Madrid, jueves 17 de septiembre de 2026 (Efe).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado limitar a las cuentas desde las que se efectuaron pagos a la exmilitante socialista Leire Díez el análisis que realizará la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como habían solicitado el exvicepresidente de Andalucía Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, todos ellos investigados en la causa.
El magistrado, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, mantiene así el requerimiento para rastrear los movimientos de hasta 81 cuentas bancarias vinculadas al PSOE, a Zarrías y su sociedad Zaño Consultores, y a los letrados Oliver y Teijelo. La diligencia busca determinar si existieron pagos a Díez a través de terceros y sociedades intermediarias.
Pedraz argumenta que no puede descartarse que los importes investigados hubieran sido transferidos entre distintas cuentas pertenecientes a una misma persona física o jurídica. Por este motivo, considera necesario ampliar el rastreo más allá de las cuentas desde las que constan directamente pagos a la exmilitante.
El juez sostiene que la investigación apunta a una presunta organización que habría comenzado a operar en 2021 y que posteriormente habría ampliado su ámbito de actuación desde la contratación pública hacia posibles delitos relacionados con la corrupción y contra la Administración de Justicia o las instituciones del Estado. Según la hipótesis investigada, estas actuaciones tendrían como finalidad proteger al Gobierno, al PSOE y a los propios integrantes de la supuesta organización frente a investigaciones judiciales.
De acuerdo con la investigación, esa actividad se habría financiado con recursos del PSOE que el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, habría puesto a disposición de la organización mediante un sistema de soporte económico que habría utilizado sociedades interpuestas con la presunta colaboración de abogados para ocultar pagos a Díez. Estas son hipótesis objeto de investigación y no hechos judicialmente acreditados.
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Pedraz considera por ello «indispensable» analizar los movimientos bancarios para determinar quiénes habrían sido los responsables y financiadores de las actividades investigadas. El magistrado recuerda además que se ha creado una pieza separada económica para evitar que los datos bancarios se incorporen en bruto a la causa y limitar su acceso a la información una vez analizada y expurgada. Esta medida se adoptó precisamente para preservar los datos que no tengan relación con la investigación.
Zarrías recurre la decisión
La resolución ha sido recurrida en apelación por Gaspar Zarrías, que pide a la Sala de lo Penal que el análisis se limite a la cuenta desde la que, según su defensa, se abonaron 16.000 euros a Leire Díez durante 2024.
La representación del exvicepresidente andaluz califica el rastreo del conjunto de sus cuentas de diligencia «prospectiva, absurda y sin fundamento» y sostiene que Zarrías únicamente está relacionado con la investigación por haber contratado a Díez en 2024.
Según su defensa, Zarrías recurrió a Díez porque esta le manifestó que estaba próxima a demostrar que el caso ERE había sido un montaje policial y que pretendía acreditar su inocencia después de una condena que, según la representación del exdirigente andaluz, «había roto su vida».
La defensa sostiene que Díez únicamente le entregó un pendrive, lo que habría provocado una decepción «notable» en Zarrías, quien terminó rescindiendo el contrato en septiembre de 2024. «Y ahí terminó todo», afirma el recurso.
La representación de Zarrías sostiene además que esa contratación no podía estar relacionada con el eventual entorpecimiento de un proceso judicial en marcha porque, según argumenta, la investigación sobre los ERE llevaba años concluida.