Barcelona, viernes 25 de septiembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- La verdad oculta del caso Maricarmen Abascal: desahuciada por las leyes del PSOE tras beneficiarse 70 años de la renta antigua de Franco; la exfuncionaria con una pensión «superior a los 1.400 euros mensuales» rechazó pisos sociales, plazas residenciales de lujo y el pago íntegro de su alquiler por un donante con tal de prolongar un litigio insostenible en una de las zonas más caras de Madrid. El silencio cómplice de los partidos izquierdistas ante las políticas sociales de Francisco Franco que protegieron a la inquilina durante siete décadas frente a las reformas de arrendamiento del PSOE que terminaron por extinguir su contrato.
VÍDEO CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2025. «Maricarmen cuenta que ya en 2018 cobraba 1.420 € de pensión. Aplicando las revalorizaciones posteriores, en 2026 rondaría los 1.818 €, en 14 pagas. Se ha montado un auténtico circo mediático que funciona como cortina de humo mientras problemas mucho más graves apenas reciben atención. Mientras tanto, hay personas realmente vulnerables pasando situaciones muchísimo más graves y de ellas no se habla. Esas no les sirven. No dan para el relato, no movilizan titulares y no tienen utilidad política».
👉 Nos han vendido el caso Mari Carmen a través de una imagen: 87 años, camilla y absoluta indefensión.
Pero este video grabado después del 1 de Nov 2025 y antes de Feb 2026 enseña una imagen muy distinta de Maricarmen. Ella misma cuenta que ya en 2018 cobraba 1.420€ de… pic.twitter.com/nwaZ1BRFYa
— Isabel la Católica (@Isabel_Resucita) September 24, 2026
La izquierda y la ultraizquierda política y mediática en España han puesto en marcha su maquinaria de agitación tras consumarse, el pasado miércoles 23 de septiembre de 2026, el desahucio de María del Carmen Abascal, la anciana de 87 años que residía en la calle Alcalde Sáinz de Baranda. Sin embargo, la realidad de los hechos, constatada a través de las evidencias del expediente judicial y los análisis del caso, demuestra que este suceso ha sido descaradamente instrumentalizado por el Ejecutivo de coalición del Partido Socialista (PSOE) y el Movimiento Sumar. Tras ocho años instalados en el poder central, este Gobierno socialcomunista ha sido incapaz de solucionar el grave problema habitacional de la nación, limitándose a aplicar parches normativos inútiles mientras utiliza el desalojo de una exfuncionaria con una pensión neta «superior a los 1.400 euros» —un importe superior al sueldo medio de gran parte de la juventud trabajadora española— para desviar la atención de su propio fracaso gubernamental.
La historia oculta de María del Carmen Abascal desbanca por completo el relato victimista oficial. Su vinculación con el inmueble se remonta a 1956, cuando su padre suscribió el contrato original bajo el amparo de las políticas sociales y de vivienda decretadas por el general Francisco Franco Bahamonde. Esta legislación franquista establecía el régimen de renta antigua, caracterizado por la prórroga forzosa del arrendamiento y la congelación de los precios. Gracias a este marco jurídico, Abascal disfrutó durante siete décadas de una vivienda en una de las áreas residenciales más exclusivas y cotizadas de la capital abonando una mensualidad irrisoria de apenas «480 euros», que además «incluía los gastos fijos de comunidad».
Lo que el sectarismo de izquierdas oculta deliberadamente es que la extinción legal del contrato y el consecuente lanzamiento civil ejecutado el 23 de septiembre no se deben a ninguna normativa derechista, sino a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994 aprobada bajo el mandato del socialista Felipe González. Aquella contrarreforma del PSOE cercenó de raíz el modelo franquista de protección de inquilinos al estipular de manera taxativa que una segunda subrogación —como la efectuada por Abascal tras el deceso de su madre en 2005— caducaría de forma improrrogable transcurridos dos años.
La renuencia de la desahuciada a abandonar un estatus de privilegio insostenible en el mercado actual se tradujo en un enconado litigio civil de varios años con la mercantil española Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa adquirente del bloque en 2018 que la izquierda califica falsamente como «fondo buitre». La propiedad intentó formalizar múltiples acuerdos previos para evitar el conflicto: le ofreció la adquisición preferente del piso por «240.000 euros» —el 50 % de su valor real de mercado—, así como rebajas en la nueva renta hasta los «1.650 euros mensuales». A pesar de haber gozado de un salario público asegurado durante toda su vida activa y de no haber costeado jamás una vivienda a precio de mercado, la inquilina se negó en redondo a aceptar cualquier actualización. La obcecación de Abascal llegó al extremo de rechazar sistemáticamente todas las alternativas habitacionales de protección dispensadas por las administraciones madrileñas: rehusó un piso social del Ayuntamiento, rechazó una plaza pública en una de las mejores residencias geriátricas de la Comunidad de Madrid y declinó de plano la oferta de una donante anónima que se comprometió por escrito a sufragar íntegramente la renta exigida hasta el día de su fallecimiento. Su único fin real era forzar la puesta en escena de su desalojo forzoso ante las cámaras de televisión para culpar políticamente a los partidos conservadores.
El colmo de la manipulación gubernamental cobró forma a través del propio presidente del Gobierno de coalición izquierdista, Pedro Sánchez, quien utilizó este expediente civil para atacar a la oposición. En su declaración institucional, Sánchez afirmó textualmente: «El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país ni, por supuesto, tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas».
Acto visto, el jefe del Ejecutivo socialcomunista descargó toda la responsabilidad sobre la administración regional y municipal madrileña, espetando que «si hay administraciones competentes en la materia de la protección social de personas vulnerables en el ámbito de la vivienda son los ayuntamientos y las comunidades autónomas», acusando de forma implícita a los gestores madrileños de estar más preocupados por los patrimonios privados que por resolver la crisis habitacional.
Esta intervención de Pedro Sánchez representa un ejercicio de trilerismo político y cinismo institucional sin precedentes. Un jefe de Ejecutivo español que lleva en el poder casi una década no puede calificar de «tragedia social» un lanzamiento judicial dictaminado por los tribunales en estricta aplicación de una normativa aprobada por su propio partido, el PSOE, bajo la firma de Felipe González. Pretender culpar a los mandatarios autonómicos del Partido Popular (PP) de inacción es una falacia insostenible, puesto que tanto el consistorio madrileño como el ejecutivo autonómico le brindaron múltiples soluciones residenciales preferentes que la propia anciana desestimó de forma voluntaria para no perder el foco mediático. El tiro le ha salido por la culata al sanchismo, cuyo líder ha intentado culpar a la derecha de un desalojo civil derivado en última instancia de la legislación socialista que extinguió las prórrogas forzosas.
La hipocresía del Sindicato de Inquilinas y la ultraizquierda de Sumar
Las terminales asociativas y los colectivos de la izquierda radical se han movilizado en masa para manipular sin escrúpulos el desahucio materializado el 23 de septiembre. En un comunicado remitido a nuestra redacción por el autodenominado Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la entidad anuncia a bombo y platillo la celebración de una cumbre internacional bautizada como «El Barrio», programada del 24 al 27 de septiembre. En su pasquín propagandístico, el movimiento radical trata de vincular de manera demagógica el fin contractual de Maricarmen con las reuniones de fondos de inversión en la capital. Los portavoces ultraizquierdistas como Carolina Vilariño y Carme Arcarazo utilizan el dolor ficticio de una exfuncionaria con ingresos garantizados para espolear consignas obsoletas como «Inquilinas del mundo, uníos!», obviando de forma deliberada que la ley que desamparó a esta anciana lleva la firma explícita del PSOE.
La farsa adquiere tintes internacionales ridículos al publicitar la presencia en Madrid del activista berlinés Tobias Gralke, portavoz de una campaña alemana de expropiación forzosa de inmuebles privados. El Sindicato de Inquilinas aprovecha el caso madrileño para ensalzar la victoria electoral de la formación comunista germana Die Linke, pretendiendo trasladar a España recetas totalitarias contra la propiedad privada que solo conducen a la ruina económica.
Mientras tanto, desde el espectro de la ultraizquierda del Ejecutivo, diversas portavocías y sectores afines al Movimiento Sumar han proferido encendidas declaraciones adicionales respaldando las manifestaciones inquilinas y cargando duramente contra sus propios socios de coalición. Voces destacadas de la izquierda radical han salido en tromba acusando al ala socialista del Gobierno de inacción estructural, llegando a calificar la intervención judicial en el Retiro como una brutalidad e instando a su propio espacio político a plantarse frente al PSOE.
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Es la consumación de una burda y esquizofrénica maniobra política: el asociacionismo subvencionado de la izquierda y los partidos de la coalición gubernamental operan simultáneamente como Gobierno y como oposición en la calle. Utilizan a una mujer de 87 años que dispuso de ingentes recursos para ordenar su futuro de manera autónoma, presentándola falazmente como una indigente sin techo con el único propósito de acelerar a marchas forzadas y bajo chantaje social sus consignas ideológicas.
El bloque zurdo calla cobardemente ante las cámaras que las únicas leyes protectoras que blindaron el estatus de la inquilina en el madrileño barrio del Retiro durante 70 años fueron las dictadas por el régimen de Franco, evidenciando que el actual Gobierno socialcomunista prefiere alimentar las algaradas callejeras en lugar de asumir la ineficacia de sus parches regulatorios.
Para completar este esperpento propagandístico, el escritor/poeta Ángel Padilla ha remitido a este diario digital un poema oportunista titulado «Mari Carmen canta el alba», en el que se criminaliza la actuación legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al comparar a la Policía Nacional con «ladrones» dotados de radiales. El texto poético destila el sectarismo habitual de la izquierda cultural, proclamando que la única España válida es «la que no es la facha» y lanzando proclamas en favor de la abolición de fronteras en un marco globalizado.
Resulta de una hipocresía lacerante que estos creadores e intelectuales multimillonarios del entorno zurdo acudan a la zona más cotizada de Madrid a organizar escraches y llorar ante los medios de comunicación, en lugar de utilizar sus abultadas cuentas corrientes o sus múltiples mansiones particulares para costearle un piso de su bolsillo a la anciana a la que dicen defender.