Efe – El conseller de Acción Exterior, el republicano Bernat Solé, ha negado este lunes cualquier relación con la logística del referéndum del 1-O en Agramunt (Lleida) y ha mantenido que se limitó a intervenir, como alcalde, para preservar el orden público y evitar «enfrentamientos» en la votación. Barcelona (España), lunes 14 de diciembre de 2020.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra Solé, para quien la Fiscalía pide año y medio de inhabilitación -limitada a cargos políticos, no a su plaza de profesor-, y 24.000 euros de multa por un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1-O en el municipio cuando había sido suspendido por el Constitucional.
La causa contra el conseller, que dejó la alcaldía de Agramunt cuando el pasado mes de marzo sustituyó a Alfred Bosch al frente de Exteriores, se deriva de una instrucción que, en vísperas del 1-O, dictó el entonces fiscal general José Manuel Maza para abrir diligencias a 700 alcaldes soberanistas que apoyaban la consulta independentista, una investigaciones que siguen abiertas para una quincena de ellos.
La Fiscalía sostiene que Solé tuvo una «activa participación» en el referéndum porque animó a votar en un acto público, cedió la escuela municipal para la consulta y además ordenó ocultar las urnas y cerrar una hora antes la votación ante la inminente intervención de la Guardia Civil.
El conseller ha admitido que el Ayuntamiento aprobó un decreto «genérico», como muchos otros consistorios de Cataluña, para apoyar la ley del referéndum aprobada por el Parlament, pero que, una vez el Constitucional lo suspendió, no tuvo consecuencias materiales: «era voluntad política», ha precisado.
Ha reconocido además que el 25 de septiembre de 2017, con el referéndum ya suspendido, participó junto a otros políticos en un «debate» organizado en el Teatre Casal d’Agramunt, aunque no hizo más que expresar sus opiniones y recordar que los ciudadanos deben «ejerce el derecho a voto» en cualquier ocasión.
Solé se ha desvinculado también de la cesión de la escuela municipal donde se celebró el 1-O, porque su gestión «no corresponde al Ayuntamiento», y ha aducido que desconoce quién facilitó las llaves del local.
La jornada de la votación, ha explicado el exalcalde, no intervino en la constitución de las mesas pero se acercó a media mañana a la escuela que acogía las urnas porque le llamaron para advertirle de que la situación «era complicada en otras poblaciones», a raíz de las intervenciones de las fuerzas de seguridad.
«Mi actuación el 1-O es la que correspondía a cualquier alcalde, preservar la seguridad y el orden público y la integridad de los equipamientos», ha agregado, tras explicar que desconoce dónde se ocultaron las urnas del 1-O, porque él se limitó a «sugerir» que no se guardaran en el falso techo de la escuela para que no se dañara un edificio municipal.
Su tesis ha sido apuntalada por los tres testigos que han declarado durante el juicio, entre ellos el director y un redactor de una revista municipal, cuyos artículos sobre el papel de Solé los días previos y durante el 1-O constituyen la piedra angular de las acusación del fiscal.
Todos ellos han desvinculado al conseller de la «logística» del referéndum y han apuntado que únicamente se «preocupó» por lo que estaba sucediendo, sin participar en la organización ni dar «instrucciones» sobre lo que se tenía que hacer.
No obstante, estos argumentos no han convencido al fiscal, que ha mantenido la misma petición de pena al considerar que Solé infringió de forma «clara, terminante y patente» la orden del Constitucional que suspendía el referéndum y ordenaba a los cargos públicos impedir cualquier iniciativa para celebrarlo.
De acuerdo con el ministerio público, el conseller republicano «desobedeció de forma consciente y voluntaria» la orden del TC al «ceder» la escuela municipal para desarrollar la consulta, aunque no conste ningún decreto firmado ni tampoco adoptara ninguna resolución de carácter público para que no lo «pillaran», una «estrategia» que, ha dicho, siguieron otros alcaldes para «intentar no aparecer».
Con todo, en su opinión, los reportajes de la revista suponen una «prueba clara y documentada» de que Solé vulneró «de forma patente» el dictamen del TC: «Está perfectamente acreditado que conocía la providencia e hizo caso omiso de la misma y llevó a cabo dos acciones que son inequívocamente opuestas e incompatibles con el acatamiento a la orden».
Sin embargo, la defensa ha alegado que Solé no solo no desobedeció los «mandatos judiciales», que cumplió «en sus más estrictos términos», sino que actuó con «prudencia» para evitar «altercados públicos y daños a las personas».
«No sólo no contradijo la orden y no hubo desobediencia, sino que hizo lo que debía hacer. En esas circunstancias debía evitar que hubieran desórdenes públicos y daños a las personas y a las cosas (…). Su conducta fue las más adecuada», ha recalcado tras subrayar que el entonces alcalde «veló por la paz ciudadana».
Solé ha acudido al TSJC arropado por el vicepresidente del Govern con funciones de president, Pere Aragonès, entre otros consellers, y por la plana mayor de los partidos y entidades independentistas, quienes han aprovechado para exigir una «amnistía» para todos los soberanistas encausados.
