Varios interventores de la Junta de Andalucía ante el Tribunal de los EREs falsos del PSOE

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El exdirector general de Trabajo de la Junta, Juan Márquez (c), durante su anterior declaración en la Audiencia de Sevilla. Archivo Efe

Efe – El martes comparecerán la interventora provincial de la Junta en Sevilla María Victoria López Gutiérrez y el exinterventor de Empleo entre 2008 y 2013 Juan Luque. Según este informe, la Consejería de Empleo hizo algunos cambios en el procedimiento como pasar del sistema de convenios particulares entre Empleo y la agencia pública IDEA para pagar las ayudas a través de ésta a resoluciones. Sevilla (España), domingo 24 de junio de 2018. fotografía: El exdirector general de Trabajo de la Junta, Juan Márquez (c), durante su anterior declaración en la Audiencia de Sevilla. Archivo Efe

Varios interventores de distintos departamentos de la Junta declaran esta semana como testigos en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico para repartir ayudas sociolaborales.

El lunes están citados a declarar el que fuera interventor central Carlos González Laguillo y el exinterventor de la Consejería de Empleo Ramón Gutiérrez de la Chica.

El martes comparecerán la interventora provincial de la Junta en Sevilla María Victoria López Gutiérrez y el exinterventor de Empleo entre 2008 y 2013 Juan Luque.

Luque estuvo investigado en el caso, si bien finalmente el instructor que cerró la investigación archivó la causa contra él al no considerar acreditado que desarrollara “un actuación conscientemente concertada para la instauración o mantenimiento” del llamado “procedimiento específico” por el que durante una década la Juntar repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ya el miércoles -día en el que se celebran sesiones de mañana y tarde- el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha citado a los letrados Abelardo Bracho, César Girón y Alicia Ruiz de Castro, esta última firmante del informe que el ex director general de Trabajo Juan Márquez (uno de los acusados) encargó en 2009 al bufete Garrigues para revisar el sistema de concesión de ayudas.

Según este informe, la Consejería de Empleo hizo algunos cambios en el procedimiento como pasar del sistema de convenios particulares entre Empleo y la agencia pública IDEA para pagar las ayudas a través de ésta a resoluciones.

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