que todo queda en manos de los jueces y fiscales, quienes han hecho un llamamiento a la ciudadanía con el compromiso de una huelga responsable, así como se ha podido comprobar durante esta jornada, un 25 % de los jueces y fiscales está cubriendo los servicios mínimos.
Pero el CGPJ ha trasladado al Ministerio que se remite al acuerdo adoptado la semana pasada, por el que no tuvo conocimiento del anuncio de la huelga de jueces al no tener esta, de momento, «soporte normativo», de modo que no recabará datos de seguimiento de la misma durante estos tres días.
La huelga llega después de la concentración del pasado sábado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos de Ley Bolaños o Ley Begoña, que en su opinión amenazan la independencia judicial.
Los convocantes consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «comprometen gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal» y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha mostrado su respeto por la huelga de jueces y fiscales, pero ha dejado claro que el Ejecutivo no va a renunciar a la reforma «modernizadora» de la Justicia.
El CGPJ acuerda que la huelga carece de base legal
Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.
Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, «no procede» tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos, al carecer de competencia para ello.
Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.
También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal «pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos».
Las asociaciones consideran la huelga una medida legítima
A pasar de este pronunciamiento, las asociaciones han decidido continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideran que se trata de «una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales».
Mantienen que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, que no cabe interpretación restrictiva, que «de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión».
Además alegan que, tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional, se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa.
Por otra parte indican que «ante la falta de fijación de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado» el comité de huelga ha establecido unos criterios «para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga».
Las asociaciones convocantes de la huelga son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Jueces y fiscales sustitutos miran solo por sus intereses
Por su parte, las asociaciones de jueces y fiscales sustitutos se han desmarcado de la huelga y la consideran «regresiva» porque en lugar de reivindicar derechos para quienes sufren precariedad laboral, se convoca para desprestigiar a este colectivo.
En un comunicado firmado por la Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) y las Asociaciones de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), denuncian que los convocantes de la huelga «únicamente defienden los intereses de los jueces y fiscales titulares sin considerar los derechos ni la situación de las juezas, jueces y fiscales en situación de interinidad y precariedad».
