Bruselas (Bélgica, 15.10.2020. Maite Pagazaurtundua – Eurodiputada de Ciudadanos Cs en el Parlamento Europeo. Bât. Willy Brandt 05M055 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Bruxelles/Brussel. Bruselas, 15 de octubre de 2020. Estimada presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, El pasado 30 de septiembre, el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España destacó la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde 2018. En el mismo informe, la Comisión recuerda las numerosas recomendaciones y amonestaciones realizadas a nuestro país por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, señalando asimismo la importancia de velar por que el CGPJ no sea percibido «como una institución expuesta a influencia política».
Precisamente, las principales causas del bloqueo del CGPJ han sido siempre políticas, nunca jurídicas, cuyo origen se encuentra en un sistema de elección ya altamente politizado y considerablemente contrario al espíritu constitucional.
Como bien sabe, la Carta Magna de España limita a 8 los miembros del CGPJ elegidos por las Cortes Generales, mientras que el modelo actual hace depender la totalidad de los nombramientos (20) de mayorías políticas.
Los partidos, además, han intentado siempre que exista una inadmisible vinculación ideológica de los componentes de este órgano judicial a sus siglas políticas.
Se ha llegado así a un sistema de reparto de tarta política con el que los partidos no solo han convivido muy cómodos sin pensar en la independencia judicial, ni en reformar el sistema de elección del CGPJ, pese a las numerosas advertencias de instituciones internacionales y al crecimiento de formaciones populistas.
En España, el único partido que exige la profesionalidad, independencia y despolitización del Poder Judicial, y que no entra en ese mercadeo político, es el centro reformista, representado por Ciudadanos, que en esta misma legislatura ha llevado al Parlamento una verdadera reforma para garantizar que sean los jueces, y no los políticos, quienes elijan a los jueces que luego deben juzgar a los políticos.
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Que la elección de miembros del CGPJ dependa de una mayoría política de tres quintos ya entraña problemas como el mencionado bloqueo, o —más importante la injerencia política—.
Pero la contrarreforma judicial anunciada por los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno para que baste con una mayoría simple para designar a todos los jueces del CGPJ supone un paso, probablemente irreparable, en una dirección muy peligrosa y que constituye un ataque frontal a la separación de poderes.
Sin ir más lejos, en el mes de abril el Ejecutivo español escribía indicaciones para el informe sobre el Estado de Derecho que acaba de presentar la Comisión Europea, resaltando que: «Esta exigencia de mayoría cualificada de tres quintos garantiza la convergencia de fuerzas políticas diversas, y evita la conformación de un CGPJ que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político».
Como he indicado, el sistema se ha deteriorado con el tiempo y, aunque los jueces se desempeñan con independencia en su trabajo diario en España, a pesar de las injerencias -como prueban numerosas sentencias no siempre favorables a los intereses políticos de turno-, la cada vez mayor politización se está convirtiendo en una tentación de aspirar al control total del máximo órgano judicial.
La propuesta registrada por los partidos que soportan el Ejecutivo español, PSOE y Unidas Podemos, prevé que, si no se alcanza la mayoría de tres quintos, los 12 vocales procedentes de la carrera judicial puedan ser elegidos sólo por mayoría absoluta —seis en el Congreso y seis en el Senado—, intensificando el problema hasta convertirlo en un riesgo para el Estado de Derecho en España.
Es preciso recordar que en 2018 se modificó el artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar mayor peso a las reglas de mérito y capacidad, por lo que la reforma también dejaría en desuso este principio de sentido común.
Señora Presidenta, está en juego el principio elemental de la separación de poderes, que sostiene toda la arquitectura democrática, y le ruego encarecidamente que se haga cargo de lo altamente preocupante que es esta decisión adoptada por el Gobierno de España.
Esta deriva tan populista se enmarca en el plan desestabilizador que en no pocas ocasiones ha revelado el vicepresidente segundo del Gobierno, cuyo partido político, Podemos, se encuentra imputado por delitos muy graves, y el mismo Pablo Iglesias afronta un difícil futuro judicial con acusaciones delictivas sobre las que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo. Las urgencias por nombrar a quienes, en un futuro, podrían llegar a juzgar al vicepresidente, podrían llegar a tener consecuencias muy graves para la calidad democrática de España.
Por esta razón, le pido humildemente que tome medidas al respecto, e incluso lleve el caso a todas las instancias posibles para la evaluación de proyectos de ley, como es el caso de la Comisión de Venecia.
Atentamente,
Maite Pagazaurtundúa
Vicepresidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo
