Una inmigración ordenada en España por «orden público»

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MADRID (ESPAÑA), 24.1.2018. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparece en el Congreso para informar de su gestión en el colapso de la autopista de peaje AP-6 ocurrido el primer fin de semana del año entre Madrid y Segovia y sobre el uso de la cárcel de Archidona (Málaga) como centro temporal de internamiento de extranjeros y la muerte de uno de los internos. Efe.

Efe – La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha exigido la dimisión de Zoido por la gestión de esta situación «que se le ha ido de las manos», y ha insistido en que los CIE «vulneran los derechos humanos» a pesar de que estén amparados por la ley, «como también lo eran los campos de concentración nazis». Madrid (España), miércoles 24 de enero de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 24.1.2018. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comparece en el Congreso para informar de su gestión en el colapso de la autopista de peaje AP-6 ocurrido el primer fin de semana del año entre Madrid y Segovia y sobre el uso de la cárcel de Archidona (Málaga) como centro temporal de internamiento de extranjeros y la muerte de uno de los internos. Efe.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que los CIE no pueden desaparecer porque se precisa una inmigración ordenada «para evitar problemas de orden público» en los lugares de llegada, y ha pedido que no se hagan teorías conspirativas sobre la muerte de un emigrante en Archidona.

Zoido ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados a petición del PSOE y Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para justificar la decisión de ingresar a 577 inmigrantes argelinos en el centro penitenciario malagueño, donde uno de ellos falleció el pasado 29 de diciembre.

El ministro del Interior ha señalado que el ingreso en la prisión de Archidona de los inmigrantes fue una solución temporal y se tuvieron que adoptar «medidas extraordinarias» que permite la ley, ante la llegada entre los días 16 al 20 de noviembre de 962 personas.

En concreto, 562 argelinos, 387 subsaharianos y 13 marroquíes a las costas de Cartagena, Almería y Alicante, «cuando el número total de plazas disponibles en la península es de 540», ha puntualizado.

El responsable de Interior ha insistido en que el ingreso en los Centros de Internamiento de Extranjeros lo determina un juez o un tribunal, tal y como establece la ley de Extranjería, y ha recordado que se está trabajando en un plan de mejora de los CIE con la creación de una mesa de trabajo que busca «la mejor fórmula posible», a la que ha invitado a sumarse a los grupos políticos.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha exigido la dimisión de Zoido por la gestión de esta situación «que se le ha ido de las manos», y ha insistido en que los CIE «vulneran los derechos humanos» a pesar de que estén amparados por la ley, «como también lo eran los campos de concentración nazis».

Desde el PSOE, David Serrada ha pedido a Zoido que reflexione sobre el rechazo que le han expresado en el Parlamento todos los grupos de oposición a la política migratoria y ha reclamado menos improvisación y más trabajo con los países de origen.

También Miguel Ángel Gutiérrez (Ciudadanos), Mikel Legarda (PNV) y Enric Bataller (Grupo Mixto) han censurado la decisión de Interior de recluir a los internos en las instalaciones de Archidona, mientras que el diputado del PP Avelino de Barrionuevo la ha considerado «ajustada a derecho».

En su intervención, Zoido ha relatado que a esas llegadas masivas de noviembre se sumaban las que se habían producido desde primeros de año, en total más de 24.000 personas, «lo que convertía la situación en excepcional», ha insistido.

Además, ha explicado que esos días se logró que regresaran a Argelia otras 50 pateras por la actuación de un operativo de Frontex.

«La situación era compleja», ha opinado Zoido, quien ha defendido que «hubiera supuesto un serio problema de orden público en los lugares donde se desembarcaron a esas personas y un efecto llamada de difícil control».

Respecto al fallecimiento del interno, ha argumentado que se debió a un suicidio por ahorcamiento «con la única participación del fallecido» y sin testigos, ya que no hay cámaras dentro de las celdas del centro.

«Siguen empeñados en defender teorías conspirativas utilizando cualquier argumento», ha lamentado el ministro, quien ha pedido que «no se busquen culpables donde no los hay».

En este sentido, Zoido ha defendido la actuación policial y ha dicho que se ofreció al hermano del fallecido ver el cadáver, cuya repatriación ha sido solicitada hoy mismo por la familia, ha confirmado el ministro.

«Hay que lamentar el suicidio, pero no pongamos en tela de juicio y veamos cortinas de humo si no tenemos nada que nos permita decir que el sistema policial y judicial ha fallado porque es quebrar uno de los principios fundamentales de la democracia», ha respondido el ministro a la portavoz de Podemos.

Ha detallado que el emigrante fallecido fue uno «de los alentadores» de un motín ocurrido en el centro el 28 de diciembre y que tras ser controlado el incidente se le trasladó a las 15.00 horas a la celda, donde fue encontrado sin vida cuando se hizo un recuento a las 9.35 del día siguiente.

«El suicidio no fue causa del cierre», ha señalado Zoido, quien ha rechazado que se actuara con improvisación.

Para el ministro, una prueba de que el uso del centro penitenciario era excepcional es que se cerró antes de dos meses, el periodo máximo de internamiento de los extranjeros en los CIE.

El ministro del Interior ha indicado que la idea es inaugurar las instalaciones como centro penitenciario Málaga II, cuando se reparen los daños ocasionados como consecuencia de los motines que ocurrieron durante ese internamiento de los inmigrantes, que tienen un coste de 160.000 euros.